30 agosto, 2025
Los países integrantes aprueban el Compromiso de Tlatelolco, una ambiciosa agenda decenal hacia la “sociedad del cuidado” y la igualdad de género, al cierre de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar del 12 al 15 de agosto en la Ciudad de México.
Texto: Laura Buconi
Fotos: CEPAL ONU
CIUDAD DE MÉXICO.— América Latina y el Caribe están enfrentando una crisis de cuidados en la región, enfatizada por un contexto marcado por un bajo crecimiento, alta desigualdad —que incluye persistentes desigualdades de género— y bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva, explica el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs, en entrevista con Pie de Página.
Por ello, “reconocer la sociedad del cuidado como un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible implica transitar hacia un modelo que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y del planeta. En este paradigma, desde América Latina y el Caribe para el mundo, se reconocen los cuidados como una necesidad, un derecho humano, como un trabajo productivo, así como un sector clave para dinamizar el conjunto de la economía”, afirma Salazar-Xirinachs.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cerró la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe con la aprobación del Compromiso de Tlatelolco, que establece una década de acción (2025-2035) en América Latina y el Caribe “para acelerar el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado mediante transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental”.
En el acuerdo se reitera la necesidad de una transición hacia una sociedad de los cuidados: en la resolución se reconoce “el derecho humano al cuidado, que incluye el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado, sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género y, por lo tanto, como una obligación del Estado y una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, los hombres y las mujeres, las familias, las comunidades y el sector privado”.
Para implementar esta visión, el Compromiso incluye acuerdos sobre fortalecer los marcos normativos y la arquitectura de género de los Estados, aumentar el financiamiento y la cooperación internacional y regional, consolidar la perspectiva de género en los sistemas estadísticos, y fortalecer la institucionalidad en este campo, entre otros, explica el secretario ejecutivo Salazar-Xirinachs.
En el acuerdo, los Estados miembros de la CEPAL se comprometen a garantizar la plena, significativa e igualitaria participación de las mujeres en la vida pública, en la política y en la economía, y “a liberar tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo y a la educación y disfrutar plenamente de su autonomía”. También acordaron promover la plena participación de los hombres, los jóvenes y los niños como aliados estratégicos para el logro de la igualdad de género e impulsar políticas para la distribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres.
De hecho, el Compromiso hace hincapié en la necesidad de proteger los derechos de todas las personas que realizan trabajo de cuidados, tanto de forma remunerada como no remunerada, y garantizar los derechos laborales, condiciones dignas y la seguridad social de quienes realizan trabajo de cuidados de forma remunerada. Se establece la importancia de promover políticas públicas para formalizar y profesionalizar el trabajo de cuidados remunerado, con atención especial a los grupos de trabajadoras en situación de vulnerabilidad, como las trabajadoras domésticas, comunitarias, migrantes, indígenas y afrodescendientes, y fortalecer los sistemas previsionales para que contemplen y reconozcan el trabajo de cuidados no remunerado realizado principalmente por las mujeres.
En México, según ONU Mujeres, estos compromisos se vinculan con avances recientes como la creación de la Secretaría de las Mujeres y el establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados.
En entrevista con Pie de Página, el área de prensa de ONU Mujeres delinea los pasos que el gobierno mexicano debe implementar en los tres niveles para cumplir con el compromiso:
En el punto 15, el acuerdo se compromete a “eliminar todas las barreras legales e institucionales para el acceso efectivo e igualitario de las mujeres a la justicia, sin discriminación, garantizando la participación, la transparencia, la independencia y la atención oportuna y de calidad con personal especializado, y la reparación integral del daño en caso de violación de sus derechos a efectos de poner fin a la impunidad”.
En el párrafo 29, hay un compromiso específico hacia las defensoras de derechos humanos, especialmente “a las que se dedican a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la tierra, el territorio y los recursos naturales, a fin de prevenir todas las formas de discriminación y violencia contra esas defensoras y combatir la impunidad adoptando medidas para la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellas y garantizar su acceso a la justicia”.
Se trata de resoluciones sumamente ambiciosas, si pensamos que, al menos en México —país que hospedó esta XVI edición de la Conferencia Regional—, la impunidad hacia defensoras del territorio es aproximadamente del 99% y se registró una alza en crímenes violentos hacia ellas. Ni la CEPAL ni ONU Mujeres, cuyos representantes fueron entrevistados por Pie de Página, informaron sobre propuestas concretas para lograr la eliminación de las barreras legales y la protección de las defensoras.
Otro punto retador, sobre todo en el actual escenario político en cuanto a las migraciones de personas latinoamericanas hacia el norte del continente, es el número 32, en el que se evidencia la importancia de “visibilizar el aporte fundamental de las mujeres migrantes a las sociedades de origen y destino, especialmente en el ámbito de los cuidados, y garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos”, eliminando las condiciones estructurales que las exponen a situaciones de vulnerabilidad en el ciclo migratorio.
