Mediante una carta dirigida a la ministra Norma Piña, organizaciones y habitantes de la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, denunciaron las irregularidades que ha tenido el juicio que desde 2004 exige el reconocimiento de su territorio

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Heriberto Paredes / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO. – Desde 2004, la comunidad nahua de Santa María Ostula mantiene una pelea en los tribunales: exigen que el Estado mexicano reconozca las 2 mil 760 hectáreas que «pequeños propietarios» pretenden arrebatarles.

La pelea, sin embargo, se encuentra en un limbo jurídico, pues desde ese año las autoridades judiciales han emitido resoluciones desfavorables para la comunidad.

El último momento de esta batalla ocurrió el pasado 9 de agosto, cuando la comunidad decidió interponer el último recurso jurídico posible para salvaguardar su territorio: un amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán.

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Sin embargo, semanas después de que la comunidad interpusiera su último recurso jurídico, el Poder Judicial estalló un paro de labores.

Ante esta situación, organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los Derechos Humanos extendieron una carta a la ministra Norma Piña. El asunto es simple: que resuelva a favor de la comunidad y salvaguarde sus derechos.

Denuncian irregularidades

En la carta, las organizaciones firmantes acusan que desde el inicio del proceso jurídico, la comunidad de Santa María Ostula ha sido víctima de múltiples violaciones a sus derechos jurídicos:

“Se han identificado, en el marco del proceso legal, múltiples violaciones al debido proceso: en particular, la negativa a contar con su propio perito y el incumplimiento de términos legales. Indebida notificación a las partes: La comunidad no fue debidamente notificada, lo que afecta su capacidad de defensa así como el incorrecto estudio y evaluación de pruebas que incluyen títulos, trabajos técnicos, resoluciones del caso, planos y actas, que no fueron correctamente valoradas”.

Estas irregularidades procesales han retrasado una sentencia favorable para Santa Maria Ostula, lo que ha provocado una escalada de violencia que, hasta la fecha, ha derivado en el asesinato de 42 comuneros, y la desaparición de otros 5.

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Las organizaciones denuncian que si el fallo en contra de la comunidad es desfavorable afectaría los derechos a la libre determinación, la autonomía, al autogobierno y a las tierras, territorios y recursos,  todos relacionados entre sí. Acusan que «la violación a uno de ellos, implica  la vulneración del resto».

Una resolución en contra, además, contravendría las relatorías Especiales en materia de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas que, en sus dos visitas oficiales a México, señaló que «la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios».

Y añadió que, para asegurar la justicia a los pueblos indígenas del país, “los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, deben agilizar los mecanismos existentes para asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor».

Y concluyeron:

“La pérdida de estas tierras tendría un impacto devastador en la comunidad, afectando su sustento económico, sus prácticas culturales y su cohesión social y más preocupante, sentaría un precedente de despojo avalado a favor de pequeños propietarios y en contra de las comunidades indígenas que son el sustento de nuestro país”.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, organizaciones nacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, Servicios y Asesoría para la Paz, Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; e internacionales como  el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México y Front Line Defenders.