El gobierno de mexicano planea pedir perdón al pueblo Yaqui y arrancar un plan de justicia en septiembre del 2021, con el territorio como eje. Sin embargo, uno de los ocho gobiernos tradicionales no participa y hay inconformidades. Hoy presentan los trabajos ante la ONU

Texto:  Daliri Oropeza 

Fotos: Presidencia y Daliri Oropeza

PÓTAM, SONORA.- “La columna vertebral del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es la demanda relacionada con la tierra y el territorio”, dijo Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en enero de 2021 en Casa de la Niñez Indígena “General Lázaro Cárdenas” en Tórim, uno de los ocho pueblos yaquis.

Desde el inicio de los trabajos para realizar un plan de justicia, el territorio y el agua han estado en el centro del diálogo. Y en la memoria –tanto de las autoridades federales como del gobierno tradicional yaqui– está lo sucedido con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

El INPI informa que tienen acuerdos sobre restitución del territorio, sobre la urgencia del agua, apoyos económicos, creación de universidades, bancos, vivienda, contralorías, carreteras y hasta un nuevo ordenamiento territorial ecológico le propusieron al pueblo Yaqui.

Pie de Página confirmó que de los ocho gobiernos tradicionales, siete participan en los trabajos de la comisión. El gobernador de Loma de Bacúm no. Este pueblo encabeza la defensa de la tierra ante la imposición de un gasoducto privado y hasta la fecha impide su construcción.

La ausencia de un gobernador tradicional repercute tanto en la legitimidad de los trabajos, así como en la información que llega a la tropa yaqui. Hay un desconocimiento de la tropa yaqui respecto a lo que han acordado sobre universidades, territorio, hasta un acueducto que acordaron construir.

Habitantes del pueblo yaqui denuncian la ausencia de la tropa yaqui en la totalidad de las reuniones que organizan para dar seguimiento al plan de justicia: “Sólo está en una cuantas manos y el grueso de la población está ajena a esta dinámica, por lo que es imposible generar consensos en los términos que la Tribu Yaqui acostumbra hacerlo históricamente”, denuncia una habitante que prefiere ser anónima por seguridad.

Las inconformidades de algunos pobladores se deben a que, en el arranque del proceso participaron los secretarios de Estado y ahora solo van suplentes que, dicen, les dan largas. Además, consideran que, hasta ahora, son nulos los avances de los acuerdos en el tema del territorio.

Para que sea un acuerdo de la nación Yaqui, se requiere que estén los ocho gobiernos tradicionales legítimos en consenso.

Entorno violento

El proceso se enmarca en un contexto de violencia en la región. Cajeme, por ejemplo, acumula 755 homicidios de diciembre de 2018 a diciembre del 2020, y está en los registros del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública como uno de los 15 municipios que concentran los homicidios en México.

Pobladores yaquis narran que el crimen organizado entró a comunidades como Las Guasimas, Bahía de Lobos, Potam, Vicam pueblo, Estación Corral, Tajimaroa y los puntos carreteros donde se cobra cuotas en Vicam Estación, Oros y de Guamuchil, donde tiene el control.

Este 26 de abril, el INPI tiene agendado presentar el plan de justicia en la Vigésimo Período de Sesiones del  Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este es un recuento de cómo se han llevado a cabo los acuerdos entre más de 20 dependencias federales y siete de los ocho gobiernos tradicionales yaquis.

1. El presidente en territorio yaqui

El 26 de octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la enramada de la guardia tradicional de Pótam. Ahí, aseguró que iniciaba una etapa histórica de reivindicaciones para el pueblo yaqui. Trazó los ejes de interés para su mandato: tierra, agua y desarrollo.

En la guardia tradicional reiteró que, en representación del Estado mexicano, pedirá perdón a pueblos indígenas y otros grupos, con miras al bicentenario de la consumación de nuestra Independencia.

“No es eso solamente, es que podamos al mismo tiempo convertir el 2021 en el año de la justicia y que ya empecemos desde ahora. Que en septiembre del 21 podamos decir: ofrecemos disculpas, pero también ya se está avanzando en el plan para reivindicar a los pueblos yaquis”.

Ahí, pidió a Adelfo Regino, titular del INPI, ponerse de acuerdo con los gobernantes yaquis para empezar en un Plan de Justicia.

La segunda visita de López Obrador como presidente fue el 6 de agosto en Vicam pueblo. Ahí aseguró que existe la voluntad para que este 2021 los pueblos originarios y otros pueblos agraviados alcancen una reivindicación, especialmente los pueblos yaquis.

En la guardia tradicional de Vicam Pueblo, el presidente anunció un decreto para crear una Comisión de Justicia. El INPI realizó un diagnóstico previo de la situación del Pueblo Yaqui que se dio a conocer el 29 de mayo del 2020. Antes de la publicación del decreto, los gobernadores tradicionales yaquis llevaron a cabo dos reuniones que llamaron mesas de trabajo con el INPI. Ahí sentaron los primeros acuerdos y el INPI formalizó los trabajos realizados.

