En las tardes, Fabiola carga lonas de los candidatos de Morena para colgarlas por la Ciudad de México. En las noches, exige la liberación de su hijo, preso por un delito que no cometió y torturado por la policía del gobierno que ahora busca el voto
Texto: Ernesto Álvarez y Oliver Méndez/Calle Roja
Foto: Ernesto Álvarez
CIUDAD DE MÉXICO. – Mientras Gustavo escucha el último pase de lista que hacen los custodios al cerrar su celda, su madre está afuera del reclusorio, colocando propaganda electoral del gobierno que lo encarceló injustamente.
La jornada de Fabiola, su madre, inicia a las nueve de la noche y termina a las tres de la mañana, después de una larga caminata cargando lonas. Horas después, a las siete de la mañana, se alista para la visita de su hijo. En junio se cumplen dos años desde que fue privado de la libertad y acusado, bajo tortura, de un delito que no cometió.
Fabiola tiene un paso rápido y carga con los rostros de Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México; Omar Harfuch, exjefe de la policía capitalina; y Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno, quienes sonríen en sus espaldas mientras ella escoge los lugares en donde irán las lonas de las candidaturas, ahora al senado y a la Presidencia del país. En medio de la noche, explica, ella pide justicia por los presos fabricados:
“Nosotras sufrimos trabajando en esto en vez de estar descansando en nuestras casas. A los que sí tienen para pagar los dejan salir rápido de la cárcel. En cambio, a nosotras, que somos pobres y vamos al día, tenemos que trabajar día y noche y seguir adelante para demostrar su inocencia. Este es el trabajo que tengo en la madrugada: enaltecerlos más. Y tengo que aprovecharlo porque sólo es durante las campañas”, lamenta Fabiola.
Desde la cárcel, Gustavo, quien tiene en proceso la apelación de su sentencia condenatoria, cuenta:
«El otro día vinieron a darnos unos talleres y dijeron que los que no estábamos sentenciados teníamos derecho a votar. Ahora resulta, nos quitan todos nuestros derechos, pero sí nos dejan votar, mejor que nos dejen salir y que vean todo lo que hacen sus policías y sus jueces para llenar las cárceles”.
Este trabajo no tiene ninguna orientación partidista electoral. En el equipo de Calle Roja sabemos que los presos torturados y fabricados son víctimas de una larga política de Estado que atraviesa la historia mexicana, más allá de los partidos y funcionarios que estén en el poder. Sin embargo, son prácticas vigentes.
Circular en un automóvil por el sitio donde un adolescente fue apuñalado fue suficiente para que distintas autoridades acusaran a Gustavo Martínez Ayala por tentativa de homicidio y lo condenaran a más de 13 años de prisión. Por petición del Ministerio Público, un Juez de la Unidad de Gestión Judicial 10 de la Ciudad de México lo sentenció, a pesar de que, durante el proceso, Gustavo fue víctima de tortura y las pruebas en su contra son inconsistentes. Hoy lleva casi dos años preso en el Reclusorio Oriente.
Gustavo, de 35 años, es mecánico automotriz y trabajaba como taxista hasta el 28 de junio de 2022, cuando fue detenido en la Alcaldía Tláhuac.
Ese día, recuerda, manejaba un Volkswagen Pointer color gris. Había dejado a un usuario en el lugar donde, sin saberlo, llegaría un joven apuñalado. Después pasó a su casa por su hermano menor, Cristian Esteban, y lo llevó al domicilio de su pareja a recoger ropa.
Circulaban por el Eje 10 Sur – Avenida Tláhuac cuando agentes del Sector (Quetzal) les ordenaron que pararan, a la altura de la Colonia Santa Catarina.
Esto es lo que cuenta:
“Yo iba con mi hermano, de 15 años, cuando nos detienen. Me bajé y escuché como un disparo, y me metí entre la banqueta y el carro. En eso, los policías me detienen y empiezan a patearme en el piso. Me suben a la batea de la patrulla con mi hermano y nos siguen pegando mientras íbamos por todo el Eje 10 sur. Nos decían que no nos hiciéramos los inocentes, que ya les dijéramos qué habíamos hecho, pero nosotros no sabíamos de qué hablaban.
“Nos llevaron a la pista Mexico-Puebla y entraron por el Eje 5 Sur. Se pararon en Guelatao y compraron un agua fría y una bolsa en una tienda que recuerdo tenía cámaras. Me bajaron de la batea y me metieron a la cabina de la patrulla. Iba en medio de dos policías, y el copiloto iba grabando cuando me pegaban mientras me ponían la bolsa en la cabeza. Recuerdo que iban bien despacito, querían que dijera en el video que yo había picado a alguien.
