Familiares de los dos integrantes del EPR víctimas de desaparición forzada piden a la Fiscalía General de la República que acate la sentencia judicial que ordena abrir los cuarteles militares para buscar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Sería una prueba de que en verdad se trata de un gobierno distinto, señalan

Texto y fotos: Ximena Natera

Una muestra de que se trata de un gobierno distinto sería que la Fiscalía General de la República acate la orden de la jueza y ordene abrir los cuarteles militares para buscar a dos integrantes del EPR, víctimas de desaparición forzada, señalan los familiares, que esperan que la FGR no evada el cumplimiento

La Fiscalía General de la República tiene 10 días para impugnar una sentencia judicial que obligaría al Ejército a abrir sus cuarteles para buscar a dos víctimas de desaparición forzada: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, luchadores sociales y militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos en mayo 2007 en Oaxaca.

“Lo que esperamos es que este gobierno, que se llama a sí mismo distinto, no interponga recursos para evadir el cumplimiento de esta sentencia y que se empiece a mostrar voluntad con hechos concretos… que se hagan búsquedas”, dice a Pie de Página Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes.

La sentencia que viene después de 12 años de pelear el caso en tribunales nacionales y extranjeros es un logro sin precedentes en el proceso de búsqueda de justicia para casos de desaparición forzada.

“La sentencia es judicialmente histórica porque está ordenando al Ejército, un poder tradicionalmente intocable, que abra los cuarteles militares para buscar a las víctimas, pero también que cite a comparecer a mandos militares, generales y mayores, que estaban en funciones en mayo de 2007, cuando ocurrió la desaparición”, dice Sandino Rivero, abogado de la familias.

Además de lo anterior, la sentencia emitida por el juzgado 4 de Distrito de Amparo en materia penal del Ciudad de México, ordena la creación de una comisión de búsqueda específica para el caso, que estará formada por los familiares de los desaparecidos y funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República.

También contempla medidas de reparación como que la Sedena publique la sentencia en un medio de circulación nacional: “Esto en sí es un reconocimiento de la violación de derechos humanos en contra de Edmundo y Gabriel”, dice Rivero.

En el derecho penal internacional, la Desaparición Forzada es considerada un crimen de lesa humanidad y contempla la detención ilegal y privación de la libertad de personas por agentes del Estado como policías o militares, con el fin de que la víctima no pueda ser protegida por la ley.

Según estándares internacionales, el delito de desaparición no pierde vigencia mientras no se localice a la víctima. El abogado Rivero explica que esto hace que la sentencia no tenga fecha de caducidad, por lo tanto la sentencia de amparo tampoco:

“El amparo no se va a cerrar hasta que se determine la suerte o paradero de los dos desaparecidos, pueden pasar 10 o 20 años, pero la Fiscalía tendrá que informar semanalmente cómo va la investigación y si no cumple, la Suprema Corte de Justicia  puede ordenar la destitución de los funcionarios”, explica Rivero.

El caso es particularmente importante emblemático porque se trata de una desaparición forzada “en su máxima expresión y utilización original: que tiene que ver con la desaparición de la disidencia, son dos luchadores sociales, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, un grupo armado guerrillero».

El caso asemeja los crímenes ocurridos en México durante la Guerra Sucia, en la década de los años setenta, que dejó un saldo de 480 casos registrados de desaparición forzada, ninguno de los cuales ha llegado todavía a tribunales.

La sentencia, dice Nadín Reyes, construye un nuevo piso de partida para la búsqueda de su padre.

“De ahora en adelante el gobierno reconoce que el crimen fue cometido por la autoridad y se tendrá que investigar a actores específicos”.

Para Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Cruz, éste es el inicio de un camino que posiblemente lleve a la justicia: “No solamente para Gabriel, queremos que esto se abra para todos los detenidos y desaparecidos en México. Es difícil explicar estos años, hemos tenido que aprender a sentir este dolor y seguir buscando y queremos que más familias no tengan que vivir esto».

El abogado Sandino Rivero concuerda con Margarita.

“Esto podrá servir para cualquier caso de desaparición forzada y mandar al Ejército el mensaje de que no es intocable y eso se puede proyectar en otros casos donde el Ejército ha violado sistemáticamente los derechos humanos”, explica.

¿Que sería justicia?, se le pregunta a Margarita y Nadin.

“Castigar a los culpables (…) las autoridades son las que hicieron esto y ellos tienen que hacerse responsables de su crimen”, responde Margarita Cruz.

“Queremos saber quiénes fueron los responsables, pero sobre todo por qué lo hicieron y quién lo permitió”, añade Nadin Reyes.

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