La Cámara de Senadores aprobó un dictamen de ley para despenalizar el consumo de la mariguana. Este es un paso para tener un enfoque de salud sobre el consumo de las drogas y dejar atrás el prohibicionismo. Sin embargo, el dictamen aprobado privilegia a los grandes capitales de producción y criminaliza la posesión. El dictamen pasará a la Cámara de diputados para su revisión

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: María Ruíz

Las oportunidades de la legalización de la mariguana

La cámara de Senadores aprobó un dictamen de ley para despenalizar el consumo de la mariguana. Este es un paso para tener un enfoque de salud sobre el consumo de las drogas y dejar atrás el prohibicionismo. Sin embargo, el dictamen aprobado privilegia a los grandes capitales de producción y criminaliza la posesión. El dictamen pasará a la cámara de diputados para su revisión. 

Texto: Arturo Contreras Camero

El Senado de la República aprobó, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, un dictamen que despenaliza el consumo de la marihuana. Se espera que la cámara de diputados apruebe el dictamen antes del 15 de diciembre, cuando termine la actual legislatura.

El dictamen dispone la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis así como reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal. Prevé que el Estado mantenga el control del proceso de producción de la hierba, desde la compra de las semillas hasta la venta final por medio de la implementación de diversas licencias. No se necesitará ninguna licencia para su consumo ni para el autocultivo, aunque solo se podrán sembrar cuatro plantas por persona.

Al respecto, durante su conferencia vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que esta decisión abona al mensaje que busca la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones, que, según dijo, promueve un cambio de enfoque sobre la atención del consumo de drogas. 

En octubre, el propio López-Gatell adelantó la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que estará integrada por diferentes institutos de atención psiquiátrica, por el Consejo Nacional de Salud Mental y por la Comisión Nacional contra las Adicciones. Se prevé que estas dependencias sean las encargadas de informar sobre los riesgos del consumo de esta y otras drogas así como de tomar acciones para su control.

Oportunidades perdidas

La justicia social fue una de las premisas que rodaron la discusión legislativa sobre la legalización de la mariguana. Por eso, el dictamen aprobado estipula que por lo menos 40 por ciento de las licencias de cultivo se deben entregar a comunidades rurales y pueblos indígenas, quienes durante las últimas décadas han cultivado esta y otras drogas ilegalmente.

El dictamen aprobado por los senadores, sin embargo, impone condiciones de producción que las comunidades indígenas o rurales difícilmente pueden cumplir, como usar semillas certificadas (no existen semillas de estas en México, y todas se tendrían que importar). Además de que estas comunidades tampoco cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos de etiquetado, lo que dificulta su competencia con otros interesados en el mercado cannábico que cuentan con equipos y capitales industriales para la producción de la droga.

Según distintos colectivos, la propuesta de los senadores contiene esquemas para seguir criminalizando a los consumidores de mariguana, pues a pesar de que el dictamen amplía de 5 a 28 gramos la cantidad de mariguana permitida para autoconsumo, penaliza cargar con más de eso. Portar de 28 hasta 200 gramos, sin la licencia pertinente, amerita sanciones administrativas o multas de 5 a 11 mil pesos, mientras que la posesión de hasta 28 kilos se considera narcomenudeo, más de esa cantidad es considerado narcotráfico. Esto permitiría seguir con esquemas en que a los consumidores se les “siembra” más cantidades de yerba que las permitidas por elementos policiales, lo que permite su procesamiento judicial.

Además de las sanciones mencionadas por rebasar los límites de portación permitidos, la reforma establece sanciones administrativas de hasta 261 mil pesos por publicitar o comercializar mariguana sin permiso, así como de hasta 26 mil por consumirla en espacios no permitidos como establecimientos comerciales con acceso público, escuelas, instalaciones gubernamentales, en todos los lugares donde también se prohíba el consumo de tabaco y en lugares abiertos a donde puedan acceder niños y adolescentes.

También establece un plazo de seis meses para eliminar los registros de antecedentes penales en beneficio de personas procesadas o sentenciadas por delitos relacionados con la siembra o la posesión de mariguana.