Más que marginarla, a la Comisión Nacional Forestal hay que transformarla y fortalecerla. De lo contrario, el sector forestal en la Cuarta Transformación habrá sido un chispazo de buenas intenciones, de avances importantes, pero efímeros

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En materia ambiental, el Presupuesto de Egresos de la Federación que acaba de aprobar la Cámara de Diputados presenta pocas cosas que celebrar. Es especialmente preocupante que con las enormes inversiones y megaproyectos que se realizan en materia de hidrocarburos se le quite a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente casi el 20 por ciento de su presupuesto, para dejarla con la mitad de los recursos que tenía en 2018. Por otra parte, sin embargo, hay algunas buenas noticias para los bosques del país. Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sufre la misma embestida contra las instituciones heredadas de los gobiernos neoliberales que padece todo el gobierno, el año que viene registrará una inversión sin precedentes en los ecosistemas forestales mexicanos a través del programa Sembrando Vida. 

Sembrando Vida tiene como objetivo la restauración productiva de un millón de hectáreas de bosques y selvas. Es, en eso, un programa eminentemente forestal y agroforestal. El Presupuesto de Egresos de 2020 le asigna algo más de 21 mil millones de pesos, que se ejercerán a través de la Secretaría de Bienestar, y no de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que tiene entre sus objetivos principales, según la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, precisamente la restauración de los bosques del país. Como esos recursos no están asignados al sector ambiental, muchos han hablado de un recorte a los bosques, cuando lo que ocurre es muy distinto: se recorta el presupuesto de las instancias del sector ambiental, pero se multiplica el presupuesto destinado a los ecosistemas forestales. Hacer las cosas así tiene cierto sentido, aunque presenta algunos problemas. 

Conafor fue formada a principios del sexenio de Vicente Fox por el ex gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas, con una lógica netamente neoliberal. Según su perspectiva, la nueva dependencia no debía tener un aparato grande que trabajara en el campo, sino recursos que generaran incentivos para cambiar la relación con los bosques y que activaran el manejo forestal sustentable y la restauración forestal.

Conafor fue, en ese sentido, diseñada para dispersar dinero, no para actuar sobre el terreno, y no puede trabajar más que con los ejidos y comunidades más avanzados, los que tienen acceso a un técnico que entienda qué apoyos se dan, cuándo hay que solicitarlos, cómo hay que llenar las solicitudes y el montón de papeles requeridos y con quién hay que hablar. Trabajar con quienes no pertenecen a las asambleas de ejidos o comunidades (aunque tengan tierra), con los pequeños propietarios privados o con los ejidos y comunidades que no tienen un buen técnico está definitivamente fuera de su alcance.

El fracaso del esquema diseñado por Cárdenas y mantenido por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se ha hecho evidente una y otra vez. México ha perdido casi el 7 por ciento de los bosques que tenía al empezar este siglo, mientras que el peso económico del sector forestal disminuye año con año: si entre 1998 y 2018 la economía nacional creció en casi un 50 por ciento, la extracción de madera apenas creció 5 por ciento, y la industria de la madera se hizo un 16 por ciento más pequeña, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El diseño de Conafor y su perspectiva sobre el sector forestal también fracasaron estrepitosamente a la hora de restaurar los bosques del país. Durante todo el sexenio de Calderón se impulsó con fuerza y mucho dinero el programa ProÁrbol, que pretendía recuperar cerca de 700 mil hectáreas de bosques y selvas. El programa reventó cuando se puso en evidencia que el 90 por ciento del arbolado sembrado moría y que los terrenos en los que se sembraba seguían igual de mal al cabo de los años. 

A esto hay que sumar que el grueso de los apoyos que otorgaba Conafor -incluidos los relativos a la restauración forestal- se daban por reglas de operación. Éstas son documentos legales que establecen quién puede acceder a un apoyo y para qué lo puede usar, y establecen plazos y normas para la solicitud de los apoyos. En este sentido, los programas que funcionan con esa lógica hacen intervenciones pasivas, que dependen de que la gente pida los apoyos, en lugar de un impulso activo de las políticas públicas.

Sembrando Vida funciona en abierto contraste con esto. Primero, está centrado en la gente que ocupa un territorio, y no en el territorio mismo. Al menos en la letra –y lo que indican algunos primeros testimonios– busca impulsar la construcción de pequeñas cooperativas y organizaciones y recuperar sus vínculos con la producción agropecuaria y con los bosques y selvas que poseen y habitan. Su documento marco son unos lineamientos claros, pero no tan restrictivos como unas reglas de operación, y su actividad está centrada en la labor de miles de técnicos que trabajan sobre el terreno. 

Como se ve, en realidad esta administración está impulsando un esfuerzo muy ambicioso de restauración forestal, y encontró la manera de sortear los obstáculos que supone la institucionalidad neoliberal para poder empezar rápidamente. El problema es que al marginar a Conafor se está marginando también la posibilidad de hacer que este esfuerzo se sostenga a largo plazo y se transformen no sólo los programas, sino al Estado mismo, para hacerlo más funcional, más democrático y más eficaz. 

La Secretaría de Bienestar puede hacer muy bien el trabajo de construir organización y sembrar productos, pero no necesariamente tiene la capacidad de encontrar mercados para esos productos (especialmente para la madera) y, en ese sentido, dar viabilidad a mediano y largo plazo a las cooperativas y organizaciones que se están formando. Quien sí la tiene es Conafor, y más que marginarla, hay que transformarla y fortalecerla. 

El nombramiento de León Jorge Castaños al frente de Conafor fue un enorme acierto para andar en esa dirección. Castaños tiene la experiencia en la administración pública y la legitimidad ante el sector para emprender ese proceso y hacer que Conafor pueda dejar atrás las ventanillas y aplicar políticas forestales progresistas y que generen cambios de fondo, pero no lo puede hacer sin el apoyo de la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública, si se mantienen congeladas sus plazas y no se le da el presupuesto necesario. 

Si no se lleva a cabo esa tarea, en el sector forestal la Cuarta Transformación habrá sido un chispazo de buenas intenciones, de avances importantes, pero efímeros. Toca transformar el Estado si de verdad se busca transformar el país.

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