En 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social trazó la ruta para concretar el rescate de los mineros de Pasta de Conchos, sin embargo, a 4 años de esto, y a menos de un año de que acabe el sexenio, el gobierno federal no ha avanzado nada en estas acciones. Ante esto, familiares se preguntan ¿qué pasará con Pasta de Conchos cuando finalice el sexenio?

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Duilio Rodríguez / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO. – Un grupo de proveedores de la región carbonífera de Coahuila bloqueó los accesos a la mina de Pasta de Conchos, impidiendo las labores de rescate de los 65 mineros que quedaron atrapados tras su derrumbe en 2006.

Los proveedores reclaman el pago de 30 millones de pesos que las empresas Proacon y Desarrollo de Terracerías les quedaron a deber mientras realizaban tareas para rescatar a los mineros, labor para la cual la Comisión Federal de Electricidad las contrató en febrero de 2022.

El contrato de estas empresas se rescindió en enero de 2023, y para abril se supone que todos los adeudos deberían estar finiquitados. Pero esto no sucedió.

Este bloqueo se suma a una serie de inconsistencias que han ocurrido durante este sexenio para lograr el rescate de los mineros, compromiso que el gobierno del presidente López Obrador asumió en 2019.

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Pasta de Conchos: una agridulce esperanza de justicia

A menos de un año de que concluya el sexenio, las familias de Pasta de Conchos se dicen molestas y desilusionadas con el trato que el gobierno federal ha dado a su caso. Acusan que las promesas del presidente fueron «puras palabras al aire», y temen que la siguiente administración cierre las tareas de búsqueda y deje en la impunidad el caso.

En entrevista con Pie de Página, Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Vladimir Muñóz, dice que la justicia sigue ausente en el caso de Pasta de Conchos.

«Me queda claro que en este gobierno, en este sexenio, la justicia que pedimos la mayoría de las personas de Pasta de Conchos, la demanda de que se castigue a los responsables del derrumbe, no ha sucedido. La justicia es un tema ausente en este país, y más con los mineros».

Un rescate en el aire

En 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión social anunció el plan de ruta para el rescate de los mineros.

En aquél momento se estableció que los trabajos comenzarían en febrero de 2020, sin embargo, esto no sucedió.

«Fue hasta octubre de 2020 cuando el gobierno anuncia que la Comisión Federal de Electricidad se encargará del rescate, pero durante dos años no hicieron nada, aunque aseguraron que entre enero y febrero de 2022 estarían llegando a los lugares donde están los mineros», recuerda Elvira Martínez.

Esto, obviamente, no sucedió.

Lo que sí pasó, fue que en febrero de 2022 la CFE anunció que contrataría a las empresas Proacon y Desarrollo de Terracerías para hacer el rescate.

Este anuncio llegó acompañado de otro: el cambio de las fechas para culminar las tareas.

Elvira recuerda:

«En febrero de 2022 dicen que van a contratar a estas empresas, y con su llegada vuelven a cambiar las fechas. Nos dijeron que una obra estaría lista en abril 2023, y la otra en diciembre de 2023».

Pese a estas promesas, en noviembre de 2022 Proacon y Desarrollo de Terracerías anunció que no podrían terminar las obras en el plazo acordado, por lo que cancelarían el contrato con CFE.

Las obras consistían en realizar perforaciones de tipo lumbrera, y la construcción de rampas para acceder a la zona donde se encuentran los mineros. Sin embargo, en los reportes que las empresas entregaron a las autoridades y a las familias de Pasta de Conchos, se muestra que éstas jamás iniciaron con las lumbreras.

El contrato se rescindió en enero de 2023, y de nuevo llegó la incertidumbre para las familias de los mineros.

«La CFE decía que no podían traer una nueva empresa hasta que no se finiquitara el contrato de la empresa anterior. Pasó el tiempo, y en abril se contrata a la nueva empresa: Obras mineras y tiros del centro. Con eso nosotros entendimos que ya todo lo anterior estaba finiquitadao, que estaba resuelto. Pero con este bloqueo que hacen los proveedores de las empresas anteriores, pues vimos que no».

Este bloqueo, asegura Elvira, le conviene a la Comisión Federal de Electricidad:

«¿A quién le beneficia este bloqueo? Pues a la CFE, porque va a justificar este nuevo atraso porque no los dejaban entrar», dice Elvira.

Además, acusa que la Comisión a cargo de Manuel Bartlett no tiene la voluntad política de realizar el rescate, y mucho menos garantizar medidas de no repetición. El motivo: los negocios del carbón en Coahuila.

«La justicia no solo son palabras»

De acuerdo con datos del gobierno de México basado en el Censo Económico de 2019, la producción bruta de carbón mineral en el país fue de 10 mil 647 millones de pesos. De esta cantidad, el estado de Coahuila aportó 10 mil 516 millones de pesos, convirtiéndose en el principal estado productor de carbón mineral en el país.

Toda estaa producción se concentra en la región carbonífera, donde los métodos que se usan para la extracción de carbón son riesgosos, y en algunos casos, ilegales.

Por ejemplo, tan solo en 2022, de acuerdo a datos de la Organización Familia Pasta de Conchos, fallecieron 11 mineros debido a accidentes en las cuevas o pocitos de extracción de carbón. Esto, pese a que en algunos casos existían denuncias de las condiciones de trabajo y el incumplimiento de normas oficiales para otorgar condiciones de seguridad a los mineros.

Pese a esto, y aunque las denuncias y casos de negligencia han sido constantes desde el derrumbe de Pasta de Conchos, la Comisión Federal de Electricidad no ha rescindido los contratos que tiene con las mineras de carbón, una demanda de las familias, quienes aseguran que para garantizar la no repetición, es fundamental rescindir contratos a las empresas que no cuiden a los trabajadores.

«Les siguen dando contratos, y siguen pasando tragedias. La CFE no quiere cambiar esta visión, y el retraso en el rescate es parte de eso», reclama Elvira.

Además, decepcionada, denuncia que los responsables de la tragedia de Pasta de Conchos, es decir: Grupo México y los gobiernos de la época, continúan en la impunidad.

«A mi me gustaría que se abriera una investigación, porque si el rescate se realiza, y se investiga el lugar, se van a ver las condiciones en las que ellos estaban trabajando. Se va a saber si de verdad no los podían rescatar, como dijo Grupo México en esos años para evitar que se vieran las condiciones de trabajo. Pero para esto primero hay que hacer el rescate, y luego algunas familias requeriríamos una investigación, y pediríamos un castigo».

Esto, sin embargo, aún parece lejano.

Elvira reflexiona:

«Actualmente siguen sin castigar a nadie, solo se limitan a dar indemnizaciones, pero hasta ahí. A mi hay algo que me tiene preocupada, y es que si no se finaliza el rescate cuando acabe este sexenio ¿qué va a pasar con Pasta de Conchos?».

Y concluye:

«Esa inquietud nos tiene con incertidumbre a muchas familias. Nosotras necesitamos que el gobierno nos hable claro, pero sobre todo con la verdad».