Con la llegada de las primeras lluvias de la temporada en la sierra de Sonora, inició el llenado del embalse de la presa Los Pilares en Álamos. Comenzaron a inundarla sin cumplir el derecho a la consulta, sin aviso previo a los indígenas Guarijíos, y sin respetar amparos
Texto y Fotos: Reyna Haydee Ramírez
La presa está prácticamente terminada. En 2019, el Gobierno federal aportó los últimos 600 millones de pesos que se requerían para terminar esta obra, construida sin respetar los derechos de los Guarijíos, ni las leyes que los protegen. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que irá a inaugurarla.
Don José Romero, gobernador del pueblo Macurawe, habla preocupado; su voz se oye desesperada. Nadie les avisó que la presa empezaría a llenarse y aún no concretan la reubicación de su pueblo, el principal afectado por el desplazamiento.
«No nos han arreglado las casas. No nos pagan, el terreno, la cortina parece que no está muy bien, ya tiene un chorro de agua», dice preocupado Don José.
Los indígenas de la Colonia Macurawe están perdiendo sus tierras, cercos y vegetación tradicional. Ésta no solo les sirve para alimentarse sino que por siglos han utilizado como medicina tradicional.
La comunidad de Mochibampo es otra que será directamente afectada; pues deberán desplazarse más hacia la sierra y quedarán incomunicados. Al igual que la colonia Macurawe los alejan del cauce del Río Mayo, terrenos donde siembran principalmente granos de autoconsumo, como el maíz.
También temen que se inunde parte de Mesa Colorada, que es la principal comunidad donde se abastecen los Guarijíos de las zonas altas, de las comunidades más alejadas, sin caminos, como Bavicora. Nadie les ha explicado qué pasará al llenarse la presa.
Aureliano Rodríguez, de Bavicora, expresa que ellos están en la parte más alta, pero también en su comunidad están preocupados; y han dado aviso a todos aquellos que puedan ayudarlos. Tienen incertidumbre de cómo correrán los arroyos al llenar la presa llamada Bicentenario y conocida por ellos como Los Pilares.
Tan solo por las lluvias que ya empezaron en la sierra, advierte que pronto quedarán incomunicados por días y semanas, porque no tienen puentes ni caminos.
«En una semana ya no habrá pasada para Álamos, ya está llegando (el agua) hasta Chorijoa y se tapara el camino, va muy recio subiendo el agua», dice impotente.
Los Guarijíos tienen décadas de afrontar el aislamiento, el quedar incomunicados por no tener puentes, ni caminos, pero saben navegar con inundaciones del Río Mayo, por las grandes y fuertes avenidas en tiempo de lluvias, rodean, hacen nuevos caminos, usan balsas, pero una presa es lo desconocido, no saben hasta dónde inundará sus tierras, cómo correrán ahora los arroyos, cómo cambiará su vida, desplazados.
En octubre de 2019, el Presidente visitó San Bernardo, ahí anunció que aportarían al Gobierno de Sonora, los 600 millones de pesos que faltaban para terminar la presa. Y se comprometió a no hacer nada sin consultar a los Guarijíos y resolver su demanda de tener certeza de su territorio.
En octubre, funcionarios del Gobierno federal, de Conagua, Semarnat, INPI sí iniciaron un diálogo con los Guarijios afectados. Pero no fue posible continuar, las reuniones quedaron inconclusas por los conflictos entre autoridades estatales y federales, pero sobre todo los conflictos internos de la tribu, explica Don José, quien siempre estuvo en desacuerdo de la presa y el Gobierno estatal optó por nombrar a otro gobernador de la Colonia Macurawe para obtener su firma y seguir adelante con el proyecto.
La división del pueblo la inició el Gobierno de Sonora en el sexenio de Guillermo Padrés Elías en 2013; y la continuó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hasta hoy. Así se puede ver en documentos oficiales; por ejemplo, en una extemporánea Manifestación de Impacto Ambiental, que no existía, y que la empresa Canoras tramitó en 2018, para lograr el permiso de Semarnat y terminar la presa que estaba a más del 60 por ciento.