“Hasta ese momento, me dijeron de qué me estaban acusando. Llegaron momentos en los que me desmayaba por la falta de respiración. Con el agua me levantaban y me cacheteaban para recobrar el conocimiento”.
Durante la tortura le pidieron información. Todo lo comunicaban por teléfono. Sin embargo, de los torturadores no hay registro ni investigación.
Al no conseguir que Gustavo se dijera culpable en el video, los torturadores llamaron a otra patrulla. El policía que lo había estado torturando le dijo a la policía que llegó en apoyo que tenía que señalar a Gustavo. Recuerda que ella le pidió al policía que se explicara mejor. Pero el torturador le gritó: “¿Qué no entiendes? Que digas que fue Gustavo, el gordo”, dijo, y lo señaló.
La policía, Ana María Díaz Medina, subió al taxista a otra patrulla y lo llevó al ministerio público, donde declaró lo que su mando le dijo.
Según la carpeta judicial TE010/0204/2023, a Saúl lo atacaron con un arma blanca ese 28 de junio hacia las cuatro de la tarde. Los hechos ocurrieron en la Colonia Reforma Política, en la Alcaldía Iztapalapa. Lo trasladaron al Hospital Fernando Quiroz, en Valle de Chalco, y sobrevivió.
Saúl seguía en el hospital cuando realizó su primera declaración ministerial. En ella, afirmó que la agresión ocurrió afuera de su domicilio, en Calle Reforma. Dijo que lo acompañaban varios amigos, y que el conflicto derivó de una discusión con otro sujeto, quien minutos después regresó con al menos 10 personas y alguno de ellos -no especificado- lo hirió.
Sin embargo, al formalizar la denuncia, Saúl cambió la versión por completo. Aseguró que la agresión ocurrió a unas seis cuadras de distancia, en el negocio de sus familiares, cercano al cruce de Avenida Minas y Avenida de las Torres, donde había un tianguis. Que lo acompañaba su novia Naomi, y que su agresor -identificó a Gustavo- bajó de un vehículo, lo persiguió más de 100 metros hasta el local, y lo apuñaló.
El Ministerio Público también tomó en cuenta el testimonio de Naomi. Un testimonio contradictorio, pues afirmó que Gustavo atacó a Saúl en cuanto salió del coche. No se refirió a ninguna persecución, pero dijo que Saúl se desvaneció en la esquina mencionada, cerca del negocio de sus familiares.
Naomi añadió que corrió para pedir ayuda a la cámara con número “9295” y luego se dirigió al establecimiento para avisar a los familiares de su novio. Al mismo tiempo, observó que Gustavo escapó en un coche.
En lo único que coincidieron los testimonios de Saúl y Naomi fueron las características de Gustavo y del Volkswagen Pointer que conducía. Sin embargo, durante las audiencias no hubo alguna evidencia que confirmara dichas versiones, lo que permite suponer que ambas podrían haber sido inducidas por las mismas autoridades.
En el caso de los agentes de vigilancia del C2 Oriente, éstos sólo captaron el vehículo de Gustavo mientras pasaba cerca del lugar de los hechos, y enseguida recibieron la orden de perseguirlo.
No reportaron el hallazgo de algún indicio que acreditara la participación de Gustavo, como rastros de sangre o el arma que habría utilizado. Los dictámenes periciales se limitaron a registros fotográficos del coche y del hospital donde atendieron al lesionado.
En cambio, Fabiola, la madre de Gustavo, presentó un video -que consiguió a través de la cámara de un local comercial- en el que muestra que otra persona es la que agredió a Saúl. Sin embrgo, el abogado público no integró este material a la carpeta y el ministerio público no pidió esas cámaras.
A pesar de la falta de pruebas en su contra, Gustavo fue declarado culpable y sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión. En diciembre de 2023 su defensa interpuso un recurso de apelación, que aún no se resuelve.
Su familia ha sufrido las consecuencias de la injusticia, una de ellas la precariedad. Tuvieron que vender algunas propiedades y trabajar día y noche para solventar los gastos jurídicos y garantizar la seguridad de Gustavo en la cárcel, quien ha vivido dos años privado de su libertad entre golpizas y extorsiones.
“Mientras echan a perder todo, nos encierran con ellos en ese lugar tan feo. Si vieran todo lo que tenemos que pasar… Nos tienen prisioneras también”.
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