A escasos días de que se realice la consulta popular para indagar las decisiones de los políticos del pasado, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, recuerda que en 2014 el Tribunal Permanente de los Pueblos declaró culpables de crímenes de lesa humanidad a los expresidentes de México. Por lo que espera que este domingo se refrende la sentencia a través de la consulta popular

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro

“México, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto no ha tenido un estado corrupto, ha tenido un estado criminal.” sentencia en entrevista con Pie de Página el Obispo emérito de Saltillo Raúl Vera, impulsor y garante del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Previo a la consulta ciudadana que se realizará este domingo 1 de agosto para esclarecer las decisiones tomadas por los políticos en el pasado y garantizar la justicia y los derechos de las víctimas, Vera enfatiza: “Que el pueblo mexicano vuelva a juzgar a los responsables de esta crisis”.

Inspirado en el Tribunal Russell que enjuició los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y durante las dictaduras en América Latina, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) nació como un estrado ético desde donde las víctimas directas e indirectas de las violencias estructurales, a las cuales en muchos de los casos se les ha negado el acceso a la justicia, pueden denunciar a los responsables de los crímenes en su contra. 

En mayo del 2012, el TPP llegó a México después de que reconocidas figuras éticas, como don Samuel Ruiz, insistieran a la sede central del Tribunal en Roma que en nuestro país se estaban cometiendo un sinfín de crímenes de lesa humanidad derivados del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y de una guerra de baja intensidad en contra del pueblo de México. 

El TPP determinó que el culpable de los agravios en contra del pueblo de México es el Estado mexicano durante los periodos de implementación y ejecución del TLCAN. 

De acuerdo con la documentación y testimonios recabados por el TPP, el responsable de esta crisis política, social y económica en el país es el Estado mexicano, específicamente durante los periodos presidenciales de: Carlos Salinas de Gortari; Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. 

Hoy estos expresidentes, además de otros actores políticos, podrían ser juzgados penalmente por el pueblo mexicano en caso de que la ciudadanía vote a favor en la Consulta Popular promovida por el ejecutivo federal enfocada en si se inician indagatorias sobre delitos del pasado, y que es respaldada por cientos de organizaciones, entre ellas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Dudas sobre el INE

El obispo Raúl Vera remarca que para él este ejercicio democrático es una oportunidad para que el pueblo de México reafirme la sentencia del TPP; sin embargo, teme que el Instituto Nacional Electoral (INE) opere en contra de la voluntad popular. 

 “Aquí tengo yo todos estos documentos y por supuesto que está muy bien que finalmente el pueblo mexicano diga que estos han sido unos perversos, son criminales todos, descarados que nos robaban a la luz del día. Ahora ¿que si el INE como viene trabajando lo va a permitir? Eso habrá que verlo, pues en el pasado han quemado boletas electorales. Yo dudo de que realmente haya honestidad por parte el INE”, advierte. 

Para transformar la realidad que se vive en México, asegura, se necesita refundar el país  desde un proceso constituyente que parta desde las bases sociales y populares de la nación, como lo marca la sentencia emitida por el Capítulo México del TPP en 2014, publicada un par de meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la tragedia de Iguala: 

 “El TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano, en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México.”

“No es cambiar un administrador del poder, es cambiar todo desde el pueblo, pero primero tenemos que formar al pueblo, la sabiduría ya la tienen los campesinos, los indígenas, los obreros, pero tenemos que hacer una formación política desde métodos de educación popular. Tenemos el tiempo suficiente para que cuando acabe este sexenio decir: ya tenemos esta reforma y que no queremos que los partidos políticos nombren a los dirigentes del Estado, ahora es el pueblo quien lo ha hecho”. 

Este domingo el país se prepara para uno de los más grandes ejercicios democráticos de la historia del Estado mexicano. No parece fácil dado que deben salir a votar alrededor de 37 millones de mexicanos; sin embargo, podría darse un primer paso en las exigencias de justicia que las víctimas de este país han pedido por décadas.

El Tribunal Popular

El obispo Raúl Vera López narra que la solicitud a la sede central del Tribunal en Roma se había hecho desde hace bastante tiempo, pero el discurso estatal, que proyectaba una narrativa de apego a los derechos humanos a nivel internacional, había impedido que se tomaran en cuenta las peticiones de un extenso grupo de activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales del país. 

