En la mayoría de los estados, las mujeres aún no tienen derecho a abortar, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia declaró en 2021 que es un derecho fundamental.

Texto: Mely Arellano / Lado B
Fotos: Marlene Martínez

PUEBLA. – En septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el derecho fundamental de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo. Fue una sesión histórica, pues se trató de la primera vez que en un tribunal de ese nivel en toda América Latina se habló del derecho a interrumpir un embarazo. 

“Este logro es de una extraordinaria trascendencia, pero quiero decirlo con toda claridad, no es un mérito de la Suprema Corte, este logro es mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta Marea Verde de niñas, chicas, jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos. El logro y el mérito es de todas ellas”, dijo el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

En efecto, las organizaciones feministas han encabezado esta lucha desde hace décadas, sin embargo, a pesar de ello y del reconocimiento de la SCJN, el derecho al aborto se sigue negando en 23 entidades federativas, pues a la fecha solo en 10 se ha dejado de criminalizar la interrupción del embarazo. 

Desde 2009 en la Ciudad de México es posible abortar voluntariamente hasta la semana 12 de gestación, pero tuvieron que pasar 13 años antes de que ocurriera lo mismo en Oaxaca, 14 para que sucediera en Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima; y 15 para que se sumaran Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.

El resto de los Congresos locales deliberadamente siguen rechazando reconocer este derecho, y nadie —en teoría— puede obligarles a lo contrario. Además, el tema ha sido capital político negociable en el contexto coyuntural de cada estado: el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio. 

Y mientras en los estados se mantiene esa omisión, las mujeres siguen abortando, las jóvenes siguen tomando las calles, y las organizaciones feministas, cada una con sus estrategias, sus alcances y sus obstáculos, siguen resistiendo, sosteniendo la lucha por un derecho que pone en el centro la autonomía plena de las mujeres y su libertad para decidir. 

El poder de decidir

Para el movimiento feminista, el derecho al aborto es importante porque “es el reconocimiento principalmente de nuestras autonomías, de nuestra autodeterminación como personas para poder decidir sobre nuestro cuerpo”, dice Estefany Lomelí Guerrero, oficial de acompañamiento de Fondo María, una organización que ayuda a mujeres de otros estados a acceder al servicio de aborto en la CDMX.

Y agrega: “el cuerpo es este primer territorio que habitamos; parece una frase muy trillada pero tiene todo el sentido del mundo, y aunque pareciera obvio que el cuerpo nos pertenece desde que nacemos, al ser mujeres también es el primer espacio que se nos confisca, es el primer espacio en el que dejamos de tener autonomía y no podemos elegir qué ocurre y qué no ocurre en él”.

Porque, a diferencia de los hombres, las mujeres no podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Gabriela Moreno Valle Bautista, abogada especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y académica en el Tec de Monterrey campus Puebla, lo explica así: “las leyes son androcentristas, el hombre sí tiene libertad absoluta de todo, ¿qué le podríamos limitar al santo varón? —dice con sarcasmo—, nada, no hay ninguna ley que limite sobre todo sus derechos sexuales, las limitadas somos nosotras”.

Verónica Cruz, directora de la organización guanajuatense Las Libres, pionera en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, considera que se trata también de un asunto simbólico, porque “si las mujeres podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, podemos decidir todo allá afuera”. 

Para ella, tener derecho al aborto “significa nada más y nada menos la libertad, la autonomía, la independencia en todos los aspectos de la vida de las mujeres, porque no se trata solo de la reproducción biológica, sino de la reproducción social, que es el trabajo no pagado de las mujeres, el cuidado y crianza de los hijos, el trabajo doméstico, en realidad por eso tiene tanto peso, y por eso tanta dominación y tanta manipulación para que no pase, porque si las mujeres podemos decidir en lo político y lo económico, estaremos disputando el poder”.

Moneda de cambio 

En noviembre del 2020, los Congresos de Puebla y Quintana Roo fueron tomados pacíficamente por colectivas feministas que demandaban la despenalización del aborto en esos estados. Aunque la acción atrajo los reflectores nacionales, la presión no fue suficiente para lograr el cometido.

