La pandemia llegó a Oaxaca causando enfermedad y muerte como en todo el mundo, solo que en este estado, que desde hace 20 años encabeza los primeros lugares en rezago social en México, las comunidades indígenas se enfrentaron además a la indolente deuda histórica por la falta de hospitales, lo que triplicó el número de fallecimientos

Texto: Nathalie Gómez, Diana Manzo, Paulina Ríos, Pedro Matías / Página 3

Ilustración: Conejo Muerto

Foto: Página 3

OAXACA.- Cuando 48 de las y los 162 habitantes que viven en José López Portillo -o Chocomanatlán como también se le conoce a esta comunidad-, tuvieron dificultad para respirar, ojos enrojecidos por la fiebre y el cuerpo flagelado por dolores intensos en las articulaciones, pensaron en la muerte.

Era julio del 2021 y hasta entonces habían evitado que la covid-19 llegara a este pueblo de la etnia zoque, enclavado a 1,053 metros de altitud en la serranía del llamado “pulmón de México”, el macizo selvático más grande del estado de  Oaxaca. 

Inicialmente pensaron que era dengue o chikungunya, desestimaron al virus Sars-CoV-2 dado el aislamiento natural de esta comunidad indígena separada por 146 km de Santa María Chimalapa, su cabecera municipal, y cerca de 400 km de la capital del estado, que se recorren en hasta 12 horas de agreste y sinuosa serranía.

Pero la pandemia sí les alcanzó en la tercera ola y para enfrentarla solo tenían yerbas, tés y paracetamol, si lograban conseguirlo. 

El 26 de julio de 2021, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) calificaron de “emergencia sanitaria” el brote de covid-19 que postró a una buena parte de la población de Chocomanatlán.

Aunque tienen una clínica de salud, ante una enfermedad “fuerte” que necesite hospitalización, corren el riesgo de morir en el camino, pues el hospital más cercano se encuentra a casi dos horas, en territorio del municipio de Cintalapa, en el estado sureño de Chiapas, dice Adrián León Corso, suplente del agente municipal de la comunidad.

Si deciden ir a un hospital de Oaxaca, entonces deben recorrer de seis a siete horas hasta Juchitán de Zaragoza, sorteando la lluvia o la niebla y el mal estado del camino.

Para salir lo piensan mucho porque además no hay transporte público, ni dinero suficiente para pagar el viaje:

“Para llegar a Cintalapa el camino es de terracería y en temporada de lluvias es cuando se descompone. Tenemos un arroyo que cuando llueve mucho no nos deja pasar. Solamente los que tienen moto logran pasar por un puentecito artesanal que tenemos”, explica León Corso.

Un viaje a Cintalapa en transporte particular cuesta entre mil 500 o mil 600 pesos, y solo incluye la ida. “Para llegar a Juchitán es peor porque son como 3 mil pesos, es el doble. Como ve, es muy caro salir de aquí. No hay para pagar tres mil o seis mil pesos para irse a curar, sin contar que hay que comprar medicamentos. Entonces, es más barato morirse aquí”.

Menos hospitales, más muertes

Y es que en el estado de Oaxaca el camino al hospital puede ser un viaje a la muerte, pues muchas comunidades indígenas tienen que recorrer dos, seis o hasta 12 horas para llegar a un hospital, como sucede con los pueblos angpen y odepüt (zoques), ikoots (huaves), ayuujk (mixes), ñuu Savi (mixtecos) o los binnizá (zapotecos).

Es por ello, y por su propia orografía, que muchas comunidades prefirieron cerrar sus fronteras durante la pandemia.

La falta de acceso a la salud en este estado del suroeste del país es uno de los factores por los que desde el año 2000 a la fecha, Oaxaca se ha mantenido en los tres primeros lugares nacionales en rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Y ahora en la pandemia, Oaxaca es primer lugar en número de casos positivos de covid-19 en población indígena del país, con 4 mil 727 registros, de acuerdo con el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), con fecha al 10 de noviembre de 2021

Esto significa que la población indígena en Oaxaca se ha muerto de covid-19, tres veces más que la población general del estado, revela Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural con enfoque hacia Antropología Médica y profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con base en un análisis de los datos disponibles en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Para Sesia, se trata de una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud para la población indígena.

Ejemplos de esta situación existen en todo el estado, donde hay 50 hospitales abandonados, algunos que incluso se inauguraron hasta dos veces para quedar después en el olvido, junto con las comunidades que más los necesitan.

Huajuapan espera, espera y espera

Huajuapan de León es un municipio de la Mixteca oaxaqueña, en el noroeste del estado, donde en lugar de un hospital hay montículos de tierra y una pequeña represa.

El prometido nuevo hospital reemplazaría al viejo, de nombre Pilar Sánchez Villavicencio, creado en 1982 y cuyas 30 camas son insuficientes, al grado de que han tenido que atender pacientes en los pasillos. 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el sistema de salud debería contar con 4.7 camas por cada mil personas, por lo que el hospital de Huajuapan debería tener al menos 423 camas.

