Las respuestas siguen pendientes para las familias de las 17 personas asesinadas en el Cereso de Ciudad Juárez, pues el caso sigue en impunidad. La investigación de la Fiscalía de Chihuahua no ha concluido y no se han emitido órdenes de aprehensión en contra de ninguna de las personas que se desempeñaban como funcionarios públicos del sistema penitenciario

Texto y fotos: Blanca Carmona / La Verdad Juárez

CIUDAD JUÁREZ. – La madrugada del 1 de enero del 2023, Jorge César Lares Nicolas y Edgar Echeverría Rodríguez fueron asesinados en medio del motín y la fuga masiva de reos registrada en el Centro de Readaptación Social para Adultos (Cereso) número 3, que en total dejó 17 homicidios entre reclusos, custodios y guardias de seguridad.

A dos años de esos hechos, los crímenes prevalecen en la impunidad y las familias de Jorge y Edgar dudan que alguna vez se materialice la justicia para ellos, ni hablar del daño causado que reclaman al Gobierno de Chihuahua por la actuación irregular y omisiones de la Fiscalía de Chihuahua ante ese hecho que desató la masacre.

“Fue una perdida muy grande, primero nos lo quitan sin pruebas, sin nada (lo detienen), y supuestamente ya estaba para salir (del penal) cuando me lo mataron”, comentó María del Rosario Rodríguez Reyes mamá de Edgar.

Las respuestas siguen pendientes para las familias de las 17 personas asesinadas, pues el caso sigue en la impunidad. La investigación de la Fiscalía no ha concluido y no se han emitido órdenes de aprehensión en contra de ninguna de las personas que se desempeñaban como funcionarios públicos del sistema penitenciario.

Además las autoridades han expresado información contradictoria durante el tiempo transcurrido.

Hace un año, en diciembre del 2023, el fiscal en la zona Norte, Carlos Manuel Salas, aseguró que había órdenes de aprehensión giradas por ese hecho, aunque evadió responder sobre el número de personas bajo investigación.

Sin embargo, el pasado 19 de diciembre de 2024 Salas declaró “No hemos terminado con eso (la investigación) y cuando no se termina y no se formula imputación, no hay todavía órdenes de aprehensión”.

El funcionario también indicó que es una investigación larga, que “se junta también con el hecho conocido como el jueves negro porque, aseguró, los responsables de ambos hechos son los integrantes de la pandilla “Los Mexicles”, una pandilla identificada como aliada del cártel de Sinaloa.

El jueves negro hace referencia a la jornada violenta ejercida contra los ciudadanos, que se vivió el 11 de agosto del 2022 y que dejó 11 homicidios, tras una reyerta ocurrida en el mismo penal.

Casi cinco meses después del jueves negro, el primero de enero del 2023 un interno identificado como Ernesto Piñón de la Cruz y otros reos protagonizaron una rebelión que dejó un saldo de 17 personas asesinadas – diez de ellos oficiales de seguridad y custodia penitenciaria, y siete reclusos, así como 13 reos lesionados–, y posteriormente se evadieron 30 presos. En las calles se desataron dos enfrentamientos.

Otras de las inconsistencias en la información oficial proporcionada por el fiscal Salas en entrevista es que actualmente está por iniciar una investigación contra el financiador de la pandilla Los Mexicles, a quien identificó como Braulio Raúl.

Aunque datos periodísticos indican que Braulio Raúl Ornelas Contreras, alias Beethoven, ya falleció. Fue encontrado sin vida el 25 de noviembre de 2023 en una celda del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, en Ocampo, Guanajuato.

Braulio Raúl fue trasladado a ese reclusorio después de que se le formularon cargos por el motín y fuga de reos sucedida en el penal 3 de Juárez; se le acusó de ser una de las personas que ingresó las armas de fuego, los chalecos antibalas y los cascos utilizados por Ernesto Piñón de la Cruz, El Neto, y los otros reos que se evadieron el primero de enero del 2023.

