Rufina murió después de dos años de ser forzada a dejar su casa. No es la única. Ya son cinco personas de su comunidad fallecidas, dos murieron por covid-19, pero se han contagiado al menos 25. A pesar de las promesas de Gobernación, los desplazados no pueden regresar a casa 

Texto: Beatriz García / Amapola Periodismo

Foto: Amapola Periodismo 

CHILPANCINGO.- El miércoles pasado, Rufina Benítez Crispín, de 78 años, murió. El diagnóstico médico advirtió  una complicación en los pulmones; pero sus familiares coinciden:  principalmente fue la depresión que le causó no poder regresar a su casa, en la Sierra de Guerrero. después de que dos años atrás unas personas armadas la sacaron junto a otros mil pobladores.

Rufina era originaria de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo. El 11 de noviembre de 2018, ante el temor de ser víctimas de desaparición o asesinato, varias familias –incluida la deRufina– dejaron sus casas; los agresores probablemente ahora las  ocupan.

El caso de Rufina y el de otras víctimas de desplazamiento forzado están documentados por el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que les ha acompañado en su desplazamiento y en sus acciones y gestiones ante los gobiernos para que les den seguridad.

Rufina fue parte de los cientos de desplazados de la violencia en los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala que el 17 de febrero del 2019 se plantaron afuera  del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Exigían  garantías de un retorno seguro a sus casas. Después de 38 días en plantón, firmaron una minuta de acuerdos con el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. Entonces los desplazados se retiraron. Pero esos acuerdos continúan pendientes. 

“Poco a poco la señora Rufina fue cayendo en depresión a consecuencia de no poder regresar a su pueblo. Le dio una infección en los pulmones, su salud empeoró hasta que murió con la esperanza de regresar a su comunidad, sumándose a otras personas más que han corrido la misma suerte”, se lee en un texto que difundió el Centro Morelos.

Promesas de las autoridades

A las familias desplazadas les han prometido en varias ocasiones apoyos y ayuda, primero, para subsistir el tiempo fuera de sus casas, y segundo, que regresarán pronto; hasta fechas les han programado, y siguen en los mismos lugares donde se refugiaron.

Cuando los integrantes del Centro Morelos pidieron apoyo para los gastos funerarios de Rufina, la directora de la Comisión de Atención a Víctimas, María de los Ángeles Haces, dijo que para otorgar el apoyo era necesario demostrar que la muerte era a causa del mismo evento de violencia que le provocó el desplazamiento.

El argumento, supuestamente, lo basan en la Ley General de Víctimas, es decir, que la atención sólo es para las familias de víctimas de desaparición.

Para los defensores de derechos humanos del organismo es sabido que la depresión debilita las defensas, como en el caso de Rufina, y que cualquier enfermedad puede complicarse; aunado a ello se suman las condiciones precarias, con mala alimentación, falta de higiene y poco descanso que padecen los desplazados forzados. Por eso, insisten los defensores, las autoridades siguen violentando sus derechos humanos.

Rufina no es la única desplazada que ha muerto. La información registrada por el organismo defensor de derechos humanos es que ya son cinco personas fallecidas, cuatro mujeres y un hombre. Dos de ellas murieron por Covid-19. 

Además dos mujeres sufrieron abortos, una a los ocho meses de embarazo y otra a los tres meses.

Durante esta pandemia, en total, 25 desplazados dieron positivo a la Covid-19, y el organismo gestionó atención médica.

¿Cuál es el trasfondo de las intervenciones militares en la Sierra?

El Centro Morelos se pregunta por qué el gobierno envía militares a destruir los sembradíos de amapola, pero  no desarticula los grupos armados que han desplazado a cientos de familias de distintas poblaciones de la Sierra de Guerrero.

También cuestiona, y lo hace público en un comunicado: ¿por qué el gobierno federal prefiere crear policías especiales para asegurar la explotación minera y no garantiza los derechos humanos de la población?

En la pregunta está la respuesta. Se han creado policías especiales para cuidar las industrias extractivistas y no para garantizar seguridad a la población en general.

Los desplazados de la Sierra y de otros lugares– Centro Morelos también acompaña a desplazados de Zitlala –continúan fuera de sus casas.

Asilo en otro país

Crescencio Pacheco González, el ex líder de este movimiento de desplazados, hasta salió a pedir asilo político a Estados Unidos.

Desde el desplazamiento, él nunca paró de denunciar públicamente la situación que vivían en la sierra, donde la violencia y amenazas se recrudecían cada vez más. Fueron aumentando las balaceras y después personas irrumpieron en los hogares. Al final éstos se quedaron con sus casas, con sus vidas, con su entorno.

Por denunciar esa situación, Pacheco González recibió  amenazas telefónicas para que se retirara del movimiento. Salió  de México junto con su familia.

Crescencio también participó en el plantón de 38 días del Palacio Nacional, vio morir a algunos de sus compañeros, y a otros enfermarse de depresión y otras complicaciones en la salud provocadas por el desplazamiento forzado.

*Este trabajo fue publicado originalmente en AMAPOLA PERIODISMO, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.