Respaldados por sus paisanos que migraron a Estados Unidos, los pobladores de esta comunidad de Puebla dijeron con unanimidad «No» a todos los megaproyectos extractivos en sus ejidos. Acordaron impulsar la organización para luchar por la vida y el agua

Texto y fotos: Kau Sirenio

SANTA CRUZ COYOTEPEC, PUEBLA.- Frente al cerro que da identidad a su comunidad, Pedro de la Cruz Quirino habla de Santa Cruz Coyotepec, donde nació hace 85 años. Los surcos de su frente revelan su larga lucha por la defensa de la tierra. En contra de empresas trasnacionales que una y otra vez han pretendido despojar a los ejidatarios de su tierra.

–No estoy de acuerdo, porque fíjese nomás: mi padre, mi suegro y otros señores fueron los que lucharon por esa tierra. Ahora que otros nomás lo vendan no está bien –dice Pedro mientras ofrece un trago de pulque.

La palabra del viejo atrae nostalgia entre los ejidatarios que se han propuesto continuar con la reforestación del cerro y el área verde del ejido: “No supimos cómo le hicieron, pero ya vendieron, ya tienen su dinero. A ellos no les costó obtener la tierra porque la recibieron de herencia”. 

Antes de esta conversación, el anciano subió a su parcela a cortar pencas de nopales y a recoger agua miel para el pulque. Lo hace todos los días. Para él no hay día festivo, todas las mañanas es bañarse con los primeros rayos del sol. 

Entre manoteos, Pedro de la Cruz se empina la botella del pulque, luego reanuda la plática.

“Los primeros ejidatarios se iban caminando a Puebla a solicitar la dotación del ejido. Insistieron mucho hasta que vinieron a medir la parcela, pero sólo entregaron tres hectáreas a cada campesino, después trajeron el título de propiedad. Esto no lo sabe la gente, por eso vendieron, porque no les costó. No saben lo que sufrieron sus padres para conseguir la tierra”.

El 16 de febrero de este año, Pedro y los ejidatarios de Santa Cruz Coyotepec, municipio de San Juan Atenco, aprobaron por unanimidad en asamblea el rechazo absoluto de todo tipo de megaproyectos en su comunidad.

Además, por consenso, la asamblea de ejidatarios se opuso al cambio de dominio de tierra, que Ferrosur pretendía hacer, con el fin de empezar la exploración para colocar vías de tren en la zona. Ferrosur es la empresa concesionada por el gobierno mexicano para brindar el transporte de carga en esa región de México. Pertenece a Grupo México, que concentra empresas mineras en todo el territorio nacional, responsable de daños ambientales como el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, en 2014.

Apoyo binacional

Migrantes radicados en Los Ángeles, California, se sumaron a la lucha de los campesinos. Con ayuda económica y difusión de la problemática en lo Estados Unidos, concientizaron a sus paisanos para solidarizarse. Así como lo hicieron en contra la Granja Carroll de México (GCM) en 2015. 

“Sabemos lo que es capaz Grupo México, hemos leído su pasado en los medios de comunicación, por eso estamos apoyando a nuestro pueblo, porque no queremos que nos quiten o contaminen el agua. No queremos otro río contaminado, porque eso nos mataría”, dice Gabriela Guarneros en una entrevista en Los Ángeles. 

Rebelión ante la granja 

El viejo Citlaltépetl (Pico de Orizaba) observa el valle de Ciudad Serdán donde campesinos se organizaron para defender su tierra ante las ofertas de empresas trasnacionales para que los ejidatarios vendan su parcela. En el primer intento GCM perdió la batalla. 

Cinco años después que la granja porcina abandonó su intención de comprar la tierra de los ejidatarios, llegó Grupo México en silencio a esta comunidad, para no alborotar a los campesinos que se oponen a proyectos extractivos. 

Nadie sabía de qué se trataba el plan del consorcio de Germán Larrea. Hasta que los migrantes radicados en Los Ángeles descubrieron que justo a 100 metros de la comunidad, Ferrosur planea construir el patio de carga y descarga en un tramo de 10 kilómetros.

A principio de enero los campesinos se enteraron que ocho ejidatarios vendieron su parcela a una empresa desconocida. Les causó sorpresa cuando supieron el valor en que se vendió una hectárea del ejido.

“El precio de una hectárea en esta zona, por muy caro que se venda, es de hasta 85 mil pesos. Pero los compañeros vendieron su parcela arriba de un millón de pesos. Esto nos preocupó, así que empezamos a investigar con los paisanos migrantes lo que estaba pasando. Fue así como nos enteramos que Ferrosur eran los que habían comprado”, dice el ex comisariado ejidal Héctor Domínguez Pérez.   

Agrega: “Nos dedicamos a la agricultura, poco de ganadería; es nuestra tarea cuidar el agua de Santa Cruz Coyotepec, municipio de San Juan Atenco, Puebla”, dice con preocupación el campesino. 

Enrique Guarneros entra en la conversación: “Hace años vino la granja Carroll a comprar nuestra tierra, pero le dijimos que no aceptábamos su propuesta. Hicieron lo posible pero no lograron porque los investigamos primero. Queríamos saber la historia de ellos, por qué esa granja la corrieron del país u otros lugares donde tenían su planta. Lo que descubrimos es el problema de contaminación del agua”. 

La sombra de las coníferas en el ejido de Coyotepec detiene a los ejidatarios a tomar aire y un pequeño descanso. Antes de sumergirse en el bosque que reconstruyeron hace 15 años, con la campaña de reforestación que impulsó Héctor Domínguez Pérez, todos hablan y aportan un poco a la historia local de Puebla. 

