El gobierno de López Obrador ha optado por pactar con los adversarios de las comunidades locales y de los productores campesinos. Desdeña las reglas en materia ambiental y agropecuaria

Twitter: @eugeniofv

Entre las características más notorias y sorprendentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia ambiental y agropecuaria están su desdén por las reglas, su idea de que están puestas por capricho y la noción de que a su gobierno no le toca agilizar los trámites, obligar a que se cumpla la normatividad ni nombrar y remover a los funcionarios que hacen mal su trabajo. Ese desprecio por la normatividad se vio hace algo menos de un año con el acuerdazo por el que se eximió de trámites y requisitos a prácticamente todas las obras del gobierno federal. Hoy lo vemos de nuevo con el Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía que el gobierno federal firmó con las quince principales empresas de alimentos de México y que las exime, entre otras cosas, de todos los controles de sanidad, inocuidad y riesgos sanitarios. 

El nuevo acuerdo busca contener la inflación al liberar completamente las barreras a la importación de alimentos. Por él se otorga a empresas como Minsa, Walmart o Sigma “una licencia única universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”. 

En la conferencia mañanera de este lunes 10 de octubre el presidente López Obrador explicó con toda claridad lo que piensa de esos trámites y permisos. Según él esos controles en realidad no son relevantes para evitar enfermedades como la fiebre aftosa del ganado o el millar de plagas que tanto ha costado controlar en México. En realidad, según el mandatario no son más que “un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación” que solo defienden los “partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre”. Para colmo de males, según el presidente de la República, el titular de Senasica, Francisco Javier Trujillo Arriaga, “debe de llevar treinta años ahí y lo defienden los grandes productores”.

Lo primero que llama la atención es que, como dice con toda claridad el reglamento interior de Senasica, el titular del organismo “será nombrado y, en su caso, removido por el secretario” de Agricultura y Desarrollo Rural. Si al presidente le parece mal el trabajo que hace Trujillo —que, en efecto, es defendido por los grandes productores, a algunos de los cuáles ahora eximió de todo trámite y control—, ¿por qué no instruye al secretario Villalobos que lo remueva, en lugar de cancelar todo el trabajo de Senasica? 

Es lo mismo que ocurrió hace algunos meses cuando dijo que la normatividad en materia ambiental no era más que “trámites burocráticos” que detenían las obras de su gobierno, en particular el Tren Maya. En lugar de suspender el derecho y poner en riesgo el medio ambiente y la vida de las personas, ¿por qué no dotar de un presupuesto adecuado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que pueda procesar las solicitudes y manifestaciones de impacto ambiental en tiempo y forma? 

En el caso del intento actual por detener la inflación, además, se asume desde el gobierno una política que favorece a los grandes beneficiarios del neoliberalismo que son, además, grandes depredadores ambientales. En lugar de impulsar una política de descentralización de mercados que favorezca la consolidación de cadenas cortas y de mayor vinculación entre productores y consumidores, de fomentar una agricultura regenerativa que sirva para alimentarnos a los mexicanos al tiempo que se restaura la capacidad productiva de los suelos del país, de frenar a quienes roban el agua de todos con tomas ilegales o la estropean con descargas tóxicas, el gobierno de López Obrador ha optado por pactar con los adversarios de las comunidades locales y de los productores campesinos. 

El gobierno de López Obrador ha decidido concentrar más la riqueza, poniendo en peligro al agro nacional. Todos —menos esos quince multimillonarios a los que el presidente presumió en la conferencia mañanera— corremos un enorme riesgo por su decisión. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.