Este hospital abarca una población de 90 mil habitantes en un área de influencia de 198 mil personas de 54 comunidades, incluidas San Simón Zahuatlán y Santos Reyes Yucuná, dos de las cinco con mayor pobreza en el país, de acuerdo con el Coneval.

Tras cuatro colocaciones de “primera piedra”, el 5 de febrero del 2014 el gobierno estatal, entonces encabezado por Gabino Cué Monteagudo, iniciaría los trabajos de construcción del nuevo hospital con una inversión de 285 millones de pesos. Sin embargo eso no sucedió. 

En junio de 2015, el Ayuntamiento interpuso la controversia constitucional 38/2015 porque el hospital no se había construido, y el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Oaxaca construir el hospital y le dio 18 meses para hacerlo. 

El actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, ha dicho que se va a cumplir con esta resolución, pero no cuándo. Mientras tanto la Mixteca oaxaqueña sigue con un hospital que apenas pudo destinar cinco camas para el área covid, que tan solo en los primeros 25 días de 2021 se saturó y había una lista de espera de más de 15 personas. No todas sobrevivieron.

“Se envió a pacientes a sus domicilios; vía telefónica se les monitoreaba y recetaba”, explica el personal médico. Hubo gente que se fue a clínicas y con doctores particulares, con las complicaciones de costo y distancia que ello representa. También hubo escasez de oxígeno.

Además, el hospital tuvo que funcionar con 60 por ciento del personal, pues el resto se confinó por padecer comorbilidades.

“Hubo un momento en el que ya no teníamos médicos para esa área y el personal se empezó a enfermar; la necesidad del hospital siempre ha estado, pero la pandemia vino a recrudecerla, porque los demás hospitales también estuvieron saturados; fue desesperante, vimos morir hasta a cinco integrantes de una familia, no todos se pudieron internar, unos no quisieron por temor y otros porque ya no teníamos espacio y no alcanzaron a llegar a otro hospital”, lamenta el personal médico.

La huella del abandono

La fotografía de cuatro integrantes de la familia Maldonado que enfermaron de coronavirus -acostados en su patio- tres de esas personas conectadas a un tanque de oxígeno, en Magdalena Tequisistlán, en la región del Istmo de Tehuantepec, al sureste del estado de Oaxaca, se viralizó en las redes sociales.

Agosto del 2021 fue letal para las familias de este municipio oaxaqueño donde habitan 6 mil personas. De acuerdo con un censo municipal, una de cada seis personas de Tequisistlán se contagió de covid-19 y cursó la enfermedad en su hogar, con atención médica a distancia y tratamiento particular de hasta 100 mil pesos, debido a que desde hace 10 años el hospital está inconcluso.

Todo es silencio y vacío en el edificio, no hay personal médico, ni de enfermería y tampoco mobiliario. Fue inaugurado en dos ocasiones: la primera por el gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, y la segunda por Gabino Cué Monteagudo, emanado de una coalición de partidos de izquierda.

Es uno de los 50 hospitales abandonados en Oaxaca y 300 a nivel nacional, que el propio gobierno federal reconoce que necesitan rehabilitarse, construirse y equiparse.

A Magdalena Tequisistlán le conocen como “La llave del Istmo”, porque es el poblado que conecta al Istmo de Tehuantepec con la capital oaxaqueña; entre ambos lugares hay una distancia de poco más de 200 kilómetros que se recorren en unas tres horas y 40 minutos en auto.

Enfrentar la pandemia sin personal médico y por sus propios medios no fue nada sencillo para las familias. Una veintena de personas fallecieron en este municipio oaxaqueño donde el coronavirus visibilizó el abandono sanitario. 

“Nos da tristeza ver cómo se va desgastando el inmueble, costó mucho dinero para que no funcione”, lamentan habitantes que saben y denuncian que no tener un hospital concluido es una violación a su derecho a la salud.

Durante 15 meses, esta localidad istmeña de origen chontal estuvo sin contagios de covid-19, pero con semáforo epidemiológico verde y una relajación de las medidas sanitarias en las elecciones del 6 de junio, cuando en Oaxaca eligieron un nuevo Congreso y 153 Ayuntamientos, todo cambió. 

Las personas enfermas vivieron una odisea. Los hospitales más cercanos en Tehuantepec y Salina Cruz -ubicados a 60 minutos de distancia-, estaban saturados; la única opción fue atenderse en casa.

Antonia, de 46 años de edad, estuvo conectada a un tanque de oxígeno durante 30 días. Ocupó cerca de 25 tanques para su rehabilitación; actualmente vive con secuelas. 

“Es lamentable que esta unidad médica esté abandonada, la construyeron e inauguraron en dos ocasiones y nunca funcionó porque no tiene equipo, es un cajón enorme y vacío, nos da mucho coraje que esté desgastándose por la irresponsabilidad de las autoridades en echarlo a funcionar. Pudo haber salvado muchas vidas”, dice el presidente municipal Roel Filio.

Es un derecho humano

A 98 kilómetros de Tequisistlán se localiza Unión Hidalgo. En este municipio zapoteca también hay un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) abandonado desde hace seis años.

