Después de más de tres años la Suprema Corte resolvió que el programa Quédate en México viola los derechos humanos de las personas migrantes que solicitaron asilo en los Estados Unidos. Esta sentencia sería una herramienta legal para otras personas que se han quedado varados en nuestro país en su objetivo de llegar al norte

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Duilio Rodríguez / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO.- A finales del 2018 el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, impidió que miles de personas solicitantes de asilo pudieran esperar su trámite en el país norteamericano, truncando con esto el anhelo de las y los migrantes que buscaban mejores condiciones de vida.

La reacción del gobierno estadounidense fue entablar una serie de diálogos diplomáticos con el gobierno mexicano para que éste recibiera a las personas migrantes que esperaban el desahogo de su trámite. El gobierno de México accedió, e implementó un programa al que llamó “Quédate en México”, el cual comenzó a operar en enero de 2019. 

A partir de ese momento, diversas organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes comenzaron a documentar numerosas violaciones a los derechos humanos de estas personas. Una de ellas fue el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), quienes en abril de 2019 interpusieron un amparo. 

El motivo de esta acción, detalló en entrevista para Pie de Página Gretchen Kuhner, directora de la organización, es que ante la falta de lineamientos claros para la implementación del programa, las personas migrantes que quedaron varadas en México estaban desprotegidas por las leyes de ambos países.

El proceso jurídico se alargó, y tras una serie de recursos jurídicos, este miércoles la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio razón a IMUMI: Quédate en México violaba los derechos de las y los migrantes. 

La resolución llegó tarde, pues hace unos días se anunció que el programa se cancelaba. Sin embargo, la sentencia de la corte abre brecha para que organizaciones de derechos humanos, y migrantes, puedan promover recursos legales para asegurar que sus derechos no sean violentados, algo que lamentablemente sigue pasando en la actualidad. 

Ahora, el gobierno de México –en caso de renovar el programa– tiene que publicar los lineamientos claros y específicos bajo los que operará, así como proveer medidas cautelares a las y los migrantes para que no vuelvan a sufrir violaciones a sus derechos y se respete su dignidad, las cuales tendrán que incluir perspectiva de género. 

Sin leyes que les protejan, migrantes sortean su tránsito por México 

Desde enero de 2019, IMUMI comenzó a documentar las violaciones a los derechos humanos que sufrían las y los migrantes ante la ausencia de un marco normativo que regulara el programa Quédate en México. 

Falta de traductores, procesos alargados, ausencia de perspectiva de género y vulneración a las infancias fueron algunas de las acciones que la organización documentó. 

“En un inicio el programa no tenía ningún sentido, pues el gobierno de Estados Unidos tiene más recursos que el mexicano para dar asilo a estas personas mientras esperaban su solicitud de asilo”, expresó Kuhner. 

A la vez, enfatiza, el abandono de las y los migrantes en campos de refugio en los estados fronterizos les hizo susceptibles a ser objeto de delitos y violencias por parte de grupos del crimen organizado. 

“Había una colusión entre personal de migración y grupos del crimen organizado quienes violentaban a los migrantes. Los secuestraban, sabiendo que sus redes de apoyo estaban en los Estados Unidos, y les pedían dinero para su liberación”, detalla. 

De acuerdo con un informe publicado por la organización Human Rights First, del 40 por ciento de los casos documentados en su investigación respondían a actos de violencia que incluían secuestros, extorsión y otras actividades ilegales. A la vez, al ser estos delitos de corte binacional, la inacción de las autoridades judiciales mexicanas y estadounidenses dejaban los casos en un limbo jurídico. 

“Hay que resaltar que en estos procesos las autoridades de Estados Unidos mandaban muchas mujeres, niñas y niños a los campos de refugio, como el de Matamoros, y tampoco se aplicaban protocolos para su protección”, enfatiza Kuhner. 

Un precedente para la justicia de las y los migrantes

Cuando la organización interpuso el amparo para proteger a los migrantes, el primer tribunal que recibió el recurso legal lo desechó. Argumentó que IMUMI no tenía la personalidad jurídica para denunciar estas violaciones, y que éstas eran objeto del poder ejecutivo, por lo que no se podía sancionar desde el poder judicial mexicano. 

Sergio Treviño, asesor legal en este amparo, explica para Pie de Página que estos argumentos fueron apelados por IMUMI, y así sometieron a revisión la decisión de aquel tribunal, y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde pasaron dos años para que se retomara y resolviera.

Ahora, dice el abogado, con esta sentencia se confirma que “el Estado mexicano no probó que se estuvieran garantizando los Derechos Humanos de las personas recibidas. Y también, se logró sentar un precedente para que Asociaciones Civiles puedan reclamar violaciones a los Derechos Humanos”. 

Así, esta resolución, aunque tardía, sienta un precedente jurídico para que personas en su tránsito por México puedan defenderse legalmente de las decisiones arbitrarias y violaciones a sus derechos que sufren mientras migran. A la vez, las organizaciones que les acompañan también pueden promover estos recursos, en dado caso que las y los migrantes desconozcan las leyes mexicanas. 

Kuhner reflexiona sobre esto, y enfatiza que es necesario establecer políticas migratorias escritas para que las personas puedan conocer los derechos a los que tienen acceso durante su tránsito por México. No es un capricho, sino una necesidad para la protección de los derechos humanos.

“Esto puede ayudar a los venezolanos que ahora piden asilo y están en la misma situación de quienes estaban bajo Quédate en México. Ahora tenemos la esperanza de que con este precedente el gobierno mexicano publique las reglas y derechos que tendrán las personas a las que recibe para evitar abusos”, concluye Kuhner.