Y es que según la experiencia de las organizaciones, el tema del aborto requiere un cálculo político, pues su legalización tiene un costo, o al menos así lo asumen los partidos, incluso los que se denominan de izquierda. Rocío García Olmedo, exdiputada poblana, tiene otra opinión: lo que falta es voluntad. 

“Un costo político que siempre han achacado pero que no hemos podido comprobar, y en muchos momentos pareciera que ya es un mito, es que los partidos que apoyen los derechos humanos de las mujeres, la ciudadanía va a votar contra ellos, es el gran mito, pero cómo se comprueba si nadie se atreve a correr ese riesgo”, dijo en entrevista para LADO B.

Hasta ahora, el único riesgo registrado que sí han corrido diputados y diputadas locales ha sido el señalamiento de “asesinos” por parte de grupos opositores a la despenalización del aborto. Le sucedió a Susana Ángeles, exdiputada de Morena en Hidalgo, contra quien lanzaron propaganda durante su campaña para la alcaldía de Tizayuca por haber votado a favor de una iniciativa pro aborto, pero eso no le impidió llegar a la Presidencia municipal.   

En Sinaloa, a la diputada Francisca Avelló (Morena), esos mismos grupos la amenazaron de muerte y otros compañeros fueron señalados de “homicidas”. Se trata de grupos que muchas veces están organizados y patrocinados por organizaciones vinculadas con las Iglesias Católica y Evangélica y con el PAN.

“Es que somos moneda de cambio”, apunta Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social AC (CAFIS), una de las voces más escuchadas en el contexto feminista poblano, que lo mismo dialoga con diputadas y trabaja con funcionarios, que se trepa al toldo de un auto, megáfono en mano, para arengar una marcha. 

Y recuerda lo que sucedió en el 2009 en Puebla, cuando durante el gobierno del priista Mario Marín prosperó la “protección de la vida desde la concepción”, una ley impulsada por la ex primera dama Margarita Zavala con el apoyo de diputados, senadores, y el visto bueno del cardenal Norberto Rivera e incluso del papa Benedicto XVI, que se aprobó también en otros 19 estados del país como respuesta a la despenalización del aborto en CDMX, entonces Distrito Federal. 

“(Marín) la pasa para congraciarse con el gobierno federal, con Felipe Calderón y su partido (PAN), porque tenía el pleito encima por lo que había pasado con Lydia Cacho –se refiere a la detención de la periodista en diciembre del 2005–. La presentó el PRI esa ley, ahí nos quedó clarísimo que el tema era una moneda de cambio y lo fue otra vez con los gobiernos que siguieron”, recuerda Natalí.

Y es que en México, a diferencia de Argentina , no se puede despenalizar el aborto desde el Congreso federal, aquí forzosamente debe pasar por las Legislaturas estatales, donde se convierte en un asunto de voluntad política.

Porque aunque en teoría los Congresos locales son autónomos, en la práctica el visto bueno del gobernador o la gobernadora es requisito para el buen camino de cualquier reforma. 

En Veracruz la despenalización no fue una casualidad, sino resultado de un cálculo político: el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, estaba de acuerdo.

“Y si no fue un obstáculo es porque le convenía que a nivel nacional se hablara del estado como un referente en cuanto al avance en los derechos de las mujeres, es algo que también necesitaba a nivel estatal”, revela la activista Araceli González, fundadora de Equifonía, una organización que defiende el derecho a decidir en esa entidad.

En Hidalgo, por otra parte, el mismo Congreso que primero rechazó la despenalización del aborto, la aprobó un poco antes de terminar su periodo. ¿Por qué? Por así convenirle al gobernador, y a la mayoría de diputados y diputadas en el contexto político, según explica Adriana Jiménez Patlán, representante en Hidalgo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), una organización con presencia en 12 estados del país que hace acompañamiento a las mujeres para el acceso al aborto legal y seguro.

Esta ha sido una dura lección que las organizaciones han tenido que aprender, por ello aunque se mantienen atentas a la coyuntura política que les permita deslizar el tema, también se han centrado en desarrollar otras estrategias alejadas del cabildeo o, como lo dice Adriana, “no pongamos todas nuestras canicas en el Legislativo”.