Al momento del motín y la fuga, la Fiscalía General del Estado (FGE) administraba el Cereso número 3 así como el resto de los centros penitenciarios en Chihuahua. Ahora es la encargada de la investigación.

Como director del penal estaba Alejandro Alvarado Téllez, quien fue destituido el 3 de enero de 2023 bajo investigación; Luis Alfonso Harris Arrondo, era el director general del sistema penitenciario, él fue cesado el 11 de enero de ese año; y Roberto Fierro Duarte, era el fiscal General del Estado, pero 16 días después de la fuga masiva de reos fue enviado a desempeñarse como secretario particular y jefe de la oficina de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, lugar en el que se mantuvo hasta el 13 de junio de 2023, cuando dejó el cargo para reaparecer casi dos meses después como director jurídico de la Secretaría de Hacienda estatal. Actualmente Fierro Duarte es Secretario de la Función Pública.

Hasta el momento no se ha iniciado ningún proceso penal contra ninguno de ellos.

Justicia y reparación de daño, la demanda

Para las familias de dos de los internos asesinados, Jorge César y Edgar, está claro que la justicia no ha llegado y dudan que alguna vez se materialice.

“Se me hace ilógico que un grupo armado entre a las instalaciones que deben estar protegidas y maten a la gente así nomás (sic)” dijo un familiar de Jorge César, quien tenía 20 años y estaba sentenciado a cuatro años de cárcel.

Durante el motín él recibió un impacto de bala en el cráneo, desde una torre de vigilancia.

“El gobierno no dio apoyo, no nos dio la cara”, expresó el pariente del interno asesinado, quien pidió reservar su identidad por seguridad.

La mamá de Jorge César es una de las familiares de víctimas más afectadas, aseguró. “Que maten a un hijo está canijo, sufre mucho”.

Expuso que Jorge César no tenía nada que ver con ningún grupo delictivo y fue recluido en el penal porque la mamá de su novia lo acusó del delito de violación.

Pero no solo la familia de Jorge reclama justicia. María del Rosario Rodríguez Reyes también lo hace por su hijo Edgar.

La mujer recordó que su hijo fue sacado de su casa ilegalmente el 4 de enero del 2021 y posteriormente acusado de un feminicidio. Además, dijo que tiene datos que indican que a él lo dejaron morir, pues permaneció casi siete horas lesionado esperando asistencia médica.

“En todos los videos que vi sale donde lo dejaron morir, no le dieron ni auxilio ni nada… él duró horas, le dispararon a las 8:15 de la mañana y vino muriendo a las 3 de la tarde, así dice en el acta de defunción” expuso. “Murió con su propia sangre”.

La mujer aseguró testigos de los hechos le dijeron que a uno lo mataron por pedir auxilio, “le dispararon los soldados, entraron los soldados disparando a diestra y siniestra… estaban todos hincados y donde tenían a mi hijo lo tenían tirado en el suelo, amotinado como los demás”.

Las familias de ambos internos interpusieron demandas de responsabilidad patrimonial por daño moral en contra del Gobierno del Estado, aunque saben que la vida de ambas personas no se va a recuperar, no han renunciado al anhelo de justicia y de que se repare el daño que les causaron.

“Estoy viva de milagro, me dio diabetes, depresión; tuve que ir a terapia, me volvía loca y me dijeron que tenía que controlarme. En donde quiera veía a mi hijo, me tenían sedada. A ellos (a la Fiscalía) no les importa”, reclamó María del Rosario.

Inicialmente nueve familias de víctimas interpusieron demandas de responsabilidad patrimonial por daño moral y posteriormente se sumó otra familia. Por cada una se está demandando al Gobierno de Chihuahua por 40 millones de pesos.

Los internos muertos en el motín y evasión son Juan Carlos Nurias Gómez, José Luis Oliván García, Mario Enrique Falcón Herrera, Jorge César Lares Nicols, César Vega Muñoz, Edgar Echeverría Rodríguez y Cristian Reyes Navarro.

