La historia de los desalojos en la Ciudad de México tiene un actor central: la Fiscalía Ambiental. ¿De dónde viene, y quién le dio el poder de sacar de sus casas a gente que lleva años habitándolas? Aquí te contamos un poco al respecto

Texto: Eliana Gilet / Cooperativa de periodismo*

Fotos: Axel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO. -Dos días antes de la navidad, una decena de familias fueron expulsadas sin aviso previo de sus casas, en la vecindad de Medellín 226, en la colonia Roma. Su predio fue asegurado por la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México. Los acusaron de cometer un despojo que nunca existió. A más de un mes de su expulsión, las vecinas han mantenido solas la vigilancia del predio, ya que todas sus pertenencias están aseguradas dentro del edificio. 

En la Comisión de Derechos Humanos de la capital les negaron la atención, respaldando la “legalidad” de la decisión tomada por la autoridad ministerial, y demostrando cómo se valida institucionalmente un mecanismo en que los vecinos pierden derechos, sin permitirles defenderse. 

Fiscalía ambiental: una herencia de Miguel Ángel Mancera

La Fiscalía Ambiental es una creación del “mancerato”: cuando Miguel Ángel Mancera era procurador del Distrito Federal. En 2008 hizo la primera modificación del reglamento interno de la entonces Procuraduría (hoy Fiscalía), que colocó al despojo dentro de la materia ambiental, argumentando la necesidad de penar conductas relacionadas a la depredación de las áreas rurales de la capital mexicana. El segundo movimiento fue cuando era jefe de gobierno. En ese entonces, su procurador, Rodolfo Ríos Garza, firmó en enero de 2016 el acuerdo que concentró el poder para investigar delitos de despojo en todo el territorio de la ciudad, en unas oficinas del tercer piso del Búnker, en la rebautizada calle Digna Ochoa. 

Es decir, la Fiscalía Ambiental recibió su poder de modificaciones internas de la Fiscalía de la Ciudad de México, sin una discusión parlamentaria al respecto. Hasta el momento, no hay ley específica que regule su accionar, que se restringe a la égida policial-ministerial.

Esa Fiscalía Ambiental -hoy abreviada Fidampu pero parida originalmente Fedapur- forzó la puerta de entrada de Medellín 226, pasadas las 9 de la mañana del viernes 22 de diciembre de 2023, pegada al boyante mercado homónimo. Sus fondos del Mercado Medellín dan al costado del predio. Tras romper el portón de ingreso al edificio, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se apostaron a ambos lados del corredor central del lugar, para darle seguridad al grupo de agentes de la Policía de Investigación y de la Fiscalía, que comenzaron a golpear puerta por puerta, y se metieron a los departamentos y los cuartos de la gente, con ese voceo que ya los caracteriza: “Tiene cinco minutos para salirse”.

El mismo modus operandi de siempre

La operación estuvo a cargo de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Ambiental, Rosalba Lara Ramírez, quien firmó la orden de aseguramiento, fechada el 22 de diciembre de 2023. Ese fue el único documento que se le presentó a la gente. También estuvo presente su superior, la agente del MP, Julia Sánchez Arcos, encargada de la agencia de despojos de la Fiscalía Ambiental. 

Otro detalle interesante: ese papelito desangelado funciona para la Fiscalía como “cédula de notificación” que en la práctica, dejó de ser previa -como mandata la ley- porque se presenta a los afectados en el momento mismo de su expulsión. 

Los vecinos relataron que los agentes de la PDI les indicaron que debían entregarles las llaves de sus casas, antes de colocar los mismos sellos que pusieron clausurando también el portón de fierro de la entrada, que habían violado en la mañana. Les dijeron que sacaran sus pertenencias de más valor y que firmaran copias de ese acuerdo de aseguramiento, como garantía de que sus cosas quedaban adentro. Las copias firmadas por los vecinos se fueron en una carpeta bajo el brazo de la agente Rosalba Lara. Cuando la gente le pidió una copia, la funcionaria respondió que a cada firmante “se le había dejado tomar su fotografía” 

No hubo inventario de ningún tipo, en ningún momento, sobre las pertenencias de la gente que fueron incautadas por la autoridad ministerial, y que hasta el momento así pertenecen, dentro del predio, aseguradas con él.  

Legalizar el despojo

Las familias que fueron obligadas a pasar la navidad en la calle, señalan que recuperar sus cosas es lo único que les interesa, porque no tienen la capacidad económica de pelear por el lugar que fue su hogar, durante los últimos 35 años. La última dueña del edificio fue una mujer francesa llamada Paulette Bassua, que murió fuera del país. Hace algunos años, una empresa llamada Banco inmobiliario mexicano S.A apareció como titular de los recibos de agua, que ellos pagaron aún hasta diciembre.

Esto es importante: el origen del derecho de los vecinos para permanecer en el disputado suelo central de la Ciudad de México, está en su posesión pacífica. Cuando la Fiscalía del despojo los expulsa, corta de cuajo este derecho. Para defenderlo, los vecinos de Medellín 226 habían apelado al Instituto de Vivienda de cdmx, buscando regularizar su tenencia, una vez que la inmobiliaria Lomelín, que también les cobró renta un tiempo, se retiró de la gestión del edificio.

Gestión es un decir, porque su actividad se limitaba a cobrar: las vecinas mantuvieron el edificio para no navegar en la desidia de la herencia de los propietarios originales. Durante la última década recibieron a múltiples personas que pretendían también cobrarles renta, pero nadie les exhibía documentos que probaran sus palabras, por eso no los tomaron en cuenta. 

Este detalle revela el verdadero carácter que señalamos en nuestra investigación madre, publicada en marzo de 2023: la Fiscalía del Despojo es la autoridad que logró lo que no habían conseguido ni los falsos propietarios ni sus grupos de choque: expulsar arbitrariamente a la gente de las casas dónde han vivido por décadas, incluso a quienes habían sorteado múltiples intentos anteriores de lo mismo, como las vecinas de Medellín 226. 

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La fiscalía del despojo en Cdmx

La Fiscalía del Despojo ofrece la novedad de haber creado una forma de “desalojo extrajudicial” en la Ciudad de México, disfrazado formalmente del aseguramiento de un predio denunciado por haber sido “invadido”; cuando de fondo, es la resolución con violencia un conflicto de vivienda más (y de clase) en la Ciudad de México, dónde la irregularidad es lo normal. 

Distante de las ideas que señalan que la gentrificación es un mero proceso de expulsión de los pobladores originales causado por el encarecimiento del costo de vida de ciertas zonas consideradas privilegiadas, nuestra investigación sobre la Fiscalía del Despojo muestra cómo la autoridad, el Estado, es el actor desequilibrante para deshacerse de la gente.

Mira el video del reportaje “aseguradas en Navidad” hecho por la Cooperativa de periodismo, a continuación:

* Cooperativa de periodismo es una apuesta colectiva por romper el aislamiento del trabajo freelance. Produce reportajes para medios de comunicación aliados y redes sociales.