Sin ninguna orden, el jueves pasado María Bernarda fue desalojada del departamento que por más de 60 años ha habitado junto a su hija en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Ella tiene 85 años, y padece de covid, sin embargo ninguna autoridad ha escuchado sus demandas o atendido su caso

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: María Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 24 de septiembre María Bernarda Ureña Aguirre, de 85 años de edad, fue desalojada  del departamento que habitaba desde hace más de 60 años en la colonia Doctores de la Ciudad de México, donde es conocida por la mayoría de sus vecinos tras más de medio siglo de habitar ahí.

María Bernarda, quien vivía ahí junto a su hija Sandra Mireya, está enferma de covid; pero eso no le importó a sus arrendatarios, quienes al cabo de un par de horas fueron dejando las pertenencias de la señora en la calle.

Sandra, su hija, narra: 

“Llegaron sin ninguna orden de desalojo, no les importó que mi mamá tenga covid, no les importó que sea una señora mayor. Por suerte pudimos irnos con mi hija, pero esto es muy injusto y nadie notificó nada”. 

Las irregularidades en el desalojo de María son varias, pues Sandra acusa que en ningún momento hubo alguna notificación que les previniera de ese acto. 

Asimismo asegura que desde hace 4 años se está llevando un juicio en contra de la inmobiliaria que arrienda el departamento, la cual, de acuerdo con el testimonio de Sandra, es propiedad de un hombre llamado Ramón Hernández. 

“Hace 4 años inició un juicio en contra de mi mamá, pues el señor amenazó con correrla de la casa si no firmaba un convenio en donde se le dejaba de pagar la renta de manera presencial y ahora se iba a depositar a la cuenta de la inmobiliaria. Aquella vez vinieron con guaruras y mi mamá firmó,” relata Sandra. 

Ella y su mamá dejaron de pagar la renta al no obtener recibos de los pagos hechos, los cuales deben ser otorgados obligatoriamente por los arrendatarios como medida de protección al inquilino.

Posterior a eso, la hija del dueño se presentó en el inmueble para exigirle a Sandra y a su mamá que desocuparan el departamento. Ellas se negaron y estuvieron dispuestas a entablar un convenio en el que aceptaban un incremento de hasta el 100% en la renta con tal de no ser desalojadas de su hogar.

La hija del dueño aceptó, relata Sandra; sin embargo, nunca acudió junto a su padre a firmar el convenio, y aunque el juicio seguía su curso, no volvieron a saber del dueño, su hija o la inmobiliaria durante todo este tiempo. 

Después, en 2019, Sandra recuerda que fue al juzgado 32 Civil de la Ciudad de México para ver los avances de su caso, pero la mandaron al juzgado 49, bajo el argumento de que su juicio se había trasladado allá.

De acuerdo con información del Juzgado 49, la inmobiliaria Hergo S.A. demandó el 22 de noviembre de 2019 a María Bernarda debido a una controversia por el contrato de arrendamiento, y desde esa fecha se han emitido 25 acuerdos registrados bajo el expediente 1343/2019.

El último movimiento del expediente fue el 24 de septiembre, fecha que coincide con el desalojo de María Bernarda, pero Sandra denuncia que en ningún momento fue notificada, e inclusive denunció complicidad entre el poder judicial de la Ciudad de México y las empresas inmobiliarias. 

“Vino hasta un actuario del tribunal, a quien le dijimos que cómo era esto posible si no había una orden de desalojo, que eso era ilegal, y nada más se empezó a reír y dijo ‘me la voy a jugar’”.

Las cosas quedaron en la calle, y la amenaza de los dueños del inmueble era tirarlas si no las guardaba en otro espacio. Por fortuna, familiares de María viven cerca de la zona y pudieron trasladar sus pertenencias a esos hogares, pues hasta el momento sigue sin encontrar un espacio para vivir. 

Para María Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el caso de María Bernarda refleja la ausencia de una política gubernamental encaminada a proteger a las personas que están en riesgo de quedarse sin casa y además tienen condiciones de vulnerabilidad.

“Este caso ha generado especial reacción social, es entendible viendo la situación de vulnerabilidad de esta señora que se quedó sin alternativas de vivienda y que está, desesperadamente, pidiendo ayuda para que la red de desalojos la apoye para encontrar un cuartito, para poder organizar nuevamente su vida, pero es un caso no único en esta ciudad”. 

Una práctica recurrente

Silvia Emanuelli remarca que, en muchos de los casos, los actuarios de los juzgados civiles no notifican a las partes demandadas, por lo que hay procesos abiertos sin que la gente sepa. 

“Tenemos permanentemente denuncias de personas que no son notificadas y que son sacadas por la fuerza de sus viviendas”, asegura. 

Asimismo, remarca que aunque el gobierno capitalino tiene una serie de programas de vivienda para atender a la población vulnerable, no hay un protocolo o marco legal que permita regular los desalojos forzados en contra de personas en situación de vulnerabilidad.

“El gobierno siente que como son cuestiones entre privados no tiene cartas en el asunto, y pues de alguna manera obviamente pueden no estar enterados de esta situación al menos que no se levante una denuncia, pero aún así, si las organizaciones de la sociedad civil avisan de una situación de este tipo, o hubiera otras formas, debería de haber una reacción rápida del gobierno para ofrecer alternativas de vivienda a estas personas en alta situación de vulnerabilidad que tienen riesgo de quedarse en la calle”, enfatiza. 

Y agrega que lamenta que “no hay una comprensión profunda de lo que es la obligación del gobierno a estas situaciones”. 

Para la coordinadora de HIC-AL, el Estado mexicano puede tomar como referencia las políticas que otros países como España o Argentina han tomado en materia de protección a personas vulnerables con riesgo a ser desalojadas. 

“Otras ciudades del mundo han establecido medidas, no hay recetas, pero las consideran adecuadas para responder a esa situación. Existen alternativas, pero en el caso de la Ciudad de México no se están implementando, existen programas de vivienda a través del Invi (Instituto de Vivienda), pero no responden ni a la necesidad del gran número de la población que no tiene acceso a la vivienda, ni a la emergencia de desalojos por el covid 19”. 

Desde 2019, cuando inició la pandemia, activistas, académicos y organizaciones sociales han insistido en que el gobierno capitalino debe de tomar medidas para evitar que cientos de personas queden en las calles debido a los desalojos. 

El caso de María, remarca Emanuelli, es un caso emblemático que refleja todas estas carencias en materia de una política de acceso, regulación y disponibilidad de vivienda para las personas vulnerables. 

“Aquí tenemos, justamente, un caso emblemático en el cual no solo tenemos la vulnerabilidad de la persona por tercera edad, situación de pobreza, pero además por tener covid”.

“Sí esperaríamos que las autoridades realmente reaccionaran y no esperaran que la ciudadanía se organice sola frente a estas problemáticas. Esto porque incluso cuando hay un conflicto entre privados el estado tiene obligaciones en el momento en el que las personas tienen el riesgo de quedar en la calle,” asegura Silvia Emanuelli. 

Y concluye en que espera “que las autoridades capitalinas respondan, pues están ya avisadas de esta situación, y espero que respondan de manera adecuada sin pensar que estas personas, así como muchas otras, simplemente tienen que recurrir a la solidaridad familiar o de amistades, sino que el estado les responda y les de alternativas”.