La Corte dio el golpe final: Grupo Salinas deberá pagar más de 48 mil millones al SAT tras años de litigios. Con el fallo firme, el gobierno advierte que iniciará procedimientos si el empresario se niega

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Moisés Pablo Nava / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Una larga disputa entre Grupo Salinas y el fisco mexicano llegó a su desenlace. En una sesión que avanzó con precisión quirúrgica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca, dejando firmes los créditos fiscales que suman más de 48 mil 326 millones de pesos. Luego de años de litigios, retrasos y una cadena de impedimentos procesales, el máximo tribunal cerró la puerta a nuevas impugnaciones.

El pleno aseguró que los amparos que promovieron las empresas de Ricardo Salinas Pliego no plantearon cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional, por lo que no fue necesaria su revisión.

La decisión recogió criterios planteados desde 2024 por el ministro Alberto Pérez Dayan y la ministra Yasmín Esquivel; ahora, con el voto mayoritario de Estela Ríos, Arístides Guerrero, Irving Espinosa, Loretta Ortiz y el presidente Hugo Aguilar, se completó el cerrojo.

Al revisar el camino que mantuvo congelada la discusión, los ministros se detuvieron en la estrategia que Elektra desplegó durante meses: una secuencia de impedimentos contra quienes analizaban los proyectos desfavorables para el conglomerado.

Esa dinámica terminó en una multa de 70 Unidades de Medida y Actualización, después de que la Corte consideró que los recursos se usaron para “prolongar artificialmente los procedimientos”. El presidente de la Suprema, Aguilar, resumió el laberinto jurídico en cifras: 28 recursos, 13 reclamaciones, tres solicitudes de atracción, diez impedimentos y hasta conflictos competenciales en un mismo expediente.

Una historia de litigios

La discusión no es un tema nuevo. Los litigios de Grupo Salinas forman parte de una historia más larga.

Entre los casos perdidos ante la Corte, uno de los expedientes más antiguos se remonta a 2008, y no era el único. También, siete años atrás, al comienzo del gobierno anterior, el grupo propiedad de Ricardo Salinas arrastraba juicios desde 2001, según sus reportes financieros.

Durante mucho tiempo, Salinas operó bajo el cobijo del régimen de consolidación fiscal, un mecanismo creado en 1982 que permitió a los grandes empresarios compensar pérdidas entre distintas compañías y presentar un resultado único al SAT. Esto facilitó el uso de compras de acciones y pérdidas en negocios en declive para disminuir la carga fiscal. Y aunque la autoridad nunca señaló a una empresa en particular, sí reconoció que el esquema había sido objeto de abusos.

En Elektra, los efectos se hicieron sentir de inmediato: la mayoría de sus créditos fiscales surgieron durante la administración de Enrique Peña Nieto, tras auditorías iniciadas en tiempos de Felipe Calderón. El adeudo más significativo deriva de pérdidas inexistentes vinculadas a la compra de acciones en 2008, 2010, 2011 y 2012. Ese cúmulo detonó en 2013 un crédito fiscal que inicialmente ascendía a 18 mil 455 millones de pesos, según informes enviados por la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores.

Para 2018, al final del sexenio peñista y en vísperas del cambio de administración, Elektra y TV Azteca reconocían efectos del fin de la consolidación fiscal y un panorama de litigios crecientes. TV Azteca enfrentaba disputas por 5 mil 443 millones de pesos, algunos originados desde 2001; Elektra peleaba 14 mil 8 millones. Era apenas una fracción de los créditos identificados hasta ese momento.

Ese mismo año, mientras se discutían adeudos de grandes empresas, Salinas Pliego se integró al Consejo Asesor Empresarial del entonces presidente López Obrador. En paralelo, compañías como Walmart, BBVA, Modelo, América Móvil, IBM, FEMSA y Grupo BAL comenzaron a anunciar pagos multimillonarios al SAT. El discurso del combate a los privilegios fiscales tomó fuerza y se consolidó en 2020 con la reforma al artículo 28 constitucional, que prohibió las condonaciones y exenciones de impuestos.

Sheinbaum asegura que “no fue por consigna”

Ante esta situación y frente a los reclamos del empresario, que acusa de terrorismo fiscal al gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la resolución de la Corte no responde a presiones políticas, sino a un proceso prolongado que pasó por todas las instancias posibles. Recordó que los créditos fiscales no son recientes: “Ni siquiera son de cuando inicia la cuarta transformación”, dijo, subrayando que se remontan a 2008–2013.

Según la mandataria, quienes argumentan que la Corte actuó por consigna olvidan que el caso tuvo un camino de 15 años: primero en el SAT, luego en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, después en tribunales colegiados y finalmente en la Corte. “Si vas a la Corte es por un asunto constitucional, no por inconformidad con resoluciones anteriores”.

También mencionó lo que pasaría en caso de que Salinas Pliego se negase a pagar: el gobierno iniciará “una serie de procedimientos” legales para garantizar el cumplimiento del adeudo. La presidenta pedirá a la Secretaría de Hacienda detallar los pasos que seguirán tras la notificación formal.