La detención y encarcelamiento de tres pobladores de la comunidad de Escolásticas, en Querétaro, desnuda una red de complicidades entre empresarios, autoridades municipales y estatales que ilegalmente han querido privatizar los sabinos, unos mantantiales comunitarios del pueblo

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Especial

QUERÉTARO. – El 13 de junio María Trinidad Osorno barría la calle afuera de su casa, en la comunidad de Escolásticas del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Ese día, una patrulla municipal se estacionó frente a ella. Del vehículo descendieron tres policías y un sujeto que se identificó como personal de la fiscalía estatal. Este último, sin ninguna orden de aprehensión, le notificó a María Trinidad que estaba arrestada.

“Llegaron por mi mamá a las 8:33 de la mañana, pero nosotros supimos de ella hasta las 3 de la tarde. Todo ese tiempo estuvo desaparecida, incomunicada. La llevaban de un lado a otro en la patrulla, y ahí escuchó que daban la orden de cerrar algunas calles del pueblo porque iban a detener a más personas”, relata Fabiola, hija de María Trinidad.

La amenaza del radio era cierta, pues junto a María Trinidad la policía municipal detuvo a otras dos personas, entre ellas al joven de 19 años, Jonathan Fajardo. Los familiares del otro detenido pidieron que se reservara su identidad.

“Cuando la gente se entera que los estaban deteniendo pues comienzan a querer impedir que se los lleven, pero cuando reaccionaron ya había un operativo de más de cien policías estatales y municipales que agredieron a la gente del pueblo”, relata Fabiola.

La molestia culminó en una trifulca, donde los policías agredieron con toletes a la gente de Escolásticas. Ese mismo día detuvieron a otras 9 personas, que después fueron liberadas por la presión de las organizaciones sociales.

“En la patrulla, mi mamá escucha que la persona que venía de a fiscalía habla con el presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz. No entendió bien qué le dijo, pero es raro, porque da a entender que el presidente municipal estaba de acuerdo en eso”, reflexiona Fabiola.

¿Por qué detuvieron a María Trinidad, Jonathan y el otro habitantes de Escolásticas desplegando un operativo de más de cien policías? ¿Por qué el presidente municipal aparece involucrado en estas decisiones?

Las respuestas se resumen en un conflicto antaño: el interés empresarial por los manantiales de la comunidad: Los Sabinos.

«A mi mamá se la llevan porque defendió a unas personas del pueblo que se brincaron la cerca para entrar a los sabinos. Ese día llegó la policía y los querían arrestar, y le hablaron a mi mamá para que fuera a defenderlos. Mi mamá es delegada de la comunidad (un cargo comunitario, no gubernamental), por eso le hablaron. Ella evitó que se los llevara la policía, y ahora está en la cárcel».

Los sabinos: historia de un despojo silencioso

Escolásticas es una ranchería que se caracteriza por el trabajo de la cantera. Es un pueblo de paso, que entre sus caminos se conecta con los municipios de Huimilpan, Amealco y San Juan del Río, una zona del estado de Querétaro donde en los últimos años el desarrollo inmobiliario se ha expandido y generado conflictos sociales.

Pero más allá de su ubicación, esta ranchería esconde uno de los pocos tesoros naturales del estado de Querétaro: el manantial de los sabinos, uno de los pocos cuerpos de agua que aún existen en la región.

El manantial se encuentra en un terreno donde hay una ex – hacienda de la época colonial, y aunque el casco de la hacienda es propiedad privada, la zona natural no lo es. Aunque los empresarios insistan en decir que sí, y apropiarse de ella. Muchas de las veces a base de engaños y el uso de la fuerza.

Pero la zona, según testimonios de ejidatarios de Escolásticas, es parte del ejido. O sea: propiedad de la comunidad.

