La cooperativa Pascual enfrenta una nueva amenaza: el aumento al IEPS y las restricciones regulatorias ponen en riesgo su viabilidad, mientras revive una historia marcada por la resistencia obrera y la defensa del control colectivo frente a la concentración de la industria refresquera

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Miriam Sánchez / Archivo Cuartosuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Refrescos Pascual, una cooperativa de trabajadores mexicana emblemática, surgida a partir de una huelga en la década de 1980, enfrenta el riesgo de una crisis severa debido a los cambios fiscales y regulatorios que se avecinan en la industria de bebidas. La empresa cuenta con más de 40 años de operación, alrededor de 4 mil trabajadores y 785 socios cooperativistas.

El próximo aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que entrará en vigor a partir de 2026, representará para la cooperativa un costo adicional estimado en 600 millones de pesos, de acuerdo con su dirección. Esta carga fiscal se suma a la prohibición, vigente desde 2025, de vender bebidas con alto contenido calórico o azucarado en las escuelas.

Pese a su trayectoria, Pascual mantiene una participación de mercado cercana al 1.8%, muy por debajo de la concentración que ostentan grandes refresqueras transnacionales como Coca-Cola y Pepsi.

Las nuevas condiciones obligaron a la empresa a detener una inversión de 900 millones de pesos, destinada a la construcción de una planta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, proyecto que buscaba fortalecer su expansión hacia el norte del país y el mercado estadounidense.

Por su parte, competidores como Coca-Cola han ajustado su estrategia, incluida la pausa en la construcción de tres centros de distribución, para concentrarse en bebidas sin azúcar y en eventos de alto impacto comercial como el Mundial de Fútbol 2026.

Como respuesta, Pascual lanzó Néctasis, una bebida sin azúcar añadida ni sellos de advertencia, con la que busca mantenerse en el mercado ante un entorno fiscal más restrictivo y una competencia altamente concentrada.

La guerra de los patos: crónica de una empresa en manos de sus trabajadores

Esta no es la primera vez que la refresquera enfrenta desafíos que ponen en juego su continuidad. Su historia está marcada por la resistencia y organización de sus trabajadores.

En 1982, durante el último año del gobierno de José López Portillo y en medio de una profunda crisis económica, los trabajadores de Pascual iniciaron una huelga que, tras años de lucha y presión social, daría origen a la Cooperativa Pascual.

El conflicto comenzó luego de la negativa de Víctor Rafael Jiménez, entonces dueño de la empresa, de aplicar un aumento salarial decretado por el gobierno federal como medida para mitigar la crisis financiera que atravesaba el país.

En respuesta, los trabajadores se organizaron y establecieron alianzas con organizaciones obreras, como el Partido de los Trabajadores Mexicanos, encabezado por Demetrio Vallejo y Heberto Castillo, quienes jugaron un papel clave en la orientación del movimiento.

El 18 de mayo de 1982 estalló formalmente la huelga. Los trabajadores se apostaron sobre Insurgentes Norte para impedir el ingreso a la planta ubicada en la colonia Lindavista, logrando paralizar por completo las actividades.

Durante dos semanas las puertas permanecieron cerradas, hasta que el 31 de mayo arribaron golpeadores, encabezados por Víctor Jiménez, con el objetivo de romper la huelga mediante la violencia. Ese día murieron dos trabajadores: Álvaro Fernández García, atropellado por una camioneta, y Concepción Jacobo García, asesinado por Francisco Barragán, escolta de Jiménez, quien le disparó por la espalda. Horas después, elementos del cuerpo de granaderos llegaron para resguardar el inmueble.

Lejos de desarticularse, la lucha se intensificó. Los trabajadores emprendieron una campaña de difusión en calles, camiones y centros laborales, lo que les permitió ganar el respaldo y la solidaridad de amplios sectores de la sociedad mexicana.

La imagen del pato Pascual portando una bandera rojinegra inundó la capital, mientras la huelga se prolongó por más de tres años, marcada por despidos, hostigamiento empresarial y una constante represión institucional durante las movilizaciones.

En 1984, pese a que el gobierno ordenó un aumento salarial, la empresa cerró sus puertas como medida para desacatar la resolución. Ante ello, los trabajadores embargaron la maquinaria conforme a derecho y tomaron control de la fábrica. Un año después, en 1985, se consolidó formalmente la cooperativa.

Tras el cierre forzado, el 17 de mayo de 1985, los trabajadores emprendieron la llamada Operación Aguascalientes, que consistió en trasladarse a ese estado con ocho camiones para recuperar productos y reinsertarse en el mercado. La operación fue exitosa y permitió a Pascual retomar actividades bajo un modelo basado en la democracia interna y la solidaridad, hoy nuevamente amenazado.