“El gobierno era muy hábil para decir que en México estábamos bien”, añade don Raúl Vera “entonces la Secretaría del Tribunal decía ‘pero si México es un país rico, México no tiene por qué tener un juicio.’”

“Fue hasta que se hizo una reunión con la presencia de líderes sociales de México, entre ellos don Samuel Ruiz, donde se les explicó que aquí se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad”, explica.

“Necesitábamos que se conociera a nivel internacional la situación del desmantelamiento del país.”

El cúmulo de agravios que se comenzaban a contar desde mediados del siglo XX encontró su maximización a partir de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde mecanismos como el desvío de poder y la guerra no convencional fueron configurando un aparato institucional caracterizado por la imposición, la  impunidad y la violencia. 

“Esa es la razón de traer el Tribunal, la razón fue todo el desmantelamiento que se hizo en el país para preparar la entrada al TLCAN, el desmantelamiento constitucional que se fue haciendo, las reformas constitucionales, y la actitudes que empezaron a tomar los gobernantes respecto a los problemas sociales que en México se estaban dando”, narra el obispo Raúl Vera. 

Para el obispo de Saltillo conceptos como desvío de poder explican la realidad que se derivó de la firma del TLCAN, pues el aparato institucional electo por la ciudadanía no servía a los intereses nacionales, sino a los de las corporaciones y empresas nacionales e internacionales que se fueron instalando en el país. 

Y explica que “Las grandes potencias del mundo, los bancos, las multinacionales necesitaban países indefensos y nuestro gobierno se prestó a hacer eso, a dejar en la indefensión ¿y cómo lo hicieron? a través del desvío de poder en los órdenes legislativos, judiciales, ejecutivos, políticos y económicos, pues el pueblo de México delega en representantes, a través del voto, los papeles en todos los lugares en los que puede intervenir el pueblo, y estos se encargan de traicionar y operar la estructura del estado en favor de las grandes empresas.” 

Aunado a esta maquinaria institucional que terminó por eliminar el carácter popular y social de la Constitución de 1917, el obispo Raúl Vera añade que otro de los mecanismos de los que se hizo valer el Estado mexicano fue el crimen organizado, el cual penetró las estructuras del aparato de gobierno.  

Para Vera López la violencia generalizada derivada de la supuesta guerra contra el narcotráfico, y que provocó la muerte, desplazamiento y desaparición de miles de personas, fue una estrategia de control poblacional. 

“Como miembro de la Diócesis de Saltillo”, relata Raúl Vera, “trabajamos el tema de la desaparición forzada, y aquí en Coahuila descubrimos cómo el crimen de desaparición forzada era provocado para control de población durante el gobierno de los dos hermanos Moreira”. 

“Ese tipo de cosas se hicieron con impunidad: desmantelaron toda la defensa del medio ambiente, los energéticos, la soberanía alimentaria, quitaron la propiedad comunal de la tierra a los campesinos, desmantelaron la ley del trabajo, el mercado interno, convirtieron al país en pura maquila. ¿Para qué? Para que entraran las grandes potencias.” 

“Se les dio poder para gobernarnos y estar a nuestro favor, pero ellos usaron nuestro voto para que las grandes potencias hicieran aquí lo que quisieran. Por eso no estamos hablando nosotros de un ‘abuso de poder’: es desvío de poder, y eso es lo que necesitaban para desmantelar al país”, enfatiza. 

Todo este cúmulo de despojos y violencias se constataron durante las 10 audiencias temáticas y trans temáticas que se realizaron en poco más de dos años durante el capítulo México del TPP. 

Los temas de las audiencias fueron: Feminicidios y Violencia de Género; Devastación ambiental y derechos de los pueblos; Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos; Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; Migración, desplazamiento forzado y refugio; Violencia contra las y los trabajadores; Desinformación, censura y violencia contra los periodistas; Educación; Destrucción de la juventud y generaciones futuras; Represión a los movimientos sociales y defensores de derechos humanos. 

Asimismo estas audiencias estuvieron precedidas por más de 500 preaudiencias donde miles de integrantes de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, así como activistas, periodistas y víctimas de las políticas de Estado, narraron los abusos contra los derechos políticos, sociales y humanos de las y los mexicanos.