«Nosotros tenemos un acta del general Lázaro Cárdenas que dice que el manantial es propiedad del ejido, pero los empresarios quieren venir a engañarnos y decirnos que no», dijo un ejidatario durante una asamblea en 2021, cuando policías municipales agredieron a algunos pobladores de Escolásticas que entraron a los Sabinos.

«Así ha sido siempre, nos echan a la policía cuando entramos al lugar. No es la primera vez que pasa», agregó el ejidatario en entrevista durante esos años.

Su argumento se refuerza con las historias de represión que ha vivido la comunidad.

Un ejemplo de esto, y tal vez el registro histórico más viejo de los intentos por apropiarse de los manantiales, data de 1936. Ese año, según un documento académico en el repositorio de tesis de la Universidad Autónoma de Querétaro, la ex propietaria de la ex hacienda, Isabel Helguera Rojo, intentó «comprar» el área del manantial sobornando al comisariado ejidal de esos años para que no consultara a la asamblea ejidal.

Su intentó no funcionó, pero 32 años después, en 1968, otro dueño de la hacienda, Pedro Aspe Armella (quien después fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari), intentó, de nuevo, apropiarse de los Sabinos.

Su maniobra consistió en enviar a cientos de policías federales y militares a reprimir y presionar a los ejidatarios para que abandonaran sus tierras.

La acción, cuenta el documento de la UAQ, se coordinó junto a Diego Fernández de Cevallos, quien es dueño del rancho La cabaña, ubicado muy cerca de Los Sabinos. En esos tiempos, Cevallos era un personaje influyente en la región, particularmente en el municipio de San Juan del Río, donde el panista negoció con Salinas de Gortari el primer gobierno del PAN en Querétaro.

«Nosotros sabemos que Cevallos siempre ha querido hacerse de este lugar. Pero la verdad, si me pides una prueba, no la podemos tener, porque todo es muy oscuro respecto a eso. Pero no tenemos dudas», contó otro ejidatario de Escolásticas en 2021.

Lo que sí saben es que en 1996 se reactivó otro intento por despojarlos del manantial. Ahora, encabezado por un empresario constructor llamado José Dolores Torres Macías.

El empresario favorito del PAN

La aparición de Torres Macías coincide con el arribo del PAN como fuerza política en Querétaro. Por ejemplo, en 1991, el PAN se hace de la presidencia municipal del municipio de San Juan del Río con Salvador Olvera Pérez a la cabeza.

El dato es relevante, porque su llegada al ayuntamiento fue negociada (según el académico y dirigente priísta, Jaime Nieto Ramírez) entre Fernández de Cevallos y Salinas de Gortari.

Pero también, porque San Juan del Río es un municipio colindante con Pedro Escobedo, donde se ubica el rancho de Escolásticas.

«En esos años José Torres llega después de construir una carretera. Le venden el casco de la hacienda como un premio», dijo otro de los ejidatarios en 2021.

Efectivamente, en aquellos años el empresario construyó una carretera que comunica a Escolásticas con la carretera federal 57, y con el municipio de San Juan del Río.

«En ese momento yo creo que le prometieron que podía tener como premio todos los sabinos, no nada más el casco de la hacienda, pero nos opusimos. Aunque el señor José Torres compró al comisario ejidal de ese entonces, y dice que tiene un acta donde le vendieron los manantiales, pero eso es mentira», reafirmó un ejidatario.

Desde esos años, el conflicto entre Torres y los habitantes de Escolásticas ha ido escalando. No han sido pocas las veces que el empresario ha intentado hacerse del manantial.

Por ejemplo, en 2021, durante la pandemia de covid-19, el empresario decidió cercar Los Sabinos bajo el pretexto de la contingencia sanitaria. Todo esto, avalado por el presidente muncipal, el panista Amarildo Bárcenas Reséndiz.

Ese año, los habitantes y ejidatarios de Escolásticas volvieron a enfrentarse a las fuerzas policiales, porque les negaban el acceso al manantial comunitario.

