Doce años después de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, nueve víctimas siguen sin ser identificadas y no hay ninguna sentencia por los 72 asesinatos . La directora de la Fundación para la Justicia, Ana Lorena Delgadillo, señaló la falta de capacidad de articulación y colaboración entre México y los países de la región para enfrentar la crisis de desapariciones y forense

Texto: Kau Sirenio

Foto: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas de derechos humanos protestaron este jueves en el antimonumento de los 72 migrantes en el marco del duodécimo aniversario de la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Acusan a la Cancillería de negligencia para identificar a nueve cuerpos que no han sido entregados a familiares.

En entrevista con Pie de Página, la directora de la Fundación para la Justicia Ana Lorena Delgadillo Pérez, señaló los pendientes que existen luego de 12 años de la tragedia.

“A 12 años de los hechos, nueve víctimas de la masacre siguen sin ser identificadas, denotando la falta de capacidad de articulación y colaboración entre México y los países de la región para enfrentar la crisis de desapariciones y forense. Hay nueve familias que continúan buscando a sus seres queridos desde hace más de una década, sin saber qué éstos se encuentran en un anfiteatro”, denunció.

A pesar del ruido de los carros que circulaban en la avenida Reforma, la voz de la defensora de derechos humanos de los migrantes no se opacaba:

“A 12 años de este terrible crimen no hay una sola sentencia por la Masacre. Y las únicas dos sentencias relacionadas con los imputados derivaron de otros hechos. La sentencia es por delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego y no por los 72 homicidios de personas migrantes”. 

El mitin empezó a las cinco de la tarde frente a la Embajada de Estados Unidos; ahí, Delgadillo Pérez, luego de recordar la masacre de las 72 personas migrantes, citó otros casos similares ocurridos en los estados del norte del país: “Fosas Clandestinas, 2011; Cadereyta, 2012; Güémez, 2014; y Camargo, 2021”.

Aunado a ello, añadió, seis familias de Guatemala y una de Brasil llevan cerca de 10 años esperando la revisión de identificación de los cuerpos que les fueron entregados entre 2010 y 2011, sin explicación, sin documentación, sin siquiera poder verlos. 

“No hemos contado con la voluntad de alto nivel del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, para llegar a un acuerdo que permita la exhumación de los cuerpos en territorio guatemalteco y la revisión de los mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Sabemos que México y Guatemala tienen una excelente relación diplomática, la cual no ha servido para abrir el camino a la justicia y la verdad para estas familias”.

Para Ana Lorena Delgadillo, la dilación de la justicia mexicana es uno de los factores que impiden que los familiares se mueran sin conocer la identidad de sus hijos, hijas, esposos y esposas.

“El año pasado murió Ángela Pineda Morales, sin saber si los restos que recibió hace más de 10 años son efectivamente de su hija Mayra Izabel. No podemos seguir permitiendo que más madres, esposas, hermanas fallezcan sin saber en dónde están sus seres queridos”.

La espera, lamentó, genera desesperación, enfermedad y hasta muerte prematura.

“El caso ha colocado la urgente necesidad de nuevos esquemas de investigación, búsqueda e intercambio de información entre instituciones y entre países, tratándose de casos transnacionales y violaciones graves a derechos humanos. No obstante su trascendencia social, política y en materia de derechos humanos, el caso permanece en la impunidad”.

-¿Qué ha cambiado después de la masacre de San Fernando? -quiero saber. 

-Mira, no ha cambiado nada, porque la impunidad permea en las esferas del Instituto Nacional de Migración, así como en las fiscalías de justicia de los estados y en la Fiscalía General de la República. 

“El patrón de impunidad que existe en los casos de las masacres de personas migrantes, la deficiencia institucional de las fiscalías y la falta de mecanismos eficaces para investigar graves violaciones a los derechos humanos hace imprescindible, a 12 de la Masacre de los 72, empezar a generar esquemas diferentes que puedan traer verdad, justicia y reparación para estas familias”.

Mientras caminamos sobre la avenida Reforma, Delgadillo Pérez suelta: “Se necesita una Comisión Especial para investigar las masacres y desapariciones en contra de personas migrantes”.
En su trabajo como directora de la Fundación para la Justicia, Ana Lorena recupera la memoria de la dilación de la justicia mexicana:

“No ha existido una colaboración regional para investigar masacres y desapariciones de migrantes. Los tratados de cooperación y asistencia mutua entre México y los países de la región ya no responden a las necesidades que impone en la actualidad la problemática de muertes y desapariciones de personas en contexto de movilidad”. 

De ahí, urgió la creación de la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Las personas migrantes continúan siendo objeto de discriminación, abusos y múltiples delitos, como secuestros, extorsión, violación, trata con fines de explotación laboral y sexual, y homicidio. Las autoridades de México, Guatemala, El Salvador y Honduras no pueden seguir cerrando los ojos ante un fenómeno que crece día con día, sin que las víctimas y sus familias tengan a quien recurrir”.