La noticia de un pequeño de 11 años que irrumpió armado en su colegio sorprendió al país. Para tener un panorama de qué lo llevó a ese nivel de violencia hay que evaluar los factores sociales e institucionales, advierte la especialista Elena Azaola
Texto: Daniela Rea y Lydiette Carrión
Fotos: Cortesía El Siglo de Torreón
Un niño de 11 años abrió fuego en su escuela. Mató a su profesora, hirió a cuatro estudiantes más y a un profesor. Luego se suicidó.
Esto ocurrió en el Colegio Cervantes –una institución privada– en la ciudad de Torreón, Coahuila.
El niño llegó a la escuela con dos pistolas en su mochila. Según los primeros reportes pidió permiso para ir al baño aproximadamente a las 8:20. Pero se tardaba en regresar. Cuando su profesora, María Assaf Medina, de 50 años, lo fue a buscar, el niño abrió fuego y la mató. Después, de acuerdo con el profesor que también fue herido, el niño disparó contra otros niños. Finalmente se suicidó. Todo esto ocurrió entre las 8:30 y 8:40 de la mañana.
Los lesionados son: una niña de 13 años, en el pie, estable; una niña de siete años, en el abdomen, estable; un niño de ocho años, en el abdomen, estable; niño de 13 años, en ambos pies, estable; y un profesor de 40 años, herido en el codo, estable.
Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, ofreció una conferencia de prensa. Ahí lamentó lo ocurrido e hizo un recuento de los hechos. Luego agregó que el niño era buen alumno y vivía con su abuela; que no tenía ningún comportamiento extraño previo a este día. Pero algunos niños relataron que, por la mañana, el niño sí tenía un comportamiento extraño.
Elena Azaola, académica especializada en la violencia infantil y juvenil, se sorprendió por la edad del niño, pues la mayoría de los casos que ella ha investigado son adolescentes o jóvenes. Asimismo, dijo que no es momento para afirmar o especular, sino para investigar y prevenir.
“Yo investigaría cómo murió la mamá, me parece importante porque en el estudio de niños sicarios encontré que fue un factor representativo el que un familiar había muerto con violencia. Este podría ser un factor a considerar. Vivimos en un contexto en que estamos relacionados con muertes violentas todo el tiempo. ¿De qué nos extrañamos, si los niños están expuestos a ello?”, dijo en entrevista.
Otra cosa importante es investigar cómo fue que el niño obtuvo el arma, cómo están teniendo acceso a ellas, sobre todo a edades tan tempranas.
Azaola también planteó que se deben analizar los factores personales y contextuales, la violencia social e institucional para tener un panorama más certero sobre lo que pudo llevar al niño a ese nivel de violencia.
“Hay niños que se suicidan, pero esta combinación de suicidarse, matar y herir a compañeros es muy impactante. Tenemos que indagar qué pudo haber pesado más en su vida, investigar el entorno, la escuela, la familia, los amigos”.
El Colegio Cervantes emitió un comunicado en el que lamentaban los hechos y señaló que están atendiendo a la comunidad escolar y colaborando con las autoridades para las investigaciones.
Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) , enfatizó –desde redes sociales– que organismos internacionales han alertado del impacto que la llamada guerra contra el narcotráfico en la infancia. Y estas alertas se han hecho desde años atrás. Asimismo han emitido recomendaciones muy concretas al respecto. Sin embargo, la infancia continúa olvidada.
La Redim, que aglutina a más de 60 organizaciones sociales dedicadas al tema de infancia, emitió un comunicado. Expresó que lo ocurrido en Torreón “da muestra de los vacíos institucionales existentes para identificar alertas tempranas sobre posibles riesgos para niñas, niños y adolescentes”.
Más aún, el sistema educativo nacional “continúa sin desarrollar una respuesta articulada para explicar y acompañar a sus estudiantes en los escenarios de crimen organizado con altos niveles de violencia”.
“El Comité de derechos del Niño en la ONU, en 2011 y 2015, emitieron recomendaciones muy concretas, revisar la estrategia de lucha contra el crimen organizado que está teniendo un alto impacto negativo en niños y niñas, promover la cultura de paz y la solución no violenta de conflictos, e involucrar a niños y niñas en los que significa la resolución del tema”.
En el mismo boletín conminó a que la actual administración implemente el Programa Estratégico 26 en atención a los niños mexicanos.
Apenas hace unos días, la Redim asistió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí, pidió al mandatario el Proyecto Estratégico 26.
Aquel día, la Redim señaló lo siguiente:
“Niñas, niños y adolescentes se volvieron invisibles para esta nueva administración al no formar parte de ninguno de los 25 proyectos estratégicos que presentó AMLO, los cuales apuestan a estimular el consumo interno, desarrollo de infraestructura nacional y programas asistenciales para los segmentos de población adulta más empobrecidos”. Por ello, pidieron la creación del programa 26, que implique no sólo medidas asistencialistas, sino, políticas públicas que protejan a los mexicanos entre los 0 y 17 años.
Ahora este 10 de enero, la Redim y Pérez García pidieron que se reúnan de emergencia los mecanismos necesarios y se articule el Programa 26.
Poco tiempo después de que la historia comenzara a circular en medios y redes sociales, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado. Ahí enfatizó que los nombres ni cualquier dato que pudiera revelar la identidad de menores de edad debería ser difundido. Un comunicado de este tipo no había sido emitido en casos anteriores.
“Hacemos un llamado para que, en estricto apego a lo dispuesto por el Capítulo Décimo Séptimo de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA), se observen las siguientes disposiciones:
1. Los concesionarios de radio y televisión no deben difundir imágenes, voz, nombre, datos personales, o cualquier otra referencia que permita la identificación de niñas, niños o adolescentes, aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades.
2. No está permitido difundir datos personales de niñas, niños o adolescentes relacionados con la comisión de un delito, ya sean autores, víctimas o testigos.
3. Debe evitarse la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de niñas, niños y adolescentes.
4. Con base en la LGNNA, estas disposiciones son también aplicables a medios electrónicos sobre los que tenga control el concesionario.
Esta Dirección General dará seguimiento puntual al cumplimiento de la referida Ley a través del monitoreo correspondiente, de conformidad con las atribuciones que tiene en relación con la protección del derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.
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