«Amarildo protege al señor Pedro, y sabemos bien que la intención es apropiarse de los sabinos», dijo en entrevista una ejidataria en 2021, días después de que fueran reprimidos por la policía municipal.

La historia se repitió el pasado 13 de junio con la detención de María Trinidad, Jonathan Fajardo, y el otro habitante de la comunidad, pues el delito que les imputan es el de despojo agravado en contra de José Torres.

Sobre esto, Fabiola recapitula:

«Nos enfrentamos a gente muy poderosa que está coludida con el gobierno. Piensan que pueden hacer lo que quieren, y cuando alguien se opone, como mi mamá, los detienen, aunque no haya ningún delito por perseguir, pues la gente que entró a los sabinos es gente del pueblo que tiene derecho a hacerlo, porque le pertenecen al pueblo, no a José Torres. A mi mamá y a Jhonatan los tienen en la cárcel porque reconocer su inocencia es reconocer que los sabinos no les pertenecen».

La trampa judicial

Las detenciones de María Trinidad, Jhonatan, y el otro habitante de la comunidad, son la punta del iceberg de una red de complicidades que poco a poco han ido saliendo a la luz.

Por un lado, su encarcelamiento retrata la forma en que procede la Fiscalía del Estado y la policía ante las manifestaciones de pueblos y defensores de Querétaro.

Su actuar, es reflejo del talante autoritario del gobierno estatal. Mismo que han denunciado organizaciones locales y nacionales, así como por instancias como la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En el caso de Escolásticas, por ejemplo, la CNDH emitió un pronunciamiento donde solicitaron la implementación de medidas cautelares a favor de los detenidos.

Por su parte, el Programa del medio ambiente de la ONU en México ha reflexionado sobre el caso en distintos foros, donde inclusive apuntan que a los detenidos se les puede aplicar el Acuerdo de Escazú, diseñado para proteger a defensores ambientales y del territorio.

Sin embargo, entre las autoridades queretanas esto no ha hecho eco.

«Nosotros creemos que es por los intereses que el señor Torres representa para el gobierno», dice Fabiola. Y no parece estar equivocada.

Los intereses a los que se refiere Juanita son contratos millonarios que José Torres ha adquirido con el gobierno del estado.

Por ejemplo, una de sus empresas: Constructora y arrendadora de Querétaro, ha recibido contratos en las dos últimas administraciones del PAN en la entidad, como la de Francisco Domínguez Servién, quien le adjudicó un contrato de más de 4 millones de pesos para renovar calles de la capital del estado; y también por la actual administración de Mauricio Kuri González, quien le adjudicó un contrato de más de 17 millones para obras en el municipio serrano de Landa de Matamoros.

Torres, además de constructor, es dueño de gasolinerías. Una de ellas, es el Grupo Alfa, el cual aparece en la lista de proveedores de gasolina del Poder Judicial del Estado.

Para protegerlo, denuncia Juanita, el gobierno del estado ha aplicado distintos mecanismos como alargar el juicio y no reconocer la inocencia de los detenidos, pero también reuniones a puerta cerrada con funcionarios de alto nivel el gobierno del Estado.

«A nosotros nos llamo hablar Guadalupe Murgía (secretaria de gobierno) para llegar a un acuerdo. Asistimos con toda la disposición, pero ahí entendimos que su intención era hacernos firmar una carta donde no íbamos a hacer público el caso, y que íbamos a negociar con José Torres. Eso nos demostró que están coludidos».

Mientras tanto, el juicio penal para liberar a los tres detenidos continúa, y a casi tres meses de la detención, el panorama parece complejizarse aún más: pues el gobierno del estado tendrá que definir si sigue encubriendo al empresario José Torres, o reconoce la inocencia de los pobladores de Escolásticas.

Fabiola concluye:

«Sólo buscamos justicia. Mi mamá y mi hijo son inocentes, también el otro señor. Pero ahora vamos por todo o nada, porque los sabinos son nuestros, de la comunidad, y los vamos a defender».