Siempre fue tortura: la deuda del Estado mexicano con El Guaymas

15 julio, 2021

Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro

Mario Álvaro Cartagena, El Guaymas, murió sin que se pudiera juzgar a los responsables de la detención arbitraria, la privación de la libertad y la tortura en su contra. El Estado mexicano les debe verdad, justicia y reparación a él y a su familia. Sus acompañantes legales, del Centro Pro, apelan a que se mantenga abierta la investigación

Texto: Daniela Rea

Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2018, 40 años después de que Mario Álvarez Cartagena, El Guaymas, fuera detenido y torturado por agentes del Estado mexicano, se abrió una investigación por los delitos que se cometieron en su contra, sin embargo ésta no fue por la tortura que sufrió dentro del Campo Militar No. 1, sino por “abuso de autoridad”.

Justo un mes antes de su muerte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez comenzó a acompañar al Guaymas para pelear la reclasificación del delito ante la Fiscalía General de la República, donde se encuentra radicada.

“Desde el punto de vista jurídico buscábamos que la investigación se mantuviera abierta, que no cerrara. La tortura es un delito que no prescribe, a diferencia del abuso de autoridad”, señalan Alejandra Elguero Altner y César Contreras León, del Centro Pro, a cargo del acompañamiento.

El 5 de abril de 1978 El Guaymas, entonces integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue herido por parte de integrantes de la entonces Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, recibió 7 balazos por la espalda. La ambulancia lo llevó a la Cruz Roja donde le detuvieron la hemorragia y lo ingresaron al quirófano, pero los agentes del gobierno lo sacaron herido y se lo llevaron al Campo militar No. 1 donde lo torturaron. Por las heridas, tortura y falta de atención perdió la pierna y quedó con secuelas físicas a lo largo de su vida. Guaymas estuvo detenido y torturado en el Campo  hasta el 1 de junio de 1978.

Fue ahí en el Campo Militar que El Guaymas vio con vida a Alicia de los Ríos Merino, compañera suya en la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecida por el gobierno mexicano. El Guaymas vio a su compañera viva, torturada, en ese lugar militar y cuando pudo salir libre testimonió una y otra vez, incansable, lo que el gobierno ha negado estos años con su falta de investigación y juicio: que es responsable de la desaparición forzada de opositores políticos. 

¿Justicia desde el Estado?

Ha habido muchas deudas de justicia del Estado mexicano con el Guaymas a lo largo de estos años que salió de prisión por la amnistía de 1982.

En el año 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por los crímenes de la Guerra Sucia y a partir de ese documento la entonces Procuraduría General de la República debió iniciar investigación y proactivamente llamar a las víctimas, pero eso no ocurrió. 

Luego, en el contexto de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (​Femospp) que se creó en el año 2002, Alicia de los Ríos, hija de la combatiente, acudió a presentar una denuncia por la desaparición de su madre y con ella se presentó El Guaymas como testigo de la desaparición forzada. 

“Ahí el MP que tomó su declaración como testigo, debió haberlo considerado no sólo un testigo, sino una víctima e iniciar una investigación por la tortura y la detención en su contra”, explica uno de sus representantes en el Centro Pro.

En el 2006 la Femospp se cerró y todos los casos que revisó, investigó, se fueron a la Coordinación General de Investigaciones dentro de la PGR, que los archivó.

Doce años después, en 2018, El Guaymas acudió a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia por los crímenes cometidos en su contra durante la llamada Guerra Sucia. En ese entonces, el MP la clasificó como “abuso de autoridad” a pesar de que fue detenido de manera ilegal, que fue privado de su libertad, que fue torturado. Hasta un año después el gobierno mexicano le reconoció como “víctima” y lo registró ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que posibilitaba que por fin, por primera vez, pudiera tener acceso a un asesor jurídico que acompañara su caso ante la FGR y acceder a viáticos, apoyos económicos, pero los trámites lentos y las crisis al interior de la CEAV impidieron que El Guaymas pudiera acceder a sus derechos como víctima.

