Corrupción y olvido han puesto en riesgo el abastecimiento de agua para los ejidatarios del Valle de Mexicali, quienes además de enfrentar la urbanización e industrialización de la frontera, también encaran a Estados Unidos y sus intereses por acaparar los recursos de la región

Texto: Alejandro Ruiz y Heriberto Paredes

Fotos: Heriberto Paredes

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. – Son más de 45 grados en el Valle de Mexicali. A bordo de una camioneta, recorremos los ejidos fundados en la época de Lázaro Cárdenas y del asalto a las tierras que dotó a miles de campesinos de hectáreas para sembrar y hacer su vida. El paisaje hace que nos planteemos una pregunta obligada, ¿cómo es posible que en un desierto, donde la lluvia es un milagro, sea rentable vivir de la tierra? La respuesta baja desde el otro lado de la frontera, de las montañas Rocallosas: el río Colorado.

La ausencia de lluvia, así como el clima árido de la región, han hecho de este río la principal fuente de agua no solamente de Mexicali, sino de gran parte del estado de Baja California y del Valle de San Luis Río Colorado, Sonora. También lo es para las ciudades colindantes que pertenecen a Estados Unidos, lo que ha significado una disputa histórica entre ambos países que, en los últimos años, se ha recrudecido con los acuerdos de libre comercio y tratados binacionales que han favorecido al vecino del país del norte.

El paisaje reafirma esto, pues mientras del lado norteamericano los campos de cultivo son verdes, y los caudales de agua se miran llenos, del lado mexicano se observan un montón de parcelas abandonadas y secas, además de sistemas de riego inservibles o mal construidos.

“Con planeación esto lo podemos rescatar. Pero no está planeado”, dice don Luis, un ejidatario del Valle que nos lleva en su camioneta entre los campos y parcelas mientras nos cuenta cómo ha sido el devenir de los agricultores en este lado de la frontera.

“Si ahorita el gobierno de Estados unidos nos dijera, ‘ahí va su 1,850,000 de metros cúbicos de agua que nos corresponden, no entran más que 400 y se reventarían los canales porque no tienen conducción y mantenimiento, eso le corresponde a la Comisión Nacional del Agua, pero también a los usuarios representados en los distritos de riego, pero ellos y los módulos de riego se reparten el dinero. Son coyotes.”

La relación que han establecido con la tierra y con la forma de vida agrícola es lo que ha orillado a estos pequeños ejidatarios a reclamar y sobrevivir al día con sus cosechas y cultivos ¿Qué ha motivado la decadencia de estos campos que en las primeras décadas posteriores a la Revolución atrajeron a miles de migrantes para poblar las tierras cachanillas?

Un territorio dividido

En 1848 la mitad del país fue anexado a Estados Unidos, esto después de que el país del norte invadiera México. Básicamente, todo el territorio que estuviera al norte del río Grande fue despojado de la nación, y así, California se parte en dos, quedando la península del lado de nuestro país. Sin embargo, Estados Unidos se apropiaron de casi la totalidad del Río Colorado, dejando a México solo el tramo que desemboca en el Golfo de California.

Ante esto, desde 1888 ambos países han firmado tratados para normar el uso de las aguas de este río, lo que en 1944 derivó en un tratado binacional que crea formalmente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA). Esto, con el objetivo de regular el abastecimiento y los derechos que ambas naciones tienen sobre los ríos Colorado y Grande, y reconociendo, en la legalidad, que México tiene derecho a usar estas aguas.

Sin embargo, la política expansionista de Estados Unidos ha acarreado una serie de conflictos por el uso de estos ríos. Por ejemplo, en la década de los 70 el agua que llegaba a los campesinos del Valle de Mexicali iba cargada con sales provenientes de desechos originados en las aguas que venían desde Estados Unidos. También, entrado el siglo XXI, la inminente escasez de agua en el sur de Estados Unidos, principalmente en California, hizo que el gobierno de aquel país creara una serie de proyectos que afectaron el suministro de agua para los campos agrícolas de Mexicali.

En los hechos, Estados Unidos ha implementado una política de acaparamiento del recurso, pues justo en la zona fronteriza del Valle de Mexicali, Arizona y California, existen las condiciones para la generación de energía a partir de hidroeléctricas o centrales térmicas.

Iván Martínez, académico y activista de Mexicali, señala que, en realidad, por sí sola la región del Valle es bastante productiva y sustentable, pues “tienes agua y tienes energía, que es lo básico para producir. Obviamente ya han crecido mucho las ciudades, y han llegado un montón de industrias, lo que ha hecho que el problema de falta de agua se agrave”.

