En entrevista, el periodistas Luis Roberto Castrillón, creador de  #ElEditorDeLaSemana desmenuza las fallas en las que incurrieron, no solo los servidores públicos, sino también los medios y periodistas al difundir las fotografías del crimen. Parte de una premisa: «La libertad de expresión no puede pasar por encima de los derechos de otros»

Texto: María Fernanda Ruiz

Foto: Saúl López / Cuartoscuro

Ingrid Escamilla fue brutalmente asesinada. Las fotos del crimen de odio fueron filtradas a la prensa, periódicos de nota roja publicaron las imágenes del vuarpo mutilado, medios digitales, páginas de Facebook y usuarios de Twitter y Whatsapp compartieron las fotos. Todo, a pesar de que la publicación y distribución de las imágenes son un delito que atenta contra la dignidad de Ingrid y su familia. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué hacer ante esta violación a los derechos humanos?

El periodista Luis Roberto Castrillón, creador del blog #ElEditorDeLaSemana, dedicado a combatir las noticias falsas y la desinformación en el era de la postverdad, desmenuza cada una de las fallas de la publicación y distribución de las imágenes.

La primera: es un delito cometido por servidores públicos, ya sea el ministerio público, el médico forense o policía, quien haya estado en el lugar, tenga acceso a las imágenes y las haya entregado a periodistas.

“(Quien filtró las fotos) está incurriendo en una violación a las propias leyes de la institución a la que representa, y a la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Porque está vulnerando material que no debe ser público, a menos que por necesidad del caso, un Juez de Control diga al Ministerio Público que se exponga y publicite material porque es para el interés de la investigación” explica Castrillón.

Pero los servidores públicos no fueron los únicos que fallaron.

La ética, lo humano de nuestro trabajo 

Para el periodista lo que tiene que ver con la ética y la deontología es lo humano de nuestro trabajo. La labor periodística pasa también por conocer los marcos legales y reconocerlos para poder incluirlos en nuestras narrativas.

“Nuestro trabajo lo concibo como una herramienta de uso social, la gente lo utiliza para poder tomar decisiones, para poder comprender el entorno que les rodea, entonces tenemos una responsabilidad enorme, con la sociedad en general”, explica.

Castrillón ve ésta responsabilidad desde dos frentes: desde la moral kantiana, del «deber ser»,, aquello que debemos promover y procurar, que en el caso de las filtraciones sería el respeto por otro ser humano; y por otro lado, a partir de lo que propuso Theodor Adorno, «lo que ya no debe seguir ocurriendo, lo que ya no debe pasar». Como ejemplo, Castrillón explica que no podemos seguir violando y pasando por encima los derechos de las personas. 

“Una persona que me decía: ‘revictimizar a los muertos, no mamar’, pues según su entendimiento, los muertos ya no tienen derecho. Lo único que le pedí es que leyera la Ley General de Víctimas. Es cierto que hace 20 años no existían derechos que ahora tienen las víctimas, e incluso aquellos que cometen delitos, pero son derechos que existen y que los periodistas tenemos que conocer y reconocer».

Segunda falla: lo legal

La difusión de las imágenes de la víctima no sólo es un problema ético, también es un delito. Castrillón recuerda que existe una Ley General de Víctimas que ampara los derechos de una persona fallecida en caso de ser víctima de un delito. Amplia no solo el derecho de la víctima sino el marco de protección a familiares directos e indirectos también reconocidos como víctimas.

Además de la Ley General de Victimas, el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que los medios de comunicación no deben fomentar la violencia contra las mujeres y en la fracción XI se menciona que quienes no cumplan con esa estipulación deberán ser sancionados.

— ¿Qué sucede entonces con la foto publicada de Ingrid Escamilla?

— Estamos vulnerando la a ella, a sus familiares directos, padres, madres, hermanas y a familiares indirectos incluso. Aunque no los veamos ellos están siendo expuestos a volver a ver una y otra vez las imágenes de ella y esta es la última imagen con la que se quedan, es decir, ellos pueden tener una colección de fotografías de ella en distintas facetas pero obviamente la parte de esa imagen más traumática es la que se va a superponer en la mente de ellos. Siempre nos acordamos más de lo negativo que de lo positivo.

— Entonces, ¿incurrieron reporteros, editores, periodistas, en una violación a la ley?

— Sí, definitivamente. 

— ¿Quiénes son los responsables de haber puesto las imágenes ahí?

— Primero que nada los servidores públicos. Y en segundo lugar los periodistas. Porque las imágenes no se las enviaron al señor blogguero equis. Se la enviaron a los medios periodísticos, ellos la subieron a la red y entonces empezó a correr este reguero de infamia en contra de las víctimas y las víctimas indirectas.

El terreno digital

Las filtraciones no sólo se difundieron en portadas de impresos, también circularon en Facebook, Twitter, WhatsApp y medios digitales. Aparecen cuando escribes su nombre en el buscador.

