En Dubai, los indígenas acuden a actos oficiales, protagonizan foros paralelos y recorren los pasillos y patios de la Expo City, el enorme recinto de las afueras dubaitís que acoge a la cumbre. Pero la distancia entre esa presencia y las decisiones de la COP aún es más que kilométrica

Texto: Emilio Godoy / IPS

Foto: Leo Otero / MPI

DUBAI.- En 2017, los grupos originarios lograron el hito de que la 23 Conferencia de las Partes (COP23) sobre cambio climático creara la Plataforma de las comunidades locales y pueblos indígenas (PPICL), para incorporar su conocimiento y participación a las negociaciones de las cumbres anuales, que en aquella oportunidad se escenificaron en la ciudad alemana de Bonn.

Seis años después, los colectivos indígenas ven con inquietud los avances reales de ese proceso, porque su incidencia aún no es reconocible en la COP28 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que desde el 30 de noviembre se celebra en Dubái, la segunda ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Asociación Brasileña de Pueblos Indígenas, cuestionó los resultados existentes. “Estamos a la expectativa de la negociación. Hay poco avance en la inclusión de los pueblos indígenas. No vemos aún un resultado positivo”, dijo el dirigente a IPS.

Karipuna, del pueblo originario del mismo nombre, es uno de los cientos de dirigentes indígenas que participa en la COP28, entre ellos docenas de latinoamericanos. Su lema en la cumbre es: “Unir. Actuar. Cumplir”, que repitieron este martes 5 en las actividades que tuvieron lugar en el día dedicado a los Pueblos Indígenas dentro de la cumbre.

En Dubái, uno de los siete emiratos, se dan cita más de 70 000 personas, entre representantes gubernamentales, de la sociedad civil, de la academia y empresariales, para abordar temas como el financiamiento a la mitigación y adaptación a los efectos de la crisis climática, la transición más allá del petróleo, el gas y el carbón, así como el conjunto de políticas frente a la emergencia existente.

En esta ciudad árabe, los indígenas acuden a actos oficiales, protagonizan foros paralelos y recorren los pasillos y patios de la Expo City, el enorme recinto de las afueras dubaitís que acoge a la cumbre. Pero la distancia entre esa presencia y las decisiones de la COP aún es más que kilométrica.

“Se va a evidenciar si en realidad toman en cuenta nuestras propuestas o solo nos toman como escudo, y no queremos eso. Venimos a dar a conocer el trabajo de los pueblos indígenas desde nuestro conocimiento, en cuanto a proteger el ambiente y la Madre Tierra. No somos los causantes de los impactos del cambio climático, pero los sufrimos y tenemos las soluciones”.

María Pedro.

Integrada por la Blue Zone (zona azul), la sede de las negociaciones y de los pabellones de los países y de las organizaciones acreditadas ante la Secretaría de la convención, donde el acceso está limitado en algunas áreas. Mientras, la Green Zone (zona verde) alberga la exposición de empresas, oenegés y organizaciones que está abierta al público.

De hecho, los pueblos indígenas poseen su propio pabellón en la zona azul, donde tuvieron lugar varios actos este martes 5. En el día dedicado a sus planteamientos y derechos climáticos en la cumbre.

El borrador más actual del texto sobre el Balance Mundial del cumplimiento del Acuerdo de París, suscrito en 2015 en la COP21, que va a ser la base de la declaración final oficial de la COP28 y que fue publicada la madrugada de este martes 5, menciona “pueblos indígenas” 11 veces y entre las cuales enfatiza en que las soluciones sostenibles y justas yacen en “el diálogo social significativo y eficaz” y la participación de las partes interesadas, incluyendo los pueblos indígenas.

Reconoce además el rol de la PPICL, para fortalecer la capacidad de los pueblos originarios y comunidades locales para involucrarse efectivamente  en el proceso de la CMNUCC y que los Estados parte los involucren significativamente en sus políticas y acciones climáticas.

Actores invisibles

Pero ese no ha sido el caso respecto a la inclusión de asuntos indígenas en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), el conjunto de medidas voluntarias asumidas por cada país para reducir emisiones contaminantes y enfrentar las secuelas de la crisis climática.

Las NDC son una parte medular del Acuerdo de París, en vigor desde 2021, y sobre los que pivota la meta de limitar el incremento de la temperatura a 1.5 grados Celsius, considerado el objetivo mínimo y la indispensable contención del recalentamiento planetario para evitar catástrofes climáticas irreversibles y, en consecuencia, humanas.

