Una coalición de tres organizaciones civiles, llamada Campo justo, demandó a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establecer un salario para los jornaleros agrícolas, cuyo trabajo implica migraciones forzadas, jornales largos sin contrato o cualquier seguridad social o de salud, bajo condiciones de casi esclavismo, acusan

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Archivo / Kau Sirenio

En el país hay por lo menos 3 millones de jornaleros agrícolas; son un eslabón fundamental en la cadena de suministro de alimentos en todo el país, los trabajadores del campo, como recuerdan las campañas del gobierno Federal, no paran, y mucho menos durante la pandemia; sin embargo, sus condiciones laborales se encuentran entre las peores del país. Por ello, la alianza de tres organizaciones civiles demanda a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que establezca un salario mínimo para estos trabajadores. 

El Centro de Análisis e Investigación, Fundar; la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan demandaron este miércoles que la Conasami establezca un salario mínimo para estos trabajadores, que además de un bajo salario enfrentan una serie de violaciones a sus derechos laborales. 

“Ya hemos entrado en contacto con legisladores de todas las fuerzas políticas en el Legislativo, hicimos contacto con el Ejecutivo, enviamos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Presidencia, a la de (Secretaría) de Agricultura, también a los representantes del sector patronal y de los trabajadores el concejo de representantes de la Conasami, quienes son quienes deciden”, dijo durante una conferencia de prensa virtual Haydeé Pérez, directora ejecutiva de Fundar.

Desde 2009 una reforma a la Constitución instruyó que en 2017 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debía establecer un monto mínimo de retribución diaria para los trabajadores del campo, sin embargo, esto no ha sucedido. La Conasami es la encargada de fijar el salario mínimo tanto en la zona libre de la frontera (185.56 pesos) como en el resto del país (123.22 pesos). Además, la Conasami establece un salario mínimo para ocupaciones como despachador de gasolina (127 pesos), costurero (127) y otros varios empleos, sin embargo el de los jornaleros agrícolas no se encuentra en la lista.

La organización Campo Justo espera que en las próximas semanas se reúna el Consejo Interior de la Conasami, piden que en esa reunión se trate el tema de un salario para los trabajadores del campo. 

Ser jornalero

Los jornaleros agrícolas están tan recluidos en el país, y sus sector laboral tan precarizado, que hoy no sabemos con certeza cuántas personas trabajan en los surcos de los campos de cultivo. Según datos de 2009 en el país existían unas 3 millones, de las cuales 33 por ciento recibe un salario mínimo, un poco más de la mitad, 55 por ciento, reciben entre 1 y 2 salarios. El resto recibe cantidades menores por un día de trabajo.

Felipe Mendoza García es originario de la Sierra de Guerrero, tiene 35 años y desde hace varios más viaja todas las temporadas al Valle de San Quintín, en Baja California, para ganar un poco de dinero para sobrevivir. También ha viajado a otros estados y su experiencia en todos es la misma. 

“No es tan fácil. No hay atención médica, no hay escuela para los niños, no hay guarderías –Felipe, como muchos, se ve forzado a viajar con sus hijos, porque no los podría dejar en sus comunidades por los meses que trabajan en los campos de cultivo–. No hay salarios mínimos, no hay salario digno. Todos los días tenemos que pagar el raite para llegar a los campos, llevar el agua para tomar durante la jornada porque el patrón no proporciona agua para sus trabajadores. Tenemos que rentar dónde vivir, hay algunas casas en muy malas condiciones que no cuentan con luz ni agua, ni hay baños y por rentarlos cobran entre seis mil o siete mil pesos. También nos dan la opción de que si estamos buscando una renta, nos rentan un pedazo de terreno y nos piden cuatro o cinco mil pesos para que nosotros construyamos nuestras casitas de plástico o con lo que podamos”. 

Ante la falta de datos oficiales, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, una organización de académicos e investigadores, monitorea, estudia y analiza el trabajo en algunos campos del territorio mexicano. A julio del año pasado tenían registrados por lo menos 37 campos agrícolas con pobres condiciones laborales. La mayoría de ellos en Baja California, Chihuahua y Sinaloa, así como en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, pero en menor medida.

En 2015, decenas de jornaleros que habitaban la colonia Vicente Guerrero, cerca de San Quintín, en Baja California, marcharon para demandar un aumento del salario de 130 pesos diarios a 300. Por las calles de ese poblado circularon los “jornaleros sucios” y los “indios flojos” -como les decía la gente- que presionaron a los patrones para aumentar su salario. 

En esas tierras, no hay ninguna organización a cuál asirse. Felipe Mendoza, jornalero por esas tierras lo confirma: «En el Valle de San Quintín hay una oficina donde según dicen que defienden nuestros derechos, la CTM, hemos acudido pidiendo que nos apoyen para que no haya maltrato, un salario justo, pero nos dicen que no pueden hacer nada porque eso es con los patrones y ellos son un sindicato que controla a los trabajadores, no a los patrones».

Sin programas sociales

De acuerdo con Haydeé Pérez, de Fundar, los jornaleros agrícolas no pueden ser beneficiarios de los programas que la Secretaría del Bienestar desarrolla, debido a que la base de los usuarios de los programas es el Censo del Bienestar que el gobierno realizó y muchos jornaleros, al estar lejos de sus comunidades por largos periodos, no fueron censados.

Según los datos que se tienen, de los 8 mil jornaleros detectados de esta temporada no eran más de 100 los que tenían acceso a programas como los del reparto de Fertilizantes de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, al de Producción para el bienestar o al de Madres trabajadoras, que según ha anunciado el gobierno Federal, se enfocan en la población más pobre del país.