El otorgamiento de permisos fuera de la competencia local para construir fraccionamientos en reservas naturales, tala de árboles y la semi destrucción de un humedal ha sido la constante de gobiernos panistas en Guanajuato y otros estados

Texto y fotos: Fabián Sánchez / Pop Lab

GUANAJUATO. – El impacto ambiental de la construcción del City Center en un predio aledaño a los Cárcamos, en la ciudad de León, no midió los daños ocasionados, además de que el municipio no tenía las facultades para autorizar la edificación, así lo señala la resolución emitida por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del TMEC.

Expertos convocados para la presentación del fallo coincidieron en la clara tendencia de los gobiernos de Acción Nacional para confabularse con mafias inmobiliarias. Además, señalaron que este tipo de obras son realizadas con fines financieros y no por un motivo social.

Tras hacerse pública la respuesta de la CCA, organismo encargado de hacer cumplir la legislación ambiental en los países que conforman el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la organización Acción Colectiva presentó un primer amparo el 24 de junio, con el que busca obtener una suspensión de la obra y posteriormente detenerla definitivamente.

En noviembre del 2016, López Santillana y el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, presidieron la colocación de la primera piedra de un complejo denominado City Center. Para su construcción, el gobierno municipal excedió sus facultades al otorgar un permiso que debió ser concedido por la Comisión Nacional del Agua, al ser el humedal una propiedad federal.

Otro de los señalamientos en contra de la obra giró en torno al daño ecológico que la construcción ha causado en el hábitat, pues la descarga de agua contaminada sobre el humedal provocó la muerte de decenas de peces.

Esta situación provocó la movilización de cientos de ciudadanos, que con reuniones, manifestaciones y conferencias han defendido el humedal a lo largo de siete años.

Hoy la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) confirma una serie de irregularidades sobre las cuales se ha edificado el centro comercial y de negocios, esto se sumaría a otros señalamientos en materia ambiental a la administración del exalcalde.

Los «desarrollos» del panismo

A principios de junio, la tala de 63 árboles en la ampliación del Malecón del Río, provocó una fuerte movilización de colectivos y la sociedad que con una demanda de amparo logró detener la tala de más ejemplares. De acuerdo con el activista y abogado Juan Pablo Delgado, la demanda estuvo sustentada en irregularidades en los permisos otorgados a la administración de Santillana, quien solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se exentara a esta obra de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La determinación de la Comisión para la Cooperación Ambiental sobre el humedal tiene una relevancia que trasciende fronteras al ser una organización internacional creada a la par del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. Dicho organismo es el encargado de vigilar e investigar la gobernanza ambiental dentro de los tres países que conforman el acuerdo.

Durante 4 años, el Colectivo Acción Colectiva y distintos actores de la sociedad organizada agotaron las instancias locales, estatales y nacionales. Sin embargo, ha sido la CCA quien de manera definitiva confirmó que el gobierno municipal de Héctor López Santillana excedió sus atribuciones al brindar permisos fuera de su competencia.

“El lunes 24 presentamos un amparo, además estamos solicitando que suspenda la obra para revisar los permisos que le fueron otorgados a la empresa constructora y en su tiempo pediremos la suspensión definitiva hasta sus últimas consecuencias”, afirmó Gustavo Lozano,integrante de Acción Colectiva.

Esta no es la primera vez que el gobierno de una administración municipal concede permisos fuera de sus atribuciones, a finales del 2019, habitantes de la sierra de Santa Rosa en Guanajuato capital, denunciaron la construcción ilegal de Cucursola, fraccionamiento propiedad del panista Sergio Barba, exdiputado federal y sobrino de Rafael «Gallo» Barba, compadre de Miguel Márquez, quien bajo el amparo del alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, inició su edificación.

Estas prácticas realizadas entre inmobiliarias y los gobiernos locales no se han limitado a Guanajuato; también se han visto replicadas en Aguascalientes, en donde el alcalde Leonardo Montañez y la gobernadora Teresa Jiménez, ambos de extracción panista, otorgaron permisos a Grupo San Cristóbal para la construcción de un fraccionamiento en medio del Bosque de Cobos, uno de los principales pulmones de aquella entidad.

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Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.