En ellas, las naciones deben establecer sus metas para 2030 y 2050 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tomando como línea base un año especifico, la forma de conseguir esas metas, el año pico de sus emanaciones y cuándo lograrían las cero emisiones netas, absorber tantos gases como los que lancen a la atmósfera.

“Estamos a la expectativa de la negociación. Hay poco avance en la inclusión de los pueblos indígenas. No vemos aún un resultado positivo”.

Kleber Karipuna.

Para la indígena q’anjob’al María Pedro, gerente de la no gubernamental Asociación de Mujeres Eulalenses para el Desarrollo Integral en Guatemala, a las comunidades originarias no se les valora adecuadamente en su papel de mitigación y adaptación a la crisis climática.

“Se va a evidenciar si en realidad toman en cuenta nuestras propuestas o solo nos toman como escudo, y no queremos eso. Venimos a dar a conocer el trabajo de los pueblos indígenas desde nuestro conocimiento, en cuanto a proteger el ambiente y la Madre Tierra. No somos los causantes de los impactos del cambio climático, pero los sufrimos y tenemos las soluciones”, declaró a IPS.

Los territorios indígenas enfrentan la deforestación, la explotación minera ilegal, la invasión, la sequía, la construcción de megaproyectos, el impacto de grupos criminales y el aumento de la temperatura y las agresiones contra defensores ambientales, ante lo cual reclaman medidas y recursos financieros.

Los pueblos indígenas argumentan que su participación en la lucha climática es vital, pues manejan cerca de 22 % de las tierras del planeta, que albergan 80% de la biodiversidad.

La superficie forestal en su poder, repiten en la COP28, aporta aire puro, agua, alimentos, medicinas y captura dióxido de carbono, el gas generado por la quema de combustibles fósiles y responsable del recalentamiento planetario.

El indígena bribri de Costa Rica, Levi Sucre, acusó a los gobiernos de ignorar a los grupos nativos.

“No nos están tomando en cuenta. El mundo no está entendiendo nuestro rol en relación con los bosques que protegen a la humanidad”, denunció el coordinador general de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que reúne a 11 agrupaciones que manejan 50 millones de hectáreas en México y cinco naciones centroamericanas.

Estudios recientes plantean que los gobiernos nacionales fallan en el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus territorios, y niegan la invitación a líderes originarios al diseño y ejecución de soluciones facilitadas por acuerdos internacionales e incluso negociados en las cumbres climáticas.

Conservación pobre

Pero un asunto fundamental que refleja la presencia indígena en el marco internacional es el financiamiento para el cuidado territorial.

Un análisis del Grupo de Financiadores de la Propiedad Forestal, presentado el viernes 1 en la COP28, concluyó en que solo 2.1% (8.1 millones de dólares) de sus 494 millones desembolsados en 2022 llegaron directamente a las comunidades beneficiadas. El monto representa una baja en comparación a 2.9% de apoyos financieros de 2021 recibidos por los indígenas.

Se trata de un compromiso en la COP26, celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow, anunciado por cinco países desarrollados y 10 donantes internacionales, entre fundaciones y organizaciones filantrópicas, para dirigir 1700 millones de dólares durante 2021-2025 a la fortificación de los derechos de propiedad de comunidades forestales en países de América Latina, África, Asia y el Pacífico.

Otro reporte, divulgado el domingo 2 a cargo de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, indica que pocas organizaciones indígenas en 24 países tropicales operan con presupuestos superiores a 200 mil dólares. La media asciende a un dólar por hectárea bajo su posesión, una cantidad irrisoria para los beneficios que generan estas superficies.

El brasileño Karipuna expuso su esperanza de cambios en la segunda semana de las negociaciones en la cumbre, que debe clausurarse el día 12, salvo que, como es habitual, se prorrogue un día más.

“Tenemos la expectativa de que el mundo reconozca la importancia de los pueblos indígenas como actores fundamentales. Pero aún no se visualiza eso en la decisión. En adaptación (al cambio climático), faltan inversión y financiamiento”, sostuvo.

Por su parte, la guatemalteca Pedro reclamó una inclusión genuina de los intereses indígenas, para que “en los acuerdos internacionales se tome en cuenta nuestro conocimiento ancestral, dentro de la conservación ambiental y la parte agrícola”.

A su vez, el costarricense Levi demandó el respeto a derechos humanos y el desarrollo de consultas previas a la planeación de proyectos, libre de presiones y con información integral y apropiada.

Este artículo se publicó originalmente en IPS, aquí puedes consultarlo.