Sabiendo del empecinamiento de esta administración en torno al Tren Maya, la salida está clara: tiene que haber un trabajo rápido y eficaz para hacer más fácil el uso sustentable y la conservación de las selvas. Está en manos de Semarnat y del Congreso

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Uno de los riesgos más importantes que traerá el Tren Maya y que ya se están materializando en la península de Yucatán es que la selva maya se vacíe porque triunfe el proceso de urbanización que persigue Fonatur y porque se profundice la quiebra de las economías agrícolas y forestales de la zona. Esto podría provocar —como de hecho ya está ocurriendo— la entrega de esa región a talamontes y contrabandistas y a la agricultura industrial. Está en manos de Semarnat y del Congreso de la Unión evitar que ocurra.

El despoblamiento de las zonas forestales y agrícolas de la región provoca ya la pérdida de control sobre el territorio y sobre sus recursos naturales. De hecho, si el desastre de deforestación de la península de Yucatán no es peor de lo que muestran los datos es porque las propiedades ejidal y comunal han frenado la voracidad de los grandes capitales y porque esas estructuras de gobernanza han logrado que aprovechar las selvas impida caer en la pobreza, generando dinámicas muy positivas entre la población de la región, las economías forestales y la conservación de la biodiversidad.

Sin población que ocupe, use y defienda el territorio y sin políticas y programas públicos que la apoyen, las selvas quedarían a merced tanto de talamontes y contrabandistas de madera ilegal —que extraerían sin orden ni concierto las enormes concentraciones de maderas preciosas que cubren el territorio de la península— como de la agricultura y la ganadería industriales. De hecho, estas últimas ya hacen estragos en la zona, y según un análisis liderado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y apoyado por la Comisión Nacional Forestal que se publicó este verano son las principales responsables de la deforestación en la región, sobre todo para la producción de caña de azúcar y otros cultivos industriales y para su conversión en pastizales.

Hasta ahora la política tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales ha sido la de mantener el statu quo. Sea a través de los muy debilitados programas de la Comisión Nacional Forestal o del programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, lo que se hace es repartir dinero, no capacidades ni organización con miras de largo plazo. Esto ha provocado que, en el mejor de los casos, la población local entienda el uso de los recursos naturales como un empleo que como llegó se irá, en vez de entenderla como una inversión en su propio futuro y el de su comunidad. 

El fracaso de ambos esquemas puede verse en las cifras de deforestación, que se mantuvieron imbatibles en 2020 a pesar de la pandemia. Según datos del Global Forest Watch del Instituto para los Recursos Mundiales (WRI), la deforestación en Campeche y Quintana Roo se ha disparado en los últimos dos años, rebasando con mucho al tercer estado —Chiapas— y en contra de la tendencia en la mayor parte de entidades de la República, donde la pandemia y la contracción de la economía tuvieron un efecto positivo en la salud de los bosques y selvas del país. 

Visto lo visto, y sabiendo del empecinamiento de esta administración en torno al Tren Maya, la salida está clara: tiene que haber un trabajo rápido y eficaz desde la Dirección General Forestal de Semarnat para hacer más fácil el uso sustentable y la conservación de las selvas, reduciendo trámites y agilizando procesos; tiene que fortalecerse la capacidad de inspección y castigo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y tienen que fortalecerse tanto los programas de conservación y pago por servicios ambientales de la Comisión Nacional Forestal como los de aprovechamiento sustentable de las selvas de la zona, pero centrándose en la organización y capacitación, no en la entrega de dineros. En esto, el trabajo del Congreso de la Unión en torno al presupuesto de egresos de la Federación será clave, pues ellos tienen la llave para dar marcha atrás a una propuesta que sigue debilitando a las instancias —como Conafor— que trabajan con las manos sobre el terreno. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.