El diálogo como estrategia

Suena a una obviedad, pero cada estado tiene un contexto diferente. Lo que funciona en uno, puede ser un fracaso en otro. En Guanajuato, ubicado en el Bajío e históricamente gobernado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), las organizaciones saben que es un despropósito intentar la legalización del aborto.

En cambio, han trabajado con el sector Salud y la Fiscalía, capacitando y sensibilizando a su personal.

“El hecho de que el aborto esté legalizado en otros lados no les preocupa [a la clase política] en Guanajuato, pero sí el escándalo de que sea el estado más violador de los derechos de las mujeres, eso sí, porque saben que las mujeres votan más, ahora hay más liderazgos en el tema de género, el feminismo juega otro papel político, si se trata de votos, sí le piensan”, dice Verónica Cruz, directora de Las Libres. 

Esa misma estrategia funcionó también en Hidalgo, por eso dos meses después de que se despenalizó el aborto, en julio del 2021, ya se habían atendido 30 procedimientos en el sector de salud público. 

“Tenemos aproximadamente 15 años trabajando en Hidalgo y aunque estábamos empujando la despenalización del aborto desde siempre, nuestra estrategia fue cómo hacer que operen también otras maquinarias para empezar a cambiar las cosas: hicimos mucho trabajo con Secretaría de Salud del estado, de capacitación, sensibilización, con la comisión de Derechos Humanos, con el Instituto de las Mujeres, porque aunque nos llamaban para hablar de juventudes, aprovechábamos para hablar de aborto, [nos decían] que ‘queremos una sensibilización de qué es la perspectiva de género en salud’, sí, pero le metíamos aborto”, recuerda Adriana Jiménez Patlán.

Sin embargo, esa misma estrategia no funcionó en Puebla cuando se aprobó la ley para “defender la vida desde la concepción”, pues además de la violencia contra Lydia Cacho, se desataron otros escándalos, como el alto número de mujeres desaparecidas -en una época en la que las desapariciones no eran comunes-, y la acusación de una compra fantasma de condones por 77 millones de pesos, que hicieron a las organizaciones alejarse de la posibilidad de diálogo con el gobierno del priista Mario Marín.

“Es muy difícil intentar armonizar todo –apunta Natalí Hernánez–, siempre era mi sensación que teníamos que alcanzar a la CDMX, queríamos copiar sus pasos y dejábamos de mirar las articulaciones locales. Tuvimos que romper con esta idea de homogeneizar el movimiento feminista”.

Entonces hicieron lo que hasta entonces no habían hecho y se volcaron a las calles, abriendo paso a la nueva generación, esa que en noviembre del 2020 se atrevió a tomar el Congreso metiéndole presión al Congreso y al propio gobernador Luis Miguel Barbosa, de Morena. Aunque fue una presión que se convirtió en pugna y se opuso en todo momento a dar el visto bueno a la despenalización.

“Fue su manera de decir no me van a ganar, no va a ser cuando ustedes quieran y en ese sentido me parece que sí es un mensaje político muy fuerte”, reconoce Natalí. 

Despenalización social 

Si hay algo que han entendido las organizaciones es que para lograr la despenalización del aborto, y garantizar el derecho a decidir hay que demostrarle a los Congresos locales que la sociedad está lista para ello. ¿Cómo? Echando abajo los estigmas, lograr la “despenalización social”, como dice Verónica Cruz.  

Y para eso propone dejar de centrar el tema en la criminalización de las más pobres y poner la mirada en el derecho de las mujeres. 

“A veces la narrativa termina siendo lastimosa, o fatalista, o de ‘pobrecitas’ porque mueren, casi siempre se argumenta la mortalidad materna, pero hoy las redes de acompañamiento hemos hecho un trabajo increíble en este país para que disminuya la mortalidad materna asociada al aborto”.

Y sí: del 2002 al 2018, en Guanajuato las muertes maternas atribuibles por aborto se redujeron en 100 por ciento.

