Grupo México y gobierno de Sonora presumen apertura de clínica en Bacanuchi. Sin embargo, el servicio médico llegó sólo después de un amparo interpuesto por madres de familia de la comunidad

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Cortesía Comité de cuencas del Río Sonora 

Este sábado 6 de junio la minera Grupo México y el gobierno del estado de Sonora celebraron la rehabilitación de un centro médico en Bacanuchi, así como la incorporación de una médico de tiempo completo. Lo hicieron como si fuera un logro del binomio empresa-gobierno. En realidad es resultado de la lucha legal de un grupo de madres que se ampararon en defensa del derecho a la salud de sus hijos.

“El triunfo que fueron a festejar era el que teníamos que festejar nosotras. Si nosotras no hubiéramos estado, no nos habrían hecho caso. No era la necesidad de llegar a ese nivel. De una demanda o algo así, para que nos hubieran hecho caso. Todo el tiempo ha sido de que se necesitaba. Es una obligación de ellos.

En 2014 el derrame de una de las presas de residuos tóxicos de la mina de Grupo México a los ríos Bacanuchi y Sonora provocó la que se conoce como la mayor catástrofe ecológica de los últimos años. A pesar de que las autoridades medioambientales de México ordenaron a la mina llevar acciones para asegurar la salud de las personas que viven en la rivera, éstas no se han completado.

Ante la falta de servicios de salud en Bacanuchi, un pueblo de poco más de 200 personas, un grupo de madres de familia se organizó para obligar al gobierno de ese estado a prestar el servicio. El pasado 25 de mayo las madres presentaron un amparo en contra de la gobernadora, Claudia Pavlovich, el cual fue admitido. La llegada de la doctora a la comunidad fue por ese motivo. 

“No sé por qué nos ignoraban tanto”, dice por teléfono Gloria Simpson, madre de uno de los niños a favor de quién se promovió el amparo. “Ahora, no tienen por qué pararse tanto el cuello. Si fue porque estuvimos atrás, detrás del gobierno y atrás empujando”. 

Según cuenta Gloria, a partir del derrame del río, hace 5 años, la salud de las personas de la comunidad se empezó a deteriorar. “Se notaban mucho en la piel y salía en los análisis de algunas personas, ha salido un nivel alto de metales, que sea de cobre o cosas así. Yo digo, pues, es importante que les estén haciendo análisis y chequeos a las personas.  

“Estamos muy contentos porque nos fue muy bien gracias a la comunidad y a la organización Poder”, cuenta Gloria sobre la organización que ha acompañado a varias comunidades afectadas por el derrame en su reclamo por servicios de salud. “Es una necesidad demasiado grande, ahora lo que queremos es una ambulancia, porque sí hace mucha falta”. 

Gloria tiene un hijo de 12 años que se queja de un dolor en las piernas, cuya atención médica se dificulta por la distancia y la infraestructura del pueblo. La última vez que el servicio médico de esta localidad funcionó fue hasta antes de la llegada de la minera. 

Hace tres años las autoridades lo cerraron y el médico que asistía con regularidad al pueblo dejó de ir. La comunidad lo atribuye a que la mina cambió los caminos para llegar a la comunidad cuando construyó una presa de desechos tóxicos. 

“El centro de salud más cercano está a dos horas en carro, eso si te vas recio, pero el camino en muy mal estado entonces igual puedes ir recio pero con el riesgo de que se te quiebre el carro porque el camino está en muy mal estado. Yo creo que en una emergencia médica, no llegas”.

A inicios de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima autoridad judicial del país, ordenó que la minera debe concluir los trabajos y las medidas para asegurar servicios de salud a las comunidades afectadas por los derrames de estos ríos, sin embargo, hasta el momento no hay un plan al respecto.