La Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa publicó un adendum al segundo informe presentado semanas atrás. Los datos corroboran un secreto a voces: el ejército supo lo que pasó cada minuto de la noche de Iguala. También confirman que la Sedena aún no entrega toda la información requerida

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – La Secretaria de la Defensa Nacional no ha entregado toda la información en su poder relacionada al caso Ayotzinapa.

La conclusión ahora no la hacen ni el GIEI ni las familias de los 43, sino la propia Secretaría de Gobernación a través de la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj). Esto, después de que publicaran un adendum al segundo informe de la Comisión, donde reproducen íntegramente 18 de los 868 folios que las familias de los 43 y el GIEI solicitaron al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de la Sedena.

En estos documentos se confirma que el ejército mexicano supo en tiempo real de los hechos ocurridos durante el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Y también, que no hizo nada al respecto.

La publicación de estos folios llega en medio de un clima de tensión, donde el presidente López Obrador ha declarado que la Sedena ya entregó toda la documentación solicitada para el caso Ayotzinapa. También, en medio de una defensa del ejecutivo federal al ejército mexicano.

El adendum de la Covaj contradice estas afirmaciones. ¿Por qué publicar esta información ahora? Aquí algunas hipótesis.

Un dardo al Ejército

En una entrevista en Momentum, el corresponsal de El País en México, Pablo Ferri, reflexionó sobre esto:

«Con el adendum al informe yo interpreto que se quiere lanzar un dardo al Ejército, porque, al fin y al cabo, se están repitiendo (quizá en tono menos agresivo, de manera más sutil), los planteamientos que han elaborado estas semanas las familias de los 43 y sus abogados: que hay una serie de documentos que existen, o que deberían de existir, y que no se están dando».

Pero también, Ferri es enfático en que puede existir otra intención en este adendum: «Por otro lado, no puedo evitar pensar en que con este informe mucha gente quizá piense que se está dando respuesta a los reclamos de las familias».

Esto, aclara, no está sucediendo. El adendum de la Covaj publica folios a los que el GIEI ya había tenido acceso (y por lo tanto son del conocimiento de las familias de los 43); los documentos restantes son más de 800 que la propia Comisión reconoce. Los mismos que el presidente ha negado que existan:

«La irritación del presidente ha ido creciendo en base a las mismas preguntas: ¿por qué el ejército no da esa información? ¿dónde puede estar? El presidente siempre ha contestado lo mismo: ‘es que la información no existe porque el ejército ya ha dado todo lo que tenía'».

Esto, en la valoración de Pablo Ferri, sería un desencuentro entre Alejandro Encinas y el presidente. Un hecho que puede derivar en dos cosas: que haya una confrontación entre ambos personajes, o que se profundice la investigación a la par de la exigencia a los militares.

«Está bien que se publique este adendum al informe. Está bien que se insista en que hay documentos que existen, o que deberían existir, y que a la vista está que esto debería estar en los documentos que se presentaban. Pero claro, no sé si por parte de la subsecretaria de gobernación que encabeza Encinas se piense más allá de lo que se ha ido bien en este sentido. La lógica sería que así fuera», concluye Ferri.

El adendum

El adendum publicado por la Covaj consta de 18 folios del CERFI de Iguala que se ubican temporalmente antes, durante y después de la desaparición de los 43. También publican el contrato de Julio Patolzin en el ejército, y su labor de espionaje al interior de la normal. Julio desapareció junto a los normalistas el 26 de septiembre, y el Ejército no activó el protocolo de búsqueda para localizarlo.

En los folios, los informes militares dan cuenta de la intercepción de comunicaciones de manera extrajudicial a teléfonos de sujetos de interés. La mayoría son integrantes de grupos criminales, aunque en el CRFI/1204 del 27 de septiembre de 2014, se confirma que también se espiaba a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La información proviene de reportes de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI’s) infiltrados, pero también del espionaje a mensajes de texto y llamadas telefónicas. Hasta antes de este adendum, no se sabía que el Ejército intervenía llamadas telefónicas de sujetos de interés. Y también se corrobora el espionaje militar a los normalistas y otras organizaciones sociales.

De acuerdo con los CERFI’s 687, 695, 1062, 1077, 1130 y 1149 (todos con fecha de mayo a septiembre de 2014) el Ejército conocía de los conflictos entre grupos criminales y los enfrentamientos que libraban en Chilpancingo. La información señala que, particularmente, existía una disputa por la plaza entre Los Rojos, Guerreros Unidos y la Familia Michoacana.

El adendum resalta que los folios «reportan enfrentamientos de grupos antagónicos en diferentes municipios de Guerrero: Carrizalillo, Mezcala y Teloloapan, sin mencionar la fuente de información, lo que acredita que se contaba con información previa a los hechos del 26 y 27 de diciembre [septiembre] y que se tenían objetivos identificados previamente, de los cuales debe haber más información».

Otro dato a resaltar es el registro que el Ejército hizo durante el 26 y 27 de septiembre de 2014. O sea: cuando ocurrió la desaparición de los normalistas.

La información disponible de ese día proviene de dos documentos: uno donde existen dos intercepciones telefónicas entre sujetos identificados como Francisco Salgado Valladares (identificado comandante de la Policía Municipal de Iguala); el “Gil” (jefe regional de Guerreros Unidos en Iguala); Alejandro Palacios «Cholo» (integrante de Guerreros Unidos) y Ramón «N» (presunto policía municipal de Tepecoacuilco); y el folio 1194, que no identifica las fuentes de información.

Esta información da cuenta de la colusión de autoridades municipales con los grupos criminales, y del registro de el ataque a los normalistas. También, del probable destino de 17 normalistas después del ataque.

En los CERFI’s con folios: 1203, 1204, 1212 (fechados el 27 y 28 de septiembre de 2014), el 1220 (del 29 de septiembre), el 1294 (del 12 de octubre) 1296 (del 13 de octubre), 1316 (15 de octubre) 1363 (20 de octubre), 1374 y 1375 (22 de octubre) se nombran a sujetos, lugares y momentos clave para la investigación en donde participaron grupos delictivos, policías, funcionarios municipales y estatales, así como el propio Ejército.

Sin embargo, esta información, de acuerdo a la Covaj, está incompleta, y sugiere que el resto está en posesión de la Sedena.

Un ejemplo, el caso del CRFI 1203, donde «aparece un mensaje donde refieren a uno de los principales objetivos en la desaparición de los estudiantes, el origen se presume debe ser una intervención de comunicación, la cual se debe encontrar en los 4 archivos de Sedena, lo que permitiría a la Fiscalía realizar una investigación más exhaustiva de la participación de varios objetivos que la Sedena tenía identificados».

Esta información, sin embargo, no está disponible en los documentos publicados por la Covaj, y pueden ser parte de los datos que, tanto el GIEI como las familias de los 43, exigen que presente la Sedena.

A la vez, estos folios refuerzan una de las líneas de investigación que apuntan a que el móvil de la desaparición de los 43 es consecuencia de la confusión de los grupos criminales al creer que había infiltrados de otras organizaciones en la normal de Ayotzinapa.

Entre las otras líneas de investigación están hipótesis que plantean que la desaparición está relacionada a una estrategia dirigida por el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Es decir, una estrategia de contrainsurgencia.

En los folios, sin embargo, no hay referencia a esto.