En opinión de Verónica, hay que dejar de exigir el derecho al aborto o el derecho a decidir en nombre de las que mueren, y hacerlo por las que viven, porque son muy pocas las que mueren en abortos clandestinos, porque desde hace tiempo lo clandestino dejó de ser inseguro, precisamente gracias a las mujeres que acompañan a otras para abortar con medicamentos.  

“Estas narrativas tienen que ver con que el feminismo no logra hablarle al conjunto de la población. A la gente se le debe poder decir las cosas como adultas, como seres pensantes que toman decisiones, porque [el aborto] es un derecho de las mujeres [y hay que] centrar el poder en las mujeres, en la decisión de las mujeres”, insiste la fundadora de Las Libres.

En el año 2000, la organización convocó a una marcha por el aborto, cuando marchar por esa razón no era una cotidianidad, y fue un éxito gracias a la socialización de un discurso que le hablaba a la gente.

“No le hablamos al feminismo, le hablamos a la población. Y hay una foto de un paletero que nos dijo: pónganme una cartulina y la voy a llevar a todas las calles donde voy a vender, porque quiero que mi hija pueda decidir. Esa foto representa eso: cómo todo el mundo, hombres, mujeres, los que iban pasando decían ‘esto no puede estar pasando, cómo es posible que yo no sabía’. Logramos indignación social diciéndole a la gente, que estar en contra [del derecho al aborto] no es cierto que no le jode a nadie, jode a mujeres concretas”.

La Marea Verde

Desde 2018, progresivamente en todos los estados del país, las jóvenes comenzaron a inundar las calles y a pronunciarse a favor del aborto, contagiadas e inspiradas por la Marea Verde, el movimiento argentino que tomó las calles con sus pañuelos, sus pintas, sus marchas y su furia.

Para Adriana Jiménez Patlán, esa nueva generación de jóvenes aguerridas fue una bocanada en Hidalgo, porque tomaron las calles y forzaron un cambio en el discurso y la iconografía. Con su irrupción, en los medios de comunicación dejaron de verse tantos fetos y panzas, para dar lugar a los rostros maquillados de verde, los pañuelos y el glitter.

“En Pachuca [la capital de Hidalgo] nunca había habido movilizaciones y hace 3 años que hay movilizaciones fuertes, ahora vemos ríos de chavas, adolescentes incluso, que ponen esto (el aborto) sobre la mesa”, dice Adriana, aunque también lamenta que las jóvenes de la Marea Verde no quieran trabajar con las instituciones.

“La nueva generación llegó con muchas cosas que ya estaban puestas –opina Natalí Hernández–, ya saben que se puede tomar la calle, muchas lo hacen sin miedo a lo que pase, ya usan los espacios, pero no saben cómo se logró o desde cuándo se ocupan”.

Por su parte Verónica Cruz y Araceli González lamentan que la versión mexicana de la Marea Verde parezca carente de análisis político. 

“(la Marea Verde) Es una falacia argumentativa: primero las mujeres y luego las paredes. No tiene que ver una cosa con otra, y nos parece que muchas de las respuestas son desahogos que dejan de lado el fondo de una problemática”, dice Verónica.

Para Natalí, la actitud de la Marea Verde se justifica en el contexto: “Ahora las morras se organizan para pintar, para intervenir, para destruir, están emputadas por un chingo de cosas, hay un montón de frustraciones ahí mezcladas, no sólo con el asunto del aborto, sino con la sostenibilidad de la vida en general, ya no hay más ilusión, sólo quieren ver el mundo arder”.

Lo que falta, propone Adriana Jiménez, es reconocer a las generaciones de mujeres que han participado en 30 años de lucha por la despenalización del aborto. Y para ello es importante recordarlas y contar la genealogía feminista de cada estado, del país y del mundo:

“A la mejor las adolescentes no saben de dónde viene el pañuelo verde, hay que hacer la genealogía feminista y decirles dónde se unen los movimientos de las Madres de Plaza de Mayo y las abortistas en Argentina, y cómo sale algo tan poderoso como el pañuelo verde que impacta en toda América Latina. Porque cuando decimos América Latina será toda feminista no es una mentira, el movimiento es regional y está permeando”.

*Este trabajo fue publicado originalmente por LADO B, quien forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.