Ambos gobernadores usaron la misma estrategia: Dividir al pueblo Guarijio, nombrar gobernadores alternos, conocidos como «duales»; tal y como se hizo con la etnia yaqui en su momento. Trabajar a estos individuos a favor de su interés en la presa; y negociaron con ellos, por encima del pueblo. Todo esto provocó y provoca severos conflictos internos y complica cada día más el problema.
El diálogo se rompió definitivamente en marzo de este año por la pandemia de covid19. Pero el Gobierno Estatal, a través de la Comisión Estatal del Agua, continuó y aceleró la construcción de la presa, lo que motivó que los Guarijíos afectados interpusieran un segundo amparo.
Horacio Laguna, asesor legal de los guarijíos afectados, explica que con este segundo amparo, iniciaron el mismo recorrido que con el primero que interpusieron en 2015 y que se resolvió a su favor hasta 2018, cuatro años después. Pero durante todo ese tiempo el gobierno del estado de Sonora continuó con la construcción, dividiendo y pasando por encima del pueblo Guarijío.
Hoy está terminada y el gobierno estatal comenzó a llenarla, a inundar sus tierras, sin haberles reubicado, ni indemnizado. Esto es un hecho porque hay evidencia y porque autoridades de la Conagua informan que ya está terminada, pero no les ha sido entregada oficialmente.
«Esta presa, cuya obra civil acaba de ser concluida, la opera actualmente el Gobierno del Estado (de Sonora)… Conagua aún ni la ha recibido y por lo tanto no la administra», precisó la dependencia a través de Comunicación Social.
Sin embargo, el Gobierno estatal se niega a responder si la presa está terminada.
Hoy los Guarijíos esperan que un Juzgado de Distrito en Hermosillo resuelva el recurso de queja que interpusieron para que se suspenda la obra y que no se inunden sus tierras. Esto debería ser urgente, pues la obra está terminada y están en juego los derechos de la etnia. Pero no, porque también tienen en contra el fallo del juez federal en Cajeme y ahora el caso se dirime ante el Juzgado de Distrito. Igual que como les ocurrió con el primer amparo del 2015.
«No se respetó el derecho a la consulta, ni liquidación, ni terrenos, ni nada», destaca Laguna.
El antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny, conocedor a fondo de la problemática, explica que la construcción de la presa está plagada de irregularidades; y hoy que ya se terminó, no hay un plan de contingencia.
«Simplemente dejaron que la emergencia sucediera (inundar las tierras) para luego ver qué decisiones tomar. Dejaron llegar la emergencia y no ha habido un real compromiso con la comunidad.
«No están contempladas las compensaciones. Se discutió durante muchos años, pero no se hizo nada para prevenir inundaciones, para reponerles la infraestructura que perdieran o para indemnizarlos», denunció.
Las instituciones que participaron en la construcción, Conagua, Semarnat, gobierno estatal, desaparecieron una vez terminada la obra.Incluso el personal del INPI se retiró desde el inicio del diálogo. Hoy la obra está terminada y el daño a los Guarijíos afectados no ha sido reparado.
«Lo que esperábamos con el cambio de Gobierno, es que se hiciera manifiesto, que arreglara lo que hicieron mal los gobiernos del PRI y del PAN, pero lo que se hizo fue acelerar el proceso, el INPI desapareció del mapa, Conagua, Semarnat», dijo.
«Lo que se requiere es una acción urgente, un diagnóstico desde dónde y cuál es la afectación, cuál sería el plan de contingencia y eso implica reponer la tierra, construir puentes, entre otras cosas», destacó Aguilar Zeleny.
Periodista de Sonora. Colabora para Medios en Internet y noticieros de radio en Sonora y Baja California Sur, y actualmente es beneficiaria del programa de becas para periodistas desplazados de la Red de Periodistas de a Pie. La mayoría de su trabajo está enfocado en temas relacionados con Justicia, corrupción, migración y Derechos Humanos.
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