El Corredor Interoceánico profundiza las desigualdades y las violaciones a derechos de los pueblos indígenas en el Istmo, de acuerdo con la reciente misión de observación que realizaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales

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Oaxaca se convirtió en el estado más peligroso para defender el territorio y la región del Istmo tiene el mayor número de violaciones a derechos humanos o asesinatos a defensores del territorio. Estos datos encendieron una alerta. No hay de otra, son evidentes los daños que provoca la construcción del Corredor Interoceánico.

Una misión de observación visita el Istmo mientras el gobierno federal y aspirantes presumen de una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas. Son 23 organizaciones nacionales e internacionales, académicos y periodistas que documentan en campo las quejas de quienes exigen ser escuchados, informados, respetados en las decisiones que toman: los más agredidos, integrantes de pueblos indígenas.

¿Dónde queda esa relación “nueva” del Estado con los Pueblos Indígenas? Cinco años después de la entrada de supuestas consultas sobre el megaproyecto, la misión de observación constató que las repercusiones sociales se profundizan con la división de pueblos, familias entre quienes lo quieren y no, la desigualdad de quiénes pueden acceder a los programas sociales o a los trabajos generados, la discriminación de quienes están a favor o en contra.

De acuerdo con la organización Servicios para una Educación Alternativa EDUCA Oaxaca, En los primeros seis meses de la administración del morenista Salomón Jara, 41 personas defensoras fueron violentadas en sus derechos. La mayoría son de comunidades indígenas de territorios zapotecos, mixes y triquis. 

De diciembre del 22 a mayo del 23, EDUCA registra 59 agresiones en todo el estado a defensores de derechos, pone énfasis que en el Istmo son los pueblos indígenas los más agredidos. Esto, sumado a la criminalización de los defensores del territorio y la militarización de la zona, unió a las 23 organizaciones para realizar una misión de observación.

EDUCA participó en la misión. En entrevista, Neftalí Reyes cuenta que dos objetivos lograron unificar tantas organizaciones:

“Creo que hay dos dos objetivos que nos articularon y nos hicieron participar en esta misión. Un primer objetivo o una primer condición que vimos en la región es el incremento alarmante de agresiones contra personas defensoras, producidas principalmente por la Guardia Nacional. Y la criminalización, porque existen carpetas de investigación contra defensoras y defensores del Istmo de Tehuantepec y por los discursos que se emiten desde la presidencia ella es legitimando el trabajo que realizan las personas. Es importante decir que pudimos documentar que el trabajo que están realizando es un trabajo legal, pacífico y legítimo, que contrarresta fuertemente ya en la realidad, en la práctica los discursos emitidos desde la presidencia”. 

Con estos objetivos coincide Citlali Hernández Saad, coordinadora en México de la organización Indigenous Peoples Rights International:

“Nos preocupamos mucho, para empezar, que todas las comunidades que están siendo afectadas son comunidades indígenas. Los cuatro puntos que visitamos –que no era un objetivo de visitar solo comunidades indígenas– coincide que todas son comunidades, cuyos integrantes han estado presentando las mayores agresiones”.

Citlali detalla que la misión documentó la violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al territorio, a la libre determinación, a la autonomía y el nulo respeto a los tratados internacionales que el Estado ha firmado a nivel constitucional. Además, en campo les tocó la inspección de dos patrullas de la marina en la asamblea. Es evidente la tensión que causa el incremento de la militarización. 

“Por eso es tan importante hablar de la parte histórica, me recuerda mucho a lo que está en los acuerdos San Andrés, planteando la construcción de una relación respetuosa entre el Estado y los pueblos indígenas, eso es la esencia. Lo que los pueblos indígenas han estado exigiendo durante todos estos años es que los traten con dignidad, es que haya una relación de respeto, como dicen los yaquis: de gobierno a gobierno”, asegura Citlali. 

Citlali cuenta que el primer día de la misión, en la asamblea comunitaria de Mogoñé Viejo, llegaron dos patrullas de la Marina. Tomaron fotos. De acuerdo con su expertis, esto es un abuso del uso de la fuerza: “No hay que olvidar que hay una ley y hay un derecho internacional que regula el uso de la fuerza. El primer ejercicio del uso de la fuerza es la presencia. La presencia tiene un fin inhibitorio”. En este caso no había ningún delito que inhibir. 

Neftalí Reyes, colaborador de EDUCA, asegura que con “la falta de información por parte de las autoridades correspondientes y la consecuente militarización de la región, el proyecto interoceánico está generando una reconfiguración del territorio en el Istmo de Tehuantepec sin precedentes”. Ya hay cambios en las dinámicas de la sociedad. A quienes más perjudican es a los campesinos, por ejemplo con el acceso al agua.

“Lo podemos ver en la construcción o en la modernización del tren o la construcción de carreteras… con la preparación legal y social para la instalación de los polos de desarrollo, esto sin una participación plena efectiva de las comunidades involucradas”. Neftalí recalca que a cinco años de haber iniciado el megaproyecto, los pueblos no cuentan con información suficiente.

Expresa con preocupación: “las decisiones están siendo tomadas por grupos de poder, o ligados al crimen organizado, o por grupos ligados a empresas, o por grupos de poder ligados a poderes fácticos, sin que la ciudadanía del Istmo tenga la información suficiente para tomar decisiones respecto a sus territorios. Esto no podría suceder en un Estado de Derecho o en un estado que en la vía del discurso dice reconocer los derechos de los indígenas… pero en la práctica está generando las condiciones para vulnerar estos derechos”.

La visión del territorio está pasando de lo individual a lo colectivo, de lo comunal a lo privado, con esta reconfiguración. 

La misión documentó los agravios en los pueblos ñuu savi (mixteco), binnizá (zapoteco) y ayuujk (mixe) que provoca el Corredor Interoceánico a través de sus distintos proyectos, la modernización de las vías del tren, la ampliación de la autopista, la construcción de infraestructura como los polos de desarrollo, las construcciones en el puerto de Salina Cruz. 

De acuerdo con Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de Front Line Defenders, hay una urgencia de voltear a ver las violaciones a derechos humanos que está generando el megaproyecto. Eso facilitó que pudieran organizar la misión. Es un modo de acuerpar a las personas en riesgo y criminalizadas.

Sandra Patargo asegura que estas acciones también pueden funcionar de manera preventiva para detener las agresiones en territorio ante el avance del megaproyecto: “es un riesgo importante y latente el que se está viviendo en las comunidades indígenas, con las personas defensoras que viven ahí. Estamos en un contexto único y particular, porque después de tantos intentos de sexenios pasados de impulsar un megaproyecto de tal magnitud… Esta es la primera vez que está avanzando”, lamenta. 

Sandra asegura que la organización de los pueblos es un horizonte de esperanza ante el riesgo que profundiza el avance del Interoceánico en medio del contexto preelectoral. 

Aquí puedes ver el informe de la misión, que estuvo en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.

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