Por eso, Castrillón sostiene que no podemos dejar fuera el terreno digital de la reflexión.

“Facebook, que sigue insistiendo en no reconocer que es el gran editor, porque es un espacio de contenidos y de notas y Facebook modera lo que se publica o no. Poque tú pones una foto de un busto desnudo con pezones expuestos y  te la bloquean, pero suben las fotos de Ingrid y solo las enmascaran y dicen.’ el contenido de esto puede ser agresivo, quiere verlo, de click aquí’… ¿Eso si lo puedo ver? Esas son las imágenes que la memoria digital contemporánea, está guardada, esa memoria digital colectiva ahora están ahí las fotos de Ingrid. Y no son fotos de Ingrid sana, viva, esa imagen de no está, está la imagen de Ingrid destrozada y además está cargada con un mensaje negativo en el cual se le responsabiliza de lo que le ocurrió”

Por eso, dice, es una falacia que el Internet es un espacio “libre”, y en ese sentido todas las personas que están compartiendo en Internet las fotos son responsables e incurren en un delito.

Castrillón lo pone de este modo: Internet es un espacio donde convergemos persona;, las personas somos parte de una sociedad con leyes, y por lo tanto, Internet debe respetar las leyes de cada territorio.

El falso debate de la libertad de expresión

La libertad de expresión no puede pasar por encima de los derechos de otros. Castrillón explica que se trata de un derecho limitado, no de un derecho absoluto y sus límites en México los marca la propia Constitución.

“En otras ocasiones me ha tocado que colegas que trabajan en la nota roja me dicen: ‘estás atentando contra la libertad de expresión’. Y la respuesta me la tengo súper ensayada: El artículo sexto (de la Constitución) tiene más de un párrafo y lo que dice es que sí, nadie puede vulnerar mis ideas y mi derecho a informar, pero luego tiene una coma condicional que dice: “’salvo en caso de vulnerar otros derechos o los derechos de terceros’”.

La mercantilización del dolor

Luis Roberto Castrillón ve una resistencia al cambio en editores y reporteros, que siguen vulnerando derechos en nombre de la libertad de expresión y a reconocer la responsabilidad y uso social de su profesión. 

“Me parece que el uso de la imagen de Ingrid es una expresión explícita de violencia, de abuso post mortem, con intereses de mercantilización. Es lo que hicieron. Muchos editores y reporteros lo entienden, con base en lo que leo. me parece que no son tontos, que lo entienden, y entonces viene lo peor: no les importa. Hay conocimiento de la ley pero hay una resistencia a someterse a eso bajo el argumento de ‘me quieren censurar y la libertad de expresión me ampara’. Es un clásico caso de editores y reporteros viejos para lectores viejos. Y dicho con ese género, porque es un rollo de hombres que, o no entienden que las cosas ya cambiaron, o que aún entendiéndolo no lo quieren aceptar porque así aprendimos'».

A ellos, dice no les está importando el dolor. Lo que se hacen es «una mercantilización del dolor a través del abuso y la violencia”.

¿Qué hacer?

Como el pedagogo que es, para Castrillón la respuesta está en la profesionalización: es necesario capacitar a reporteros sobre los marcos legales, para empezar.

Tenemos que aprender también A ponderar el contexto. medir, cuál es el impacto que puede tener lo que vamos a publicar. No es una utopía, dice el periodista,

“Hace años no éramos duchos para encontrar información y de repente empezamos a tomar talleres de periodismo de investigación; hace años no hablábamos de periodismo con perspectiva de género y sin embargo, hoy en día hay quienes se están capacitando. Hubo una época en la que todos tomábamos talleres de crónica. Claro que tenemos voluntad de aprender”.

También ve necesario crear un observatorio ciudadano de medios y que la Comisión de Atención a Víctimas se involucre en el tema.

“No se trata de perseguir (a los medios) sino de trabajar con ellos. Si nos vamos a la acción directa no sabemos si en algún momento el organismo se vaya a convertir en un riesgo para nosotros los periodistas. Por eso no pienso en esa parte. Lo que creo es que este consejo ciudadano podría asesorar a las familias,ahorita se requeriría que un grupo de abogados fuera a hablar con la familia de Ingrid y explicar el procedimiento con el apoyo de la CEAV”.

Hay más acciones: esarrollar protocolos para este tipo de casos; incluir párrafos de explicación sobre las decisiones editoriales, sobre por qué publicamos lo que publicamos y qué derechos estamos velando.

“Que la sociedad en general entienda por qué no lo hacemos. Claro que habrá un sector de la población que sienta que ya no tiene un producto. Claro que siempre habrá nota roja y siempre habrá gente sin ética ni preocupación de lo que puedan sentir otros, pero sí podemos reducirlo y generar una nueva manera de hacer las cosas. Creo que es necesario porque estamos normalizando demasiado la violencia”.