Organizaciones aliadas a defensores del territorio interpusieron recursos legales e internacionales contra cinco megaproyectos del gobierno federal: Tren Maya, Corredor Interocéanico, Nuevo Aeropuerto Internacional De Santa Lucia, Refinería Dos Bocas, Proyecto Integral Morelos

Texto: Daliri Oropeza

Foto: Presidencia

Organizaciones civiles interpusieron dos nuevos recursos legales e internacionales contra cinco megaproyectos: Corredor Interocéanico, Nuevo Aeropuerto Internacional De Santa Lucia, Refinería Dos Bocas, Proyecto Integral Morelos y Tren Maya. Aseguran que los consideran violatorios de Derechos Humanos.

Los recursos legales interpuestos por integrantes de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista-Antipatriarcal y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) son una demanda de amparo indirecto en el Juzgado Decimoquinto en la Ciudad de México por graves violaciones a Derechos Humanos de los cinco megaproyectos.

Además interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución y que forman parte de los convenios firmados por México como el 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Fueron interpuestos desde el 7 de agosto.

En conferencia de prensa, Carlos González, abogado especialista en derecho agrario, dijo que por primera vez la sociedad civil organizada interpuso los recursos para sacar de la confrontación a las comunidades de manera directa con el gobierno federal. Además, con los amparos a los cinco megaproyectos, dan una visión en conjunto del problema y los intereses a los que responde, afirma.

“Estos megaproyectos son parte de un gran proyecto, el Plan Puebla Panamá, luego Proyecto Mesoamerica y ahora nos lo presentan de manera distinta. Todos en su conjunto (los cinco megaproyectos) obedecen a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Han sido impuestos, nunca han sido consultados a las poblaciones afectadas, particularmente poblaciones indígenas. con las cuales se debe hacer un procedimiento especifico adaptado a estándares internacionales, que marcan los convenios de los cuales México es parte a nivel constitucional”, asegura González. 

Te puede interesar leer “Corredor Interocéanico: la apuesta por el desarrollo industrial del Istmo” 

El defensor del territorio maya Pedro Uc, también en la conferencia, asegura que las comunidades no fueron consultadas de manera libre, previa, informada, ni de buena voluntad en el caso del Tren Maya. Asegura que los pueblos han sido orillados a las instancias legales, aunque “la vía jurídica no es nuestra gran esperanza. Lamentablemente es una necesidad recorrerla. Las leyes que están construidas se hicieron desde una perspectiva y visión occidental y no miraron formas de convivencia y existencia de los pueblos indígenas”. 

Pedro Uc denuncia que “en el marco del mal llamado Tren Maya, pusimos un primer amparo que el poder judicial se negó a aceptar que porque en Yucatán no se estaba realizando ningún trabajo”. Denuncia que desde los juzgados aún existe el racismo, no hay jueces indígenas ni tampoco en lenguas mayas. Y que tampoco consideran las formas de organización de los pueblos. 

“Lo paradójico es que el discurso oficial habla que el tren va a remediar nuestro problema d marginación, de pobreza, de salud, de educación. Este es uno de los discursos que se han hecho por todos los gobiernos que han pasado. Y ahora el tren es un dios milagroso que va a resolver nuestras necesidades. Así es como lo han hecho creer a mucha gente. (…) Un tren no va a resolver nuestro problema. nosotros queremos convivir, nuestros bosques, nuestros animales y tomar decisiones sobre nuestro desarrollo, que no nos traten como estúpidos,como desde hace 500 años”, añade. 

De acuerdo con el abogado Carlos González, desde el gobierno está la pretensión de reacomodar territorios, con estos cinco megaproyectos, además de comprar gas a Estados Unidos, por ello están planteando más gasoductos, termoeléctricas y zonas industriales de sed el Corredor Transistmico que se conectarían con el suroeste, pes es un megaproyecto “bisaggra”.  

El abogado reitera: “Se pretenden construir 10 corredores urbano industriales, se pretende fijar a la población para que no migre al norte. En el proyecto de Tren Maya que contemplan 30 estaciones, pretenden que en 19 de ellas se construyan polos de desarrollo, y algunos industriales. Corredores urbano industriales o turisticos. Todos estos proyectos tienen un impacto tremendo sobre las poblaciones y sobre la naturaleza”. 

Te puede interesar leer El Tren Maya y la resistencia en tiempos de pandemia

El defensor del territorio Pedro Uc aseguro que las comunidades seguirán con las estrategias legales y cualquier modo que les permita asegurar la vida de sus pueblos y la naturaleza.

“La violación de los poderes a sus mismas leyes es una verdadera vergüenza. aun con las leyes para su propio beneficio aún así no les alcanza para el despojo, con la forma que tienen de ventaja, alevosía, premeditación, nosotros hemos sabido encontrar los resquicios y recovecos de estas leyes para defendernos», acusa.

Además denuncia que, el tema de la consulta ha sido una burla por parte del gobierno, y que jamás se han acercado a los defensores del territorio para entablar un diálogo. “Desde antes de que el presidente actual tomara posesión ya había anunciado la construcción del tren mal llamado maya y esto nos hace pensar que lo que sigue a esto es una especie de justificación de una decisión que ya se había tomado. Desplegó propaganda y cruzada con los comisarios ejidales a través de personeros de fonatur”, denuncia Uc, quien recalca que ofrecieron becas, y apoyos del “Bienestar” a cambio de avalar el proyecto, que aún desconocen en su totalidad las comunidades.

Recalca que las 135 consultas próximas que anunció Semarnat en la península para evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental también son violatorias de los derechos de los pueblos mayas, ya que el proyecto no ha sido avalado. No se puede seguir avanzando legalmente si las comunidades no lo aceptan, recalca.