“Lo que nos enteramos después de investigar a la Granja Carroll, que es foco de contaminación para el valle y la comunidad. Además, tendríamos la granja a 200 metros de distancia. Aquí no hay enfermedades, porque cuidamos nuestro bosque, el agua y el medio ambiente”, interviene Artemio Domínguez Ramos.  

“La primera batalla la ganamos fácil –amplía Artemio–, porque GCM vino a la comunidad a presentarnos el proyecto. Esto permitió organizarnos con los vecinos para evitar que se instalaran. Sin embargo, ahora nos agarraron de sorpresa. Primero compraron parcelas a los ejidatarios y después vinieron con el comisariado de bienes ejidales a intentar sobornarnos para venderles todo”, denuncia.

Para los ejidatarios no es fácil asimilar que su tierra se venda para extender fierros sobre los surcos que ellos labraban cada temporada. Le es difícil entender que los árboles que regaron a cubetas durante años puedan terminar en cenizas en caso de que Ferrosur logre su cometido. 

“El caso de Ferrosur es la misma teoría, la contaminación. Ellos quieren poner vías pegadas al pueblo, primero es el paso. ¿Cómo vamos a pasar para nuestra área de reforestación en el cerro?, aquí está parte de vuestra vida. Ellos al poner esas vías taparían el paso, ya nos tendríamos acceso, vamos a tener que brincar, y lentamente nos vamos a morir. Cuando no podamos caminar veremos cómo nuestro pueblo se convierte en fantasma”, retoma el ex comisario ejidal. 

Con preocupación Héctor Domínguez agrega: “Si ponen las vías en nuestra tierra, se partiría en dos pedazos, como un muro, como el muro de Donald Trump. La vía del tren acabaría con la tranquilidad de este pueblo, acá no hay homicidio desde hace varios años, ni secuestro, ni robo”.  

El ejido se compone de 500 hectáreas de terreno de siembra y 300 hectáreas de bosque de uso común. Con la instalación de la vía del tren ésta tierra quedaría en dos pedazo.

“No tendremos acceso hacia el bosque, porque lo que quieren es asfixiarnos para que finalmente le vendamos todo el cerro y de esta forma acabar con años de resistencia”, agrega Enrique Guarneros. 

El acompañamiento de la comunidad de migrantes Binacionales de Santa María Coyotepec en Los Ángeles, California, permitió que los campesinos emprendieran la defensa de su territorio. Primero lo hicieron en la región y después ante instancia de gobierno, donde no han obtenido respuesta alguna a su demanda. 

Gastronomía poblana en los barrios estadounidenses

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- Gabriela De Jesús dice que la distancia no es limitación para defender el agua y la tierra.

“Desde que llegamos aquí, nos organizamos para apoyar a la comunidad. Antes hacíamos vendimias de comida para la fiesta comunitaria, pero después empezamos a hacer trabajo político con los paisanos”. 

Mientras toma su café en un restaurante al sur de Los Ángeles, la activista habla del trabajo que impulsa con sus paisanos en California.

“Cuando nos enteramos que iban a instalar la Granja Carroll en el ejido de Santa Catarina Villanueva a 200 metros del pueblo de Santa María Coyotepec, nos organizamos para defender el agua, el plan de la Granja era perforar la tierra para ver a qué tantos metros hay agua. Entonces, empezamos a ver qué estrategias nos podía servir”. 

Desde que los campesinos de Santa Cruz Coyotepec se organizaron para impedir que se instalara la granja porcina en su comunidad, los migrantes binacionales impulsaron una campaña. Cocinaron en Los Ángeles los mejores platillos poblanos con el fin de recabar dinero para mandar a México y de esta forma los campesinos siguieron en la resistencia. 

Gabriela lo dice así: “Vimos que el terreno donde querían poner la granja no está en el ejido de Santa María, sino en el ejido de Santa Catarina Villanueva. Así que nos propusimos comprar las parcelas. Así que les dijimos a los campesinos que lo hicieran de manera inteligente, que por dinero no se preocuparan que nosotros les íbamos a mandar y así lo hicimos, gracias a la venta de comida”. 

“Por hectárea –agrega–, los ejidatarios de Santa Catarina pidieron 120 mil pesos por hectárea porque granjas Carol les había prometido 150, 200 mil.  Entonces nosotros dijimos, bueno pues, los compramos, no podemos dar los 200 mil pero lo hacemos por proteger la tierra, por eso, compramos tierras de 120, 100 mil.  La última más barata nos costó 85 mil pesos, solo de esa forma logramos impedir que la Granja se instalara a metros de la comunidad”.

Una asamblea histórica

SANTA CRUZ COYOTEPEC, PUEBLA.- “Nuestra flora y fauna morirían lentamente por la contaminación de Carroll o Ferrosur.  El agua la quieren para contaminarla. Ellos no tienen conciencia de lo que va a pasar con nosotros.  Lo único que quieren es quitarnos la vida a cambio de dinero. Por eso los citamos a esta asamblea, para que ustedes digan qué hacemos, los aceptamos o no, ustedes ayúdennos a encontrar una salida”, Soltó Héctor Domínguez al inicio de la asamblea en febrero pasado. 

Una vez que el ex comisario ejidal expuso los motivos, los 180 vecinos de Santa Cruz Coyotepec, reunidos en el auditorio de uso múltiple de la comunidad, votaron por unanimidad por un No a megaproyectos extractivos en sus ejido o ejidos vecinos, y acordaron impulsar la organización para luchar por la vida y el agua.