Dos defensores del bosque de San Pedro Tlalcuapan, en Tlaxcala, han sido acusados de cometer delito que no cometieron. El objetivo, aseguran organizaciones de derechos humanos, es obligarlos a que abandonen la defensa de su territorio

Texto: Samantha Páez

Fotos: Cortesía Red TDT

TLAXCALA. – Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, defensores del bosque de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, enfrenta un proceso penal por un delito que no cometieron: la Procuraduría local los acusa de haber participado de un linchamiento. Su familia, pobladores y organizaciones, como la Red TDT y el Centro ProDH, aseguran que los están criminalizando por denunciar las omisiones del gobierno que llevaron a la pérdida del 80% del bosque de la comunidad.

Será este lunes 12 de junio cuando inicie el juicio oral en contra de Saúl y Raymundo por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con el abogado Neftaly Pérez Rodríguez, del Centro ProDH y quien asesora legalmente a los defensores, no se puede acreditar la participación de los defensores del territorio dado que no estaban en el lugar de los hechos y las pruebas en su contra son testimonios que no están muy claros.

Para los pobladores la detención de Saúl y Raymundo es una forma de desarticular la organización comunitaria en defensa del bosque en la zona de la Malinche, pues «como parte de las represalias las dependencias ambientales dejaron de coordinarse con la comunidad de San Pedro Tlacuapan». En tanto que para las familias ha implicado un duro golpe emocional y económico, que ha llevado a que hijas e hijos de los defensores dejen sus estudios para trabajar.

Por la defensa del bosque

San Pedro Tlalcuapan es una comunidad perteneciente al municipio de Chiautempan. Se encuentra a las faldas de la montaña La Malinche, también conocida como Matlalcuéyatl, misma que es reconocida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por su amplia diversidad de flora y fauna. Tanto Saúl como Raymundo han sido líderes comunitarios comprometidos con la defensa del bosque.

En 2020 habitantes de Tlalcuapan, Cuahuixmatlac y Muñoztla denunciaron las omisiones del entonces titular de la Coordinación General de Ecología (CGE), Efraín Flores Hernández, en la atención de la plaga de gusano descortezador. Fue en ese momento que Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi tuvieron gran participación en la exigencia de acciones claras a favor del bosque.

«Hace tres años este en el bosque de la Malinche empieza la plaga del escarabajo descortezador y personas del gobierno municipal y estatal empiezan a talar los árboles de manera indebida, o sea, talan árbol sano, no hacen el saneamiento adecuado. Entonces esto provoca que la comunidad se levante, porque no estaban haciendo el debido saneamiento y entre esas personas, pues los compañeros», contó una pobladora de Tlacuapan, quien pidió anonimato.

Fue a partir de ese momento que el gobierno estatal comenzó a ver a los defensores del bosque como opositores.

Sin embargo, las omisiones de Flores Hernández llevaron a que la plaga acabara con el 80% del bosque de la comunidad, de acuerdo con cálculos de los propios pobladores. Para 2021, datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) apuntaban que Tlaxcala había perdido mil 772 hectáreas de bosque por plagas forestales y para 2022 era considera uno de los estados con riesgo muy alto de afectación por insectos descortezadores.

Detenciones sin sustento

Después de que las comunidades presionaran para el saneamiento del bosque y se lograra recuperar una parte, el 14 de julio de 2022 se liberaron órdenes de aprehensión contra Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi, acosándolos de haber participado en el linchamiento de una persona.

Desde ese momento las organizaciones Red TDT y el Centro ProDH han acompañado el caso. Neftaly Pérez mencionó en una entrevista que Saúl, si bien ostentaba el cargo de presidente de la comunidad, no estaba en el momento en que ocurrió el linchamiento, fue hasta después que se trasladó a la comunidad aunque ya no pudo frenar la situación. En tanto que Raymundo, quien era mayordomo de la iglesia, estaba comiendo después de la procesión de Viernes Santo.

A pesar de esto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala ha dado como evidencia de su participación testimonios, en los cuales se habría señalado que tanto Saúl como Raymundo se manifestaron por castigar a la persona que fue encontrada robando.

«Nosotros desde el Centro Pro le llamamos este caso o lo mencionamos como un caso de criminalización. La criminalización lo que implica es tomar unos hechos que acontecieron para acusar falsamente a personas de un delito que no cometieron por actividades de defensa u otro tipo de actividades que llevaban a cabo y eso es el caso de don Saúl y de don Raymundo».

El abogado explicó que en la audiencia del lunes las juezas Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio determinarán si existen pruebas suficientes para sentencias a los defensores, a los cuales la Procuraduría acusa de homicidio calificado y pide 50 años de prisión. En caso de que se decida dictarles una sentencia condenatoria se pueden activar diferentes instrumentos para que obtengan su libertad, aunque implicará que pasen más tiempo en reclusión.

Confían en la inocencia

A casi un año de que los defensores del bosque, sus familias han tenido varias afectaciones. La señora Berta, esposa de Raymundo, comentó que de sus cuatro hijos los dos más pequeños han tenido afectaciones psicológicas y necesitan ayuda.

En tanto que la señora Alicia, esposa de Saúl Rosales, dijo que su esposo era quien se hacía cargo de los gastos familiares, con su detención su hija tuvo que dejar la universidad para poder trabajar y su hija que está a punto de terminar la preparatoria tendrá que hacer lo mismo.

«Nos siguen intimidando pues porque no vemos nada claro, estamos comprobando todo conforme a ley, presentando tanto testimonios como periciales […] estamos demostrando la inocencia de ellos y tenemos la fe y la confianza que van a salir pronto».

La ausencia de los defensores también ha traído problemas a la comunidad. Una de las habitantes de Tlacuapan, quien pidió anonimato, comentó que la detención de los defensores del bosque es como una intimidación a toda la comunidad, porque se preguntan si vendrán por más personas y eso ha generado división. A pesar de ello seguirán en la defensa de su territorio.

«Queremos seguir, pues porque somos guardianes de nuestra de nuestra tierra, porque pues aquí nacimos, pues aquí crecimos y aquí moriremos, que eso es lo que nos inculcaron nuestros abuelos, nuestras abuelas».