Los custodios asesinados fueron identificados como Édgar Omar Hernández García, Guadalupe Gámez Galán, Jaime Arciniega Alvarado, Carlos Ernesto Salinas Bañuelos, Abel Juárez Hernández, Carlos Santiago Padilla Silva, Manuel Rodríguez Soria, Víctor Hugo Rivera Meraz, José Ausencia Pérez Puentes y Domingo Trejo Serrano.

Raúl Esparza Silva, abogado del despacho Lex Iusta Abogados y defensor de las víctimas, informó que una de las últimas respuestas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) –instancia a la que el 30 de enero del 2023 paso la administración de los reclusorios– fue que los custodios no eran empleados de esa dependencia, en un intento por confundir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) donde se llevan las demandas.

Después de esa respuesta, los abogados de los custodios presentaron una ampliación de la demanda y la SSPE solicitó que se aprobara una conciliación para evitar que se emita una sentencia.

Por lo que se realizó una primera conciliación, sin lograr avances y se ha programado una segunda conciliación para el 13 de febrero de 2025.

Esparza Silva dijo que el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, les señaló que habrían de hacer un ofrecimiento a las familias afectadas en la primera conciliación pues él tiene la autorización de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Sin embargo, no hubo tal ofrecimiento en la primera reunión. Pero si se acordó que por las 10 demandas se realice una sola conciliación.

El litigante explicó que de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial se demandan dos prestaciones para cada familia de los custodios asesinados. La primera es una indemnización por daño moral en razón del daño psicológico causado a los hijos y las esposas de los custodios, por 30 millones de pesos para cada núcleo familiar.

La segunda es una prestación por el daño al proyecto de vida, es decir, los celadores eran cabezas de sus familias y proveedores de alimentos y con su muerte los hijos y las viudas se quedaron sin un sustento y la vida les cambió. Por ese concepto se pide 10 millones de pesos para cada núcleo familiar.

Este primero de enero, a dos años de la masacre, las autoridades estatales llevarán a cabo una ceremonia de homenaje póstumo y la develación de bustos de los agentes caídos en esos hechos, en las instalaciones del Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.

Una masacre tras las rejas

^{Fotografías: SSPE de Chihuahua}

Justo en una de las demandas, en el juicio contencioso administrativo 443/2023-2 radicado en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), se documenta la declaración que hizo un interno involucrado.

El interno Julio César M.V., declaró ante el Ministerio Público que el 31 de diciembre de 2022 él estaba en el área 4 y Ernesto Piñón de la Cruz, apodado El Neto organizó una fiesta “con mujeres, pisto, botellas, cerveza, droga como cristal, cocaína, mariguana, heroína”.

Además, declaró que aproximadamente a la 1 de la mañana, Piñón de la Cruz les ordenó empezar a recoger los celulares de todos los reos del área 4 y 5 y módulo 20, y recogieron de entre 150 a 200 celulares.

Después El Neto le preguntó a un grupo de 32 personas quién quería seguirlo, porque él ya se iba. Más tarde les pidió que se equiparan con chalecos, cascos y un arma.

“… eran como 40 armas largas como R5, cuerno de chivo, A15 casi todas de calibre .223, y un rifle 5.57, un M2 y cortas, eran como 30 o 40, municiones que era una cantidad impresionante, como unas seis mil balas de todos los calibres y más que nada de calibre .223, cuatro carrilleras para el M2 de 130 tiros cada carrillera, equipo táctico como cascos, chalecos, pantalones, botas, cascos, uniformes, fornituras, pierneras, guantes los cuales estaban en la celda de Pompin, Neto, Mayelo y Yayis”, se indica en la declaración del interno Julio César.

El reo también precisó que El Neto formó cuatro escuadrones de siete a ocho internos; se dirigieron al área de Ingresos y como no encontraban las llaves del portón le dieron un balazo y al no abrirse utilizaron un marro. Al mismo tiempo se escuchaban disparos en el exterior del penal.

