Talleristas del programa en las sedes de Azcapotzalco son obligados a incrementar la matrícula de alumnos en los PILARES; de no hacerlo, los amenazan con despedirlos. Las denuncias a este programa se extienden a otras alcaldías, donde los talleristas denuncian prácticas como el outsourcing y el acoso laboral

Texto: Isabel Briseño

Foto: Pedro Anza / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante testimonios anónimos, algunos talleristas del programa PILARES de la Naranja y Tepantongo, en Azcapotzalco, denuncian la presión que viven con una nueva instrucción. 

La historia comienza en mayo, cuando recibieron la orden de incrementar la matrícula a través de sus coordinadores educativos. La meta, que más bien parece un desafío a cumplir, es de 10 nuevos usuarios por tallerista a la semana. 

Para los talleristas, esta parece ser una estrategia que pretende probar que el proyecto educativo PILARES es efectivo. Sin embargo, ha generado un ambiente de tensión entre los trabajadores del programa.  

En esencia, el proyecto PILARES es uno de los mejores que tiene el Gobierno de la Ciudad de México, pues son centros de educación no formal que ofrecen actividades educativas, culturales y deportivas extraescolares gratuitas; enfocadas, principalmente, a la población vulnerable de barrios, colonias y pueblos con bajo índice de desarrollo social. 

El concepto de estos espacios también está basado en la garantía de hacer cumplir los derechos constitucionales a la educación, cultura y deporte.

Sin embargo, los derechos laborales de los talleristas siguen siendo un tema pendiente.

Exigencia insostenible

Entre los objetivos del programa PILARES están el generar tejido social, que disminuyan desigualdades, y acercar la educación, cultura y deporte a todas y todos. Son objetivos buenos, pero el problema está en el nuevo enfoque que parece tomar el programa en cuánto a los números. Así, para lograr la meta de incrementar los números de usuarios, los talleristas han recurrido a prácticas poco realistas.

De acuerdo con el testimonio de una fuente anónima otorgada a Pie de Página, los talleristas hacen trabajo de difusión en escuelas, tianguis y espacios públicos. Algo que no le corresponde hacer.

Posteriormente toman los datos de quienes están interesados. 

“Para dar de alta un folio necesitamos nombre, edad, teléfono y CURP. El teléfono no es tan importante porque el sistema permite poner: sin dato, lo indispensable es el CURP, para eso le pedimos a la gente nombre, fecha de nacimiento y entidad donde fue registrado(a)».  

Lo anterior se hace para elevar las personas registradas en los planteles de la Naranja y Tepantongo, en la Alcaldía Azcapotzalco. Pie de página también pudo observar en un chat de whatsapp con fecha del 23 de mayo de 2023 las conversaciones en las que se advierte de la baja del programa en caso de no cumplir con los folios de registro solicitados. El mensaje textual dice:

“Sigue el análisis cuantitativo y quien tenga menos de 15 usuarios a la semana por PILARES se estará dando de baja, es lo que nos están informando”.   

Esta situación ha repercutido en varios aspectos. Por ejemplo: en la preocupación de los talleristas por la latente posibilidad de perder su fuente de ingreso. Incluso, este esquema ha desatado rivalidades  entre compañeros tallerista al ponerlos a competir. 

“El objetivo de reconstruir el tejido social queda roto, al menos entre los docentes que se pelean los alumnos y en lugar de preocuparnos por dar un servicio de educación de calidad, estamos agobiados por conseguir que más gente se inscriba”. 

Beneficiar a unos, perjudicar a otros

Si bien es cierto que esta situación actualmente es denunciada específicamente en los planteles la Naranja y Tepantongo, las inconformidades se extienden a otros casos.

Algunos de ellos son el cierre repentino de los cursos ya aprobados; el despido injustificado de coordinadores por no cumplir con las metas de usuarios; el atraso en los pagos hasta por veinte días, y el más expuesto por parte de los talleristas: la falta de material mínimo necesario para impartir sus clases. 

Otro tallerista de un PILARES de la zona de Tlalpan, que también solicita reservar su identidad, comenta que en su plantel no le han solicitado incrementar el número de alumnos. Su problema es la falta de materiales, pues de su salario que oscila entre los 7 mil pesos mensuales, debe comprar una bocina que le permita dar su clase, pues la que había ya no funciona. El tellerista denuncia que, a pesar de que ya solicitó una nueva bocina en su coordinación, lo han ignorado.    

Este testimonio concuerda con el de otros profesores ya despedidos en la alcaldía Iztapalapa. Ellos denuncian que fueron señalados, y después despedidos, por negarse a cubrir con sus ingresos el material necesario.      

A los beneficiarios de este programa social no les ha quedado más que aguantar y callar. El miedo a ser despedidos los hace resistir prácticas que califican como outsourcing laboral por parte del gobierno capitalino. 

La duda que aqueja a los talleristas de estos dos centros es: ¿La jefa de gobierno está enterada del rumbo al que están llevando a algunos de los centros de educación comunitaria?