Recientemente, en marzo de 2020, la empresa cervecera Constellation Brands canceló definitivamente la instalación de una de sus plantas tras el rechazo masivo de la población de esta ciudad, justo porque este proyecto significaba la utilización del agua para fines distintos a la agricultura. No es sustentable usar tanta agua en beneficio de la industria cervecera mientras que el campo deja de producir el sustento de las economías locales.

Sin embargo, una nueva afrenta del gobierno estadounidense ha cambiado las condiciones de la relación binacional. Todo inicia con un sismo.

La compra de agua, y la permisividad de los gobiernos

En abril de 2010 un terremoto sacudió al Valle de Mexicali. Los daños que dejó el sismo fueron bastantes: la muerte de 4 personas, cientos de casas destruidas y miles de personas damnificadas. También, los canales de riego que abastecen de agua la zona sufrieron daños.

Este hecho propició que, meses después, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaran modificar ciertas disposiciones del Tratado Internacional de Aguas, el cual, desde 1944, reglamenta la distribución de agua proveniente del río Colorado para ambos países. El objetivo, establecido en el acta 318 de la CILA, era que mientras se reparaban los daños a la infraestructura de riego, el gobierno norteamericano resguardaría volúmenes de agua que le corresponden a México.

Tras este acuerdo, el agua correspondiente a México se empezó a almacenar en el Lago Mead, lo cual, a la par, implicaba un beneficio para que el gobierno estadounidense incrementara la producción de energía hidroeléctrica de la Presa Hoover.

La emergencia pasó, pero el tratado se quedó. Al paso de los años, ambos gobiernos firmaron una nueva acta, la 319, donde se amplían las medidas establecidas en la 318 hasta 2017. También

se acordaba que, en caso de que el Lago Mead tuviera niveles bajos en su capacidad, México no podría disponer del agua que ahí resguardaba. A la vez, se creó un fondo donde el gobierno norteamericano aportaría 21 millones de dólares para impulsar mejoras y proyectos en la infraestructura del territorio mexicano para abastecer al sistema del río Colorado, en beneficio exclusivo de Estados Unidos.

En los hechos, lo que el gobierno norteamericano estaba haciendo era comprar el agua que por derecho le correspondía a México.

En 2017, se firmó el acta 323, la cual además de ampliar las medidas previas, ponía un nuevo factor en la mesa: la escasez de agua de la cuenca del río Colorado. Para hacer frente a esto, en el acta se elevan los precios de financiamiento por los que Estados Unidos compra el agua mexicana que resguarda en el Lago Mead, lo que significaría que se está comprando la cuota de agua que por derecho le toca a nuestro país desde 1944. Es decir, la creación de una especie de banco de agua.

“El agua no nos llega, nos la vemos difícil para acomodar los riegos que tocan, como en el caso del trigo. Este año ya no sembré algodón, nomás alfalfa. Tenemos que adaptar nuestros cultivos y necesitamos que esta situación se solucione”.

Eusebio, un agricultor ejidatario del Ejido Oaxaca.

Todos estos acuerdos, y la ausencia de agua en territorio mexicano, se ha traducido en afectaciones directas para los ejidatarios del Valle de Mexicali. Pues son ellos quienes ocupan el agua para la producción agrícola, y que, aunque viven en una zona privilegiada respecto a las leyes para el uso y abastecimiento de agua, actualmente atraviesan la escasez del líquido.

Las intenciones del gobierno norteamericano no parecen ser otras que seguir comprando el agua mexicana. Por ejemplo, de los 21 mil millones acordados en 2010, actualmente esta cifra subió a

31.5 millones de dólares, que, a través de programas como el “descanso de suelos”, siguen estableciendo relaciones de compra-venta con ejidatarios del Valle de Mexicali.

Este programa consiste, a través de inversión norteamericana, en dar dinero a los campesinos para que dejen de sembrar la tierra y no reclamen el dote que por ley les pertenece.

Don Luis reflexiona sobre esto, y comenta que “lo que pensaron los gringos fue que si arreglan sus canales, si acondicionan todo, se van a ahorrar agua. Les vamos a dar el dinero para que arreglen. Mientras, se queda el agua guardada. Y bueno, no hubo ni arreglo, sí hubo dinero, pero el agua sigue allá guardada”.

Esto, a la vez, se ha realizado con la complicidad de funcionarios y políticos nacionales y de Baja California, quienes en vez de solucionar los problemas de infraestructura para que el dote de agua a México llegue sin problemas, han optado por implementar programas que perpetúan esta relación de dependencia y mercantilización del agua.

“Los gringos hacen un programa de descanso voluntario de suelos, donde los gringos pagan al agricultor mil 200 dólares, de aquel lado. A este lado, ahorita están hablando de que organícense y nos venden ese volumen para que se quede de su lado. Sin embargo, el problema es que los lineamientos no están claros”.