“… creo que eran los que iban por nosotros, cuando salimos había dos estatales que al vernos se rindieron tirándose al suelo, cuando salimos a la reja en la carretera había tres unidades de la Guardia Nacional en la pick ups (sic) y nomás (sic) nos dieron la espalda, no hicieron nada por detenernos”, declaró.

El interno también declaró “corrimos desde la caseta hasta el Del Río (supermercado frente al penal) y había dos vehículos, un Versa blanco que es donde se subió Neto y ya cada quien agarró rumbo, los de los escuadrones 2, 3 y 4 sólo tenían que salir y cuidar a Neto, nosotros no quedamos sin carro porque el Hummer H2, blanca que venía por nosotros nos dejó tirados”.

En la misma demanda se documentó que hubo una actividad irregular del Estado, en particular omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado -que en esa fecha era la institución que administraba los centros penitenciarios de la entidad-, al permitir por actos de corruptela, la introducción de material bélico, alcohol, drogas, personas no privadas de la libertad, así como mujeres y niños.

Lo que permitió que se pusiera en riesgo la vida de las personas privadas de la libertad, del personal de custodia del centro penitenciario, así como a la sociedad juarense.

Adecuaciones al penal no detienen violencia

Aunque las autoridades reportan que han realizado cambios en el Cereso número 3, en este penal prevalecen algunas de las condiciones señaladas como las causas que detonaron la fuga de 30 internos, la masacre en las celdas hace dos años: existe un déficit del 40 por ciento de custodios; una sobrepoblación del 9 por ciento;, además en 2024 se reportó al menos un asesinato y siete reos lesionados, en dos hechos violentos; y la falta de espacios para mantener separados a los integrantes de las siete pandillas que habitan en el reclusorio.

Ante esas circunstancias, Ricardo Fernández Acosta, actual subsecretario del Sistema Penitenciario y Reinserción Social, instancia que a su vez depende de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), dijo que se han realizado muchos cambios en el Cereso 3 de Juárez.

Indicó que las 10 celdas VIP que existían y otras celdas se reorganizaron para construir 110 espacios para 660 internos; también 118 internos, muchos de ellos líderes criminales, se reubicaron a reclusorios federales; se han realizado 34 mil 299 revisiones en las que se han decomisado dos mil 996 artículos prohibidos entre estos, puntas hechizas, ventiladores, USB y 10 teléfonos.

“Eso ha permitido tomar la gobernabilidad y una mejor atención”, señaló.

Los coordinadores operativos y elementos de la SSPE fueron cambiados al Cereso 3 y se contrataron custodios, empero, sigue un déficit del 40 por ciento respecto al número de personas privadas de la libertad y tomando en cuenta los estándares internacionales, reconoció Fernández Acosta

La sobrepoblación penitenciaria disminuyó del 42 por ciento a un 9.27 por ciento, desde que la Secretaría de Seguridad Pública tomó el control después de la evasión, agregó.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, en 2024 se localizaron armas de fuego que estaban enterradas en un muro del reclusorio; se registraron al menos dos eventos violentos; y se introdujeron “pequeñas cantidades de droga” y objetos prohibidos, indicó Fernández,

“Los conflictos siguen porque son diferentes grupos delincuenciales”, aseguró.

El 3 de diciembre de 2023 en el módulo 4 fue asesinado a golpes el interno Rubén Silveiro H. L.; y en marzo en el módulo 5 resultaron lesionados siete reos, uno de ellos de gravedad pues presentó un traumatismo craneoencefálico, al ocurrir otra reyerta.

“Son muchos grupos, no tenemos espacio para separarlos. Ya están separados entre procesados y sentenciados y hace falta para seguir separando por pandillas, por la sobrepoblación en un espacio donde debería haber tres personas tenemos cuatro, por ejemplo”, explicó.

Esta nota fue publicada originalmente en LA VERDAD JUÁREZ, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original