2. El Decreto

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre del 2020. Con él se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, con carácter transitorio.  Estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. Tiene siete artículos y tres transitorios que involucran a 12 dependencias federales, siento titulares los secretarios.

El objetivo de esta comisión es “analizar, diseñar y proponer un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, del Estado de Sonora, que atienda sus necesidades sobre tierras, territorio, agua y desarrollo integral”.

Determina que participarán “como invitados las comunidades Vícam, Primera cabecera; Pótam, Segunda cabecera; Loma de Guamúchil-Cócorit, Loma de Bácum, Tórim, Ráhum, Huirivis y Belem pertenecientes al Pueblo Yaqui, a través de los gobernadores tradicionales y sus secretarios electos conforme a sus usos y costumbres”.

Tiene facultades como investigar, proponer y emitir informes al Titular del Ejecutivo Federal que sirvan como base para la toma de decisiones. Solicita información  a las dependencias, entidades e instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.  

Analizar las acciones que sean necesarias para hacer efectivas las medidas de justicia.También pueden apoyarse de instituciones académicas, instancias de gobierno u organismos de la sociedad civil para sustentar sus informes.

El artículo séptimo determina que “la Comisión ejercerá sus funciones bajo los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez, a fin de optimizar su operación”. A lo largo del texto determina el proceder que debe tener.

3. Las reuniones

Después de que se publicó el decreto presidencial, la Comisión ha sostenido por lo menos 10 reuniones públicas con los gobernadores tradicionales, menos el de Loma de Bácum, pues el que asiste es dual (un gobernador alternativo, que no es el tradicional). Las primeras tres fueron reuniones que sirvieron para determinar los ejes rectores de la comisión.

Han sostenido tres mesas de trabajo con los ejes de tierra y territorio; agua y desarrollo integral. A su vez, la Comisión ha realizado tres mesas técnicas en donde se han involucrado hasta 20 dependencias federales. Las mesas técnicas han tenido como ejes la economía Indígena y medioambiente; la segunda tierras y territorio, agua así como desarrollo integral que contempla educación y cultura, salud. La tercera fue sobre infraestructura, gobierno y organización.

Desde el inicio del 2020, entraron diversos programas federales a territorio Yaqui, comenzando por el Programa de Vivienda 2021–2024 que lleva a cabo la Conavi. A lo largo de las mesas de trabajo, han acordado ejercer el programa Caminos a Cabeceras Municipales de la SCT, el cual se realizó en Oaxaca. A su vez, se comprometieron a activar el programa de comedores para niñas, niños y jóvenes para evitar la deserción escolar de la SEP.

Durante las mesas de trabajo con el INPI, se han comprometido a sumar programas al plan de justicia. Por ejemplo, las secretarías de Medioambiente y Recusos Naturales (Semarnat) y de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano (Sedatu) propusieron un ordenamiento territorial ecológico y urbano como el que trabajan en la Península de Yucatán.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) comprometió el proyecto estratégico en materia de economía indígena, con el cual dotan de 224 millones de pesos, a ejercer este 2021, para incentivar actividad productiva, agrícola, ganadera, pecuaria y pesquera en todo el territorio Yaqui. Falta que Hacienda lo autorice.

Esta semana se reanudaran ls trabajos. 

3. Los acuerdos

Hay programas gubernamentales que sumaron al plan de justicia y que ya echaron a andar desde el gobierno federal; incluso desde antes de iniciar las mesas de trabajo. Como el Programa de Vivienda 2021–2024 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

“Más de 800 acciones de vivienda ya tienen un avance en su construcción”, informó en Guásimas de Belem la titular de la Conavi, Edna Elena Vega Rangel. 

En octubre del 2020, la Conavi informó que está llevando a cabo mil 724 acciones de vivienda con una inversión superior de 284 millones de pesos, en beneficio de 5 mil 545 personas del pueblo Yaqui.

Frente a los gobernadores, la dependencia desglosó: son “mil 197 son construcciones nuevas, 453 ampliaciones, 74 mejoramientos y 43 intervenciones, que benefician a mil 255 mujeres, 469 hombres, 260 madres solteras y 157 adultos mayores”.

Por su parte, Sader entregó cuatro permisos de pesca que beneficiarán, dijeron, a 606 pescadores yaquis; mientras que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero busca un esquema de crédito de manera prioritaria para el pueblo yaqui.

En lo que va del proceso, han habido dos renovaciones del gobierno tradicional yaqui, que se celebra cada mes de enero con la elección de gobernador. Por ello, este año tuvieron que hacer una reunión para pasar el mando y la información de cuáles han sido los acuerdos y realizados hasta el momento.