Tres años después de esa denuncia, en el 2021, apenas se iba a realizar la fe de lesiones para acreditar el daño contra El Guaymas. Tres años después de poner la denuncia y más de 40 años después de haber sufrido la tortura. “Y empezamos a platicar de hacer un peritaje con el protocolo de Estambul para demostrar que no se trata solo de abuso de autoridad, que fue tortura”.

La reclasificación del delito tenía una intención jurídica y también política: políticamente era reivindicar su lucha y la dimensión de la violencia del Estado en su contra.

“El caso de Alicia de los Ríos estaba por privación ilegal de la libertad, robo, allanamiento de morada y así se clasificó en la Femospp, se logró reclasificar a desaparición forzada, 19 años después. Muchos casos se clasificaron mal y han sido una lucha”.

Justicia es de interés público

“Se están muriendo perpetradores, el esclarecimiento de los hechos se agota y también se agota la posibilidad de tener seguimiento de las investigaciones de las víctimas”, alerta César, el abogado.

–Con la muerte del Guaymas, ¿se puede reclasificar el delito, se cierra la investigación?

–Jurídicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo dice. El riesgo sería más por la prescripción del delito y el que si no hay víctimas detrás presionando autoridades los casos no avanzan y eventualmente se archivan. Los hijos podrían darle seguimiento y presentarse como coadyuvantes; en un mundo en el que el sistema funciona incluso aunque ellos no impulsaran debería reclasificarse el caso y seguirse la investigación. Solicitar la reclasificación por tortura/desaparición sin la solicitud personal del Guaymas sería difícil, pero no imposible. Por eso nuestro mensaje es que el Estado debería asumir estos casos sin que se entienda la investigación penal como una gestión de intereses individuales que dependan de la iniciativa de las víctimas, sino del interés público de que se esclarezcan los hechos y se sancionen a los responsables– explicó el abogado César Contreras León.

El Guaymas aspiraba a la denuncia siempre por sus compañeros, era su compromiso con ellos por haber sobrevivido; quizá por eso pensó más en denunciar lo que vio, que iniciar un proceso judicial para acceder a la justicia. Ahora se buscaba la reparación del daño porque el Guaymas vivió todos estos años con muchas consecuencias de la tortura físicas, emocionales y económicas.

Con la pérdida del Guaymas nuestra sociedad pierde, “porque es muy claramente en el caso de Guaymas, él era el testimonio vivo de lo que había ocurrido, la posibilidad de tener un testigo sobreviviente de los pocos que salió vivo de la desaparición y que se atrevieron a decir con todas sus letras y desde el primer momento lo que había ocurrido y habían sufrido y por eso la pérdida es enorme en términos sociales, históricos, que estos testimonios dieran vigencia a la exigencia de justicia”, señalan les abogades.

“El que Guaymas pudiera regresar al campo militar y decir ‘aquí estaban las prisiones, aquí estaba Alicia’, que el pudiera entrar a reivindicar su historia era importante y era un logro”.

“Esta muerte también nos plantea que no podemos hacer investigaciones aisladas sobre los perpetradores, lo que se tendría que hacer es una investigación más amplia, contextual, de lo ocurrido en el Campo Militar No.1 investigación de contexto y que eso sirviera para una justicia más amplia”.

El Estado mexicano está en deuda con las víctimas, sus familias y la sociedad durante varios sexenios.

“Nos parece que este gobierno ha hecho compromisos bastante claros, se han reunido con familias, colectivos, hace poco se hizo público una versión del informe de Femospp y parecerían pasos positivos pero se tiene que concretar en cumplir esas obligaciones con las demandas históricas de las familias y es una obligación de nuevo que siempre ha existido pero ahora vemos que se pueden mover”, concluye Alejandra Elguero Altner.

Reportera. Autora del libro “Nadie les pidió perdón”; y coautora del libro La Tropa. Por qué mata un soldado”. Dirigió el documental “No sucumbió la eternidad”. Escribe sobre el impacto social de la violencia y los cuidados. Quería ser marinera.

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