Además, los países acordaron promover también la adopción de acuerdos de cooperación entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de las mujeres migrantes, prestando especial atención a garantizar los derechos de aquellas que forman parte de las cadenas globales y regionales de cuidados, propiciando su plena, significativa e igualitaria participación en la toma de decisiones (párrafo 43).
Sobre propuestas de estrategias prácticas para lograr estos puntos, Pie de Página no recibió respuestas por parte de la CEPAL. ONU Mujeres, a este propósito, resaltó que “corresponde a los Estados adoptar las estrategias y medidas para garantizar los derechos de las mujeres en contextos de movilidad humana, así como promover acuerdos de cooperación entre países de origen, tránsito, destino y retorno”. Dio a conocer que la asociación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la mano de la Secretaría de las Mujeres, está facilitando servicios de apoyo legal y psicológico con enfoque de género a mujeres en contexto migratorio en las fronteras norte y sur del país.
La Mesa quedó conformada con México en la Presidencia y Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Granada, Haití, República Dominicana y Uruguay en las Vicepresidencias, por los próximos tres años, es decir, hasta que se realice la XVII Conferencia Regional, que se llevará a cabo en Colombia en 2028.
La Mesa Directiva de la Conferencia Regional actúa como enlace entre los gobiernos y la Secretaría de la CEPAL y continúa celebrando sesiones entre las reuniones de la Conferencia Regional como mecanismo de acción permanente, en coordinación con ONU Mujeres. Los países miembros podrán informar en las reuniones de la Mesa Directiva sobre el avance en la aplicación del Compromiso de Tlatelolco.
El secretario ejecutivo Salazar-Xirinachs evidencia que, “si bien están dispuestos mecanismos de seguimiento para la consecución de los objetivos establecidos, no todos los países parten de la misma base. Hay algunos con mayores dificultades para alcanzar estos objetivos, a causa de debilidades institucionales, limitaciones presupuestarias y sistemas estadísticos insuficientes para generar datos desagregados, lo que afecta el seguimiento de las políticas. En ese contexto, la cooperación, así como el intercambio de buenas prácticas y el apoyo técnico de organismos regionales e internacionales, resultan esenciales para el logro de los objetivos establecidos en la Conferencia”.
En el acuerdo también se le solicita a la CEPAL que fortalezca el trabajo articulado entre la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe y otros de sus órganos subsidiarios, como la Conferencia Estadística de las Américas, la Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur, así como con organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas para cooperar en la creación de capacidades para acelerar la aplicación de los compromisos asumidos.
El área de prensa de ONU Mujeres, en entrevista con Pie de Página, informó que las áreas prioritarias de apoyo identificadas por la CEPAL incluyen la prevención y atención de la violencia de género, el fortalecimiento de políticas y servicios de cuidados, el acceso a la justicia con perspectiva de género, la protección de los derechos de las mujeres en contextos de movilidad humana y la respuesta a los impactos del cambio climático.
La aprobación del Compromiso de Tlatelolco, que establece una década de acción (2025–2035) para acelerar la igualdad sustantiva y avanzar hacia la sociedad del cuidado como nuevo horizonte de desarrollo, “recoge medio siglo de avances en la Agenda Regional de Género y los proyecta con herramientas concretas: marcos normativos, programas, financiamiento sostenible, cooperación internacional y un acelerador de inversiones en cuidados con respaldo de organismos multilaterales”, afirma Salazar-Xirinachs.
Además, el secretario ejecutivo hace hincapié en el liderazgo de América Latina y el Caribe en poner el derecho al cuidado como bien público global y como derecho humano autónomo, reconocido recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, el camino hacia la siguiente etapa de trabajo presenta importantes retos y fuertes brechas estructurales en la región: desigualdades económicas, limitaciones presupuestarias, fragilidad institucional y la alta informalidad laboral que afectan la capacidad de implementar sistemas integrales de cuidado; además de otros retos actuales como el envejecimiento poblacional, los efectos del cambio climático y las persistentes desigualdades de género.
Según las autoridades de la CEPAL, esto hace indispensable movilizar recursos financieros internos y externos, transformar los sistemas tributarios nacionales y reformar la arquitectura financiera internacional. “En este sentido, la iniciativa del Acelerador de Inversiones en Políticas y Sistemas Integrales de Cuidados es clave para articular financiamiento, asistencia técnica y cooperación regional. La tarea pendiente será transformar el Compromiso de Tlatelolco aprobado en la XVI Conferencia Regional en políticas efectivas para el logro de la igualdad sustantiva en la región”, concluyen.
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