La madrugada del 5 de enero del 2021, Juan, derechohabiente del ISSSTE de 60 años, murió de un paro respiratorio dentro de la ambulancia que lo trasladaba desde “Rancho Gubiña”, como se conoce a Unión Hidalgo, al Hospital Civil de Juchitán, localizado a 30 minutos de distancia; estaba contagiado de covid-19. 

Rosa María, su esposa, está molesta. Cree que Juan pudo haber sobrevivido si el hospital funcionara: esos 30 minutos de distancia le costaron la vida. A nueve meses de su muerte exige su reapertura y funcionamiento como un derecho humano a la salud.

“Llevamos 19 meses viviendo una pandemia y la clínica del ISSSTE de Unión Hidalgo está cerrada, ¿cuántas vidas se hubieran salvado?, por eso exigimos su apertura”, expresa.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, hasta el 9 de octubre de 2021 en Unión Hidalgo se habían registrado 147 casos confirmados y 27 defunciones, aunque la autoridad local reconoce un subregistro que triplicaría el número de contagios y decesos.

Un candado en el portón principal avisa que el hospital, inaugurado en 2006, está cerrado; desde el 2015 no opera por falta de equipo y personal. 

En este municipio habitan 14 mil 500 personas y solo existe una unidad básica de los Servicios de Salud de Oaxaca, donde las quejas por la falta de medicinas son una constante, por lo que un grupo de la sociedad civil impuso un amparo para exigir la apertura del hospital.

“El amparo firmado por aproximadamente una centena de ciudadanos ya tuvo eco y aunque el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se ha negado a firmar, las autoridades de Salud estatal ya saben que hay una demanda que exige su funcionamiento”, advierte el abogado Edward Martín Regalado, promotor del recurso judicial ciudadano que fue admitido por el juez séptimo de distrito.

Martín Regalado refiere que por un lado las autoridades -a través del portal de transparencia- informaron que dicha unidad está en construcción y, por otro, el 13 de agosto pasado, sin avisar y en total discreción, el entonces director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, recorrió las instalaciones y admitió que desde hace tres años se abandonó, tras su construcción, pero se comprometió a equiparlo, aunque sin fecha para ello, y a su renuncia al cargo ocurrida el 30 de noviembre de 2021, no había aún cumplimiento del compromiso.

En el catálogo de clínicas del ISSSTE esta unidad aparece como abierta y en operación, por lo que, al menos en teoría, recibe un presupuesto anual que hasta el momento no se sabe ni de cuánto es, ni a dónde va a parar. Y aunque se preguntó, ninguna autoridad tuvo respuesta.

Según datos del mismo Instituto, obtenidos por transparencia, en el 2016 autorizaron 12.4 millones para reconstruirlo, pero a la fecha solo existe un cascarón  y en los primeros días de diciembre del 2021 apenas la estaba pintando.

“La información no coincide, entre ellos mismos se engañan y eso es lamentable, los ciudadanos de Unión Hidalgo lo que deseamos es que esta clínica brinde servicios a la salud, que dé medicinas, que atienda a la gente que lo requiera, es una urgencia”, reitera el abogado.

Se volvió costumbre

Tan solo la administración del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz (1 de diciembre de 2004 – 30 de noviembre de 2010) dejó 102 obras hospitalarias inconclusas, entre las que sobresalen dos hospitales de 60 camas, uno en Matías Romero y otro en Tlaxiaco.

Tampoco se concluyeron seis hospitales de 30 camas, entre ellos los de Santa María Huatulco y Pochutla en la región de la Costa; en Tehuantepec en la región del Istmo, y en su natal Chalcatongo, en la región de la Mixteca oaxaqueña.

De igual forma, esa administración no concluyó los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Telixtlahuaca, Tlacolula, y Acatlán de Pérez Figueroa.

La administración de Gabino Cué Monteagudo (1 de diciembre de 2010 – 30 de noviembre de 2016), también fue señalada de no concluirlas.

Gabriela Velásquez Rosas, ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que Cué dejó un sistema de salud colapsado y 175 obras inconclusas, de las cuales 75 estaban calificadas como obras prioritarias.

El 19 de agosto del 2021, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, reconoció ante el Congreso del Estado que esa institución se encuentra en un proceso de reingeniería y saneamiento de salud, pero la realidad es que atraviesa una severa crisis financiera que apenas permite pagar sueldos.

A cinco años del gobierno del priista Alejandro Murat, su colaborador justificó la crisis que atraviesan los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por la deuda que le heredaron las administraciones de Ulises Ruiz y Gabino Cué, que supera los 9 mil 440 millones de pesos.

Problema estructural

Para Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural, una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud durante la pandemia de covid-19 es el alto porcentaje de defunciones entre la población indígena.

La profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) región Pacífico Sur expuso que esa situación se presenta en todo el país, pero en Oaxaca se agrava porque es el estado con mayor población indígena del país.

“Entonces aquí estamos hablando de un problema estructural de falta de acceso a servicios, que es gravísimo porque estamos hablando de porcentajes de defunciones de la comunidad indígena que son más del doble que el resto de la población, y eso también sucede en Oaxaca”, puntualizó.

* Este texto forma parte del  proyecto covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).