Gustavo, otro ejidatario del Valle de Mexicali.

dice Gustavo, otro ejidatario del Valle de Mexicali.

Sin embargo, la precaria situación de algunos ejidatarios los ha orillado a rentar sus dotes de agua al distrito de riego, el 014. Esto, derivado de endeudamientos y poca capacidad económica para

seguir produciendo, ha originado una especie de negocio ilegal entre las autoridades que manejan el agua y los organismos binacionales que la compran.

Es decir, existen tierras en desuso por la falta de dinero para producir en ellas. Estas tierras, al pertenecer a un distrito de riego, tienen derecho a un dote de agua, el cual, por las actas de la CILA está almacenada en el Lago Mead Al rentar las tierras a las autoridades del distrito, los ejidatarios conceden que este organismo pueda “vender” el agua a Estados Unidos. No obstante, los campesinos acusan que se les paga una parte inferior a la que la autoridad está vendiendo su agua. “Siempre se llevan su tajada, tanto los representantes de los módulos de riego como los jefes del distrito de riego”, señala don Luis.

“Son coyotes del agua”, añade Gustavo. Y precisa que “el agua no la quieren pagar como viene el programa de los gringos. Definitivamente ocultan toda información, es lo que hemos visto nosotros”.

Actualmente, con información de los ejidatarios, existen alrededor de 20 a 30 mil hectáreas en desuso. “Están descansadas a huevo estas pinches tierras”, comenta don Luis. Algunas explicaciones que dan las autoridades locales es que la ciudad de Tijuana está consumiendo más agua, pero no la población sino las industrias, sin embargo, esto no se ha logrado comprobar. Ajustándose la gorra para protegerse del sol se pregunta:

“¿Dónde chingados está el agua de esas tierras?”.

Saqueo y corrupción en el distrito 014

Eusebio explica la consolidación de los módulos de riego como una suerte de asociación civil bajo el argumento de que tienen la personalidad jurídica necesaria para recibir dinero y bajar recursos de distintas procedencias, tanto gubernamentales como privadas. “A mí me tocó participar en las auditorías de estos módulos cuando comenzaron con este cambio, allá por el año 1992”.

A partir de entonces y hasta ahora, han sido los intermediarios, no sólo para operar situaciones como los acuerdos de distribución del agua o el pago desde Estados Unidos a los usuarios, además han sido los operadores de los recursos económicos para la reconstrucción de las obras dañadas a partir del terremoto.

“A las nuevas obras –continúa Eusebio– que hicieron las empresas que vinieron a hacer las reparaciones de los daños del terremoto, aún no le poníamos agua y ya estaban reventadas las losas, el material y la obra a penas tenían un mes y se comenzaron a desbaratar”. Esta situación abona a la desconfianza en la administración de recursos por parte de los módulos de riego, y la corrupción se consolida como la explicación más viable.

En su origen, los módulos de riego no contaban con goce de sueldo y si el gerente o cualquier otro miembro despertaba quejas o malestar en su administración, el consejo consultivo podría

removerlo. Actualmente es Julio Navarro el jefe de Distrito, sobre él recaen las responsabilidades por la falta de pagos completos a los ejidatarios, a pesar de que el dinero de Estados Unidos sí ha llegado a los módulos. Los ejidatarios entrevistados, sin embargo, señalan que Francisco Bernal, actual director de la cuenca y antiguo representante en Mexicali de CILA, quien ha operado esta corrupción en la que existe fuga de dinero.

“La otra vez vino un investigador del Colegio de la Frontera Norte y nos dijo que el distrito de riego 014 de Baja California, en el Valle de Mexicali, es de los mejores a nivel nacional, pero también de los más corruptos del país”.

Gustavo.

Esta situación tiene muy preocupado a los agricultores, ya que, no sólo se trata de la corrupción sino de la falta de un autoridad que se preocupe por las necesidades hídricas de las miles de hectáreas productivas en este valle. “Aquí está el Valle de Mexicali y el Valle de San Luis Río Colorado, así que tienen que entrarle los gobiernos de Baja California, el de Sonora y el federal para buscar soluciones para que no se acabe el agua”, concluye don Luis.

Lo que ha desnudado el sismo ocurrido en estas tierras es que la decadencia del distrito 014, tiene más que ver con la corrupción, el mal manejo de las autoridades mexicanas y su subordinación a los intereses norteamericanos, más que a la falta de trabajo por parte de los ejidatarios, quienes luchan constantemente por ajustar sus siembras y cosechas a lo que resulta evidente como modelo económico regional: la apuesta a la industrialización irracional de la frontera.