Hace 6 años militares violaron a Miriam Isaura en un cuartel del ejército. Desde el 2011 el ejército no facilita información sobre el caso y las fiscalías dan traspiés en la investigación

Texto: Daniela Rea.

Foto: Mónica González

El 2 de febrero del año 2011 Miriam Isaura López fue detenida por militares vestidos de civil, en Ensenada, Baja California. Durante siete días estuvo detenida de manera ilegal en el cuartel militar Morelos, en Tijuana, donde fue torturada y violada por soldados.

Autoridades militares y de la Procuraduría General de Justicia la obligaron a autoincriminarse como narcotraficante y, a su vez, a acusar a otros 10 soldados de recibir dinero de ella y su cártel a cambio de permitirles cruzar droga en Baja California.

Ese proceso fabricado en su contra provocó que –además de la detención en el cuartel militar Morelos- estuviera detenida 80 días en un centro de arraigo de la Ciudad de México y cinco meses presa en Baja California. En total, casi 8 meses, hasta que fue liberada el 1 de septiembre del 2011, por la falta de pruebas en su contra.

Este día 2 de febrero del 2017 se cumplen 6 años del crimen contra Miriam y los responsables de la detención, tortura y fabricación del delito, siguen sin ser castigados. Miriam tenía 28 años de edad cuando fue detenida, era ama de casa y madre de 3 hijos.

Nancy López, directora del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que el proceso en contra de los responsables, que se investiga desde la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra), no avanza por varias razones: la falta de continuidad de las fiscales, la negativa de la Sedena a dar información sobre sus elementos involucrados y la inacción de la Fevimtra de exigir sanciones a las fuerzas armadas por su obstrucción a la justicia.

Miriam López interpuso la denuncia en contra de los soldados y agentes ministeriales en diciembre del 2011 y se abrió a averiguación previa AP/PGR/FEVIMTRA-C/139/2011.

En estos cinco años que han pasado desde que denunció, cinco fiscales han pasado por la titularidad de la Fevimtra: Angélica Herrería Rivero (6 meses), Nelly Montealegre (hasta agosto de 2015), Angela Quiroga ( hasta agosto de  2016), Patricia Sánchez Avendaño ( encargada de despacho de 2016 a la fecha) y Adriana Lizárraga González (desde 1 de diciembre de 2016).

“Uno de los problemas es la falta de continuidad de las fiscales, llegan, se van, dejan el caso y nosotros como coadyuvantes tenemos que volver a convencer al ministerio público que la violencia sexual en contra de Miriam está comprobada, que hubo tortura, que hay documentos que lo acreditan. Estamos entrampados en los cambios administrativos al interior de Fevimtra”, señala Nancy.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó las declaraciones de Miriam sobre la tortura que sufrió en su contra: detención ilegal, amenazas, violación sexual, privación ilegal de la libertad, tortura –golpes, simulación de asfixia- en la recomendación 52/2012 y ordenó a la Sedena y PGR colaborar con la investigación para dar con los responsables.

“Sedena niega la información, quiénes eran los soldados que estuvieron en funciones el día del crimen. Hemos pedido muchas veces a Sedena expedientes de voz de los soldados que trabajaban en esa zona del cuartel esos días, para que Miriam pueda identificarlos (ella tuvo los ojos vendados durante su cautiverio), pero no los han dado”, agregó la abogada.

Sin embargo, señaló Nancy López, la Fevimtra podría hacer uso de sus facultades legales para presionar a la Sedena a que entregue la información requerida para la investigación sobre la detención, tortura y abuso sexual en contra de la joven.

“Fevimtra tiene posibilidades de exigir a Sedena la información, ponerle amonestaciones si no cumplen, pero no lo ha hecho. Ante las negativas de Sedena hay una tolerancia por parte de las autoridades… podríamos estar hablando de procedimientos por obstrucción a la justicia”.

En la investigación de la que la CMDPDH ha sido coadyuvante, se pudo identificar a los soldados que, vestidos de civil, la detuvieron de manera ilegal simulando un secuestro. También los nombres de las enfermeras que durante su cautiverio, “curaron” a Miriam a lo largo de la tortura para mantenerla viva. Pero no se ha identificado a los soldados que la tuvieron secuestrada, la torturaron y la violaron en el cuartel militar Morelos, en Tijuana.

La CMDPDH logró que la Fevimtra considerara como válido el protocolo de Estambul que realizó la CNDH y en el cual se comprobó la tortura y abuso sexual, pues la PGR realizó por su parte un dictamen médico que minimizaba los daños sufridos por la víctima y que fue realizado dos años después de que la joven presentó la denuncia y fue liberada de prisión.

Entre el año 2006 y 2012 las quejas por tortura y malos tratos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos se incrementaron en un 500 por ciento. Amnistía Internacional publicó el informe “Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, en el que documentó que la Sedena no ha suspendido de labores a ningún elemento por cometer abuso sexual, entre los años 2010 y 2015, mientras que la Marina ha suspendido solo a 4, a pesar de los cientos de denuncias.

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Daniela Rea

Reportera. Autora del libro “Nadie les pidió perdón”; y coautora del libro La Tropa. Por qué mata un soldado”. Dirigió el documental “No sucumbió la eternidad”. Escribe sobre el impacto social de la violencia y los cuidados. Quería ser marinera.

Mónica González

Fotógrafa egresada de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha colaborado en distintos medios y revistas nacionales e internacionales. Obtuvo la beca Fonca en la edición 2009-2010 y 2013-2014 Premio Nacional de Periodismo 2011 de Fotografía por el proyecto Geografía del Dolor. Premio Nacional de Periodismo 2006 otorgado por el Club de Periodistas de México y el IPN en categoria Fotografía Reportaje por su trabajo de migrantes en la frontera de Sonora y Arizona.