– Agua

Acordaron la construcción de un Acueducto Yaqui, un sistema general de agua potable que se abastecerá desde la presa “Álvaro Obregón”.

La Comisión se comprometió a hacer los estudios y análisis necesarios para contar con un diagnóstico de la situación del Río Yaqui y la calidad del agua. Con Semarnt y la Comisión Nacional de Agua (Conagua) acordaron emprender vías de solución a la sequía. 

El área de la Cuenca Noroeste de la Comisión propuso que el proyecto se lleve a cabo por etapas y avanzar con los estudios técnicos en junio (2021). Después arrancaría la etapa de licitación de la obra durante 45 días. De ese modo el presidente declararía el arranque de los trabajos de construcción en septiembre, describe comunicación del INPI, a la par de que pide perdón.

Conagua acordó en los diálogos implementar acciones inmediatas de infraestructura y tecnologías que garanticen en forma urgente la potabilización del agua para uso humano.

– El territorio

En los trabajos con Conagua acordaron, desde noviembre del 2020, hacer un “Decreto de Creación del Distrito de Riego número 018”. Éste se transferirá al pueblo yaqui para que éste sea el titular y administrador del agua. 

En diciembre del 2020 acordaron que los gobernadores y sus autoridades deberán asumir responsabilidades acordadas en las reuniones del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Uno de ellos es la administración del agua para consumo humano y riego agrícola.

“Coincidimos en que el problema más serio es el rentismo, el 90 por ciento de su tierra está rentada”, dijo el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, el 9 de diciembre del 2020.

El acuerdo incluye llevar a cabo el procedimiento jurídico pertinente en el que se compruebe la posesión legal de las tierras y la ruta para que se conviertan en propiedad yaqui.

El procurador agrario, Luis Hernández Palacios, aseguró que en coordinación con el INPI, el Registro Agrario Nacional (RAN), el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) ya trabajan en la identificación de las tierras que pertenecen al pueblo Yaqui.

Con Sader acordaron la implementación de un proyecto estratégico con acciones calendarizadas del 2021 al 2024 para atender necesidades de agricultura, ganadería y pesca. brindará asesoría técnica en todas las actividades productivas.

Funcionarios de la Sedatu aseguraron que tienen diagnósticos sobre la situación de las tierras y para 2021 tratarán de implementar y alcanzar la restitución del territorio.

Semarnat se comprometió a no autorizar ninguna concesión minera y revisar las existentes. 

Adelfo Regino le propuso al gobierno Yaqui “construir un sólo organismo administrador, con un área para el servicio de agua potable y saneamiento y otra para el distrito de riego”.

Sin embargo, los siete gobernadores tradicionales y uno dual se han pronunciado por gestionar a través de su propio gobierno.

– Vivienda, infraestructura y figuras legales 

Entre más de 20 dependencias que participaron ya en este 2021 en las mesas de diálogo de la comisión, fijaron una agenda de trabajo correspondiente a 2021 para concretar el plan de desarrollo integral del pueblo Yaqui, considerando obras de vivienda, electrificación, agua potable, caminos y servicios básicos.

El INPI buscará que los pueblos yaquis obtengan su reconocimiento fiscal como comunidades indígenas, mediante un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el SAT, lo que les permitirá recibir recursos públicos de manera directa.

En los diálogos, hablaron de un Banco Yaqui, en ayuda con el Banco del Bienestar. INPI , las secretarías de la Función Pública (SFP) y Gobernación (Segob) acordaron con los siete gobernadores tradicionales reforzar la coordinación interinstitucional para conformar una Contraloría Comunitaria que vigile el ejercicio del presupuesto. Esto lo acordaron el 10 de diciembre en Guásimas de Belém.

– Universidad y defensa de la identidad

Acordaron también la construcción de la Universidad del Pueblo Yaqui con sede en Vícam Pueblo, las áreas de estudio que contemplan las instancias federales son: educación y pedagogía intercultural; salud y medicina tradicional; agricultura, acuacultura, ganadería y pesca; desarrollo territorial sustentable; y derecho y gobierno indígena. La infraestructura estará a cargo del programa La Escuela es Nuestra. También acordaron un bachillerato intercultural comunitario y la instalación de una mesa de trabajo para la revisión y construcción de un nuevo modelo educativo yaqui.

INPI, INAH y Cultura, promoverán la creación de un fondo especial para el fortalecimiento, rescate y revitalización de la lengua yaqui; espiritualidad, ciclos y fiestas tradicionales; los lugares y objetos sagrados; memoria histórica del pueblo yaqui. Con SRE acordaron la gestión para repatriar  la colección de objetos sagrados, «Maaso Koba”.

En la tercera mesa técnica del Plan de Justicia se determinó instrumentar campañas contra el racismo en el estado de Sonora con apoyo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

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