A petición de una organización de la sociedad civil, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad analiza la preliberación de 800 presos por razones humanitarias; la jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaun, anunció esta semana que serán 78 pero el informe de las autoridades no ha llegado a la oficina del juez
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: María Ruiz
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México analiza el caso de 800 presos para su preliberación por razones humanitarias. Esto, ante la pandemia de coronavirus.
En los centros penitenciarios de la ciudad, hay una población de 25 mil 41 personas en total.
Entre ellos hay 876 adultos mayores, 184 personas con VIH-SIDA, nueve mujeres embarazadas y otras 54 viviendo con sus hijos.
A inicios de abril, la organización Documenta, que trabaja con personas en centros penitenciarios, solicitó a la autoridad penitenciaria hacer una revisión de los casos susceptibles de preliberación. Esta es una facultad que le concede el artículo 146 de la Ley Nacional al de Procedimientos Penales.
Dos semanas después –el 16 de abril–, el gobierno de la Ciudad anunció la liberación de 78 personas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se debía a razones humanitarias. Pero aclaró que es competencia del poder Judicial.
“No es una decisión que la haga el gobierno. Sino es una preliberación que hace el poder Judicial por razones humanitarias y que es a partir de los delitos que estaban cubriendo, el tiempo que ya cubrieron, etcétera”.
Claudia Sheinbaum
La autoridad judicial puede analizar la liberación de personas cuyas penas sean menores a cinco años, que tengan enfermedades crónico-degenerativas o cuyo delito afecte bienes jurídicos del gobierno.
«Están trabajando en ubicar esos expedientes, y están viendo si entra en el estudio de sus casos para preliberación”, explica en entrevista la abogada de Documenta, Nohemí Juárez Gil.
“Es una atribución que tienen, pero que históricamente no hacen, o no han hecho”.
Para que se realicen estas preliberaciones, explica la abogada, se necesita, primero, que la autoridad penitenciaria ubique los expedientes. Después la Fiscalía General de Justicia de la ciudad dé su visto bueno y por último que un juez de ejecución penal desahogue la solicitud.
Esta es una muestra de buena voluntad. Sin embargo, dice la abogada Juárez Gil, no se sabe cuántos casos de preliberación se podrían desahogar ni cuántos analice la autoridad. “Sabemos sólo lo que dijo, que era a personas con delitos no graves y de edad avanzada”, asegura.
“Aunque pudiéramos hacer un cálculo, la decisión final la toma el juez, entonces no sabemos”.
El juez primero de distrito en materia administrativa, Jonathan Bass Herrera, ordenó al gobierno de la Ciudad de México y/o a las autoridades penitenciarias informar sobre sus acciones al respecto. El ejectuvo local debió entregar un informe a más tardar el pasado 16 de abril (Cuando Shiembaun hizo el anuncio). Pero el juez no ha sido notificado de dicho informe.
Documenta también reclamó ante un juez, que el Gobierno de la Ciudad implemente todas las medidas de atención a la salud necesarias para evitar contagios de covid-19 al interior de los penales.
Esto es, que se garanticen los suministros básicos de higiene, así como el acceso a agua potable y corriente y el derecho a la alimentación. Este último es de destacar; pues muchos presos dependen de lo que sus familiares mandan para poder comer y subsistir al interior de los penales. Con la emergencia sanitaria, las visitas a los centros penitenciarios en el país se pospusieron o redujeron.
Además, la organización solicitó que se garantice el contacto con el exterior de los presos, así como el acceso a la información y a la transparencia sobre la gobernabilidad al interior de los penales ante posibles motines por la falta de atención médica.
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