Organizaciones agrupadas en el Espacio Piscosocial Latinoamericano condenaron el cierre de la universidad jesuíta y exigieron al gobierno de Daniel Ortega que cese las acciones represivas en Nicaragua

Texto: Redacción Pie de Página

Foto: Aluna

CIUDAD DE MÉXICO.- El Espacio Psicosocial Latinoamericano, integrado por organizaciones de México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Honduras, condenó el cierre dela Universidad Centroamericana de Nicaragua,

El cierre de la universidad jesuíta por parte del gobierno de Daniel Ortega se trata de «un acto de extrema intolerancia y violencia política» hacia actores que históricamente han acompañado y apoyado a las víctimas en sus luchas contra la desigualdad y el abuso de poder. Este hecho, dijeron, representa un «grave atentado» contra la autonomía universitaria y los derechos de libertad de pensamiento.

Aquí reproducimos el comunicado completo:

El pasado 16 de agosto, el gobierno de Nicaragua confiscó las propiedades y los bienes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), el último evento de una serie de falsas acusaciones e injustas acciones judiciales que el gobierno de Managua ha venido ejerciendo contra la institución académica a la que el régimen Ortega-Murillo ha tildado de “terrorista”.

Quienes suscribimos el presente comunicado denunciamos que se trata de un acto de extrema intolerancia y violencia política hacia la Compañía de Jesús y la comunidad universitaria, actores que históricamente han acompañado y apoyado a las víctimas de la violencia estructural en sus luchas contra la desigualdad, el abuso de poder y la represión estatal. Consideramos que este hecho representa un grave atentado contra la autonomía universitaria, los derechos de libertad de pensamiento y de acceso a la educación superior de calidad y, en especial, contra la promoción del conocimiento crítico desde el quehacer educativo universitario. Es el cierre de un espacio humanista que ha brindado a las juventudes un entorno seguro y de esperanza.

Cabe destacar que esto ocurre en el marco de la estrategia represiva del gobierno contra la ciudadanía, que se agudizó en abril de 2018 tras las protestas pacíficas contra la injusta reforma al sistema de pensiones y la letal represión contra el estudiantado que apoyó la causa. Desde ese entonces, el terror ha imperado en Nicaragua: miles de personas defensoras, periodistas, estudiantes, madres, políticos– han sido víctimas de amenazas, encarcelamientos, torturas (incluida la sexual), desapariciones forzadas y asesinatos.

Quienes han manifestado solidaridad también han sido castigados. Hoy el exilio es una realidad para miles de nicaragüenses. Por si fuera poco, este año 300 personas opositoras al régimen fueron desterradas y se llegó al extremo de quitarles la nacionalidad, sus bienes y el derecho a la salud, estrategia utilizada por el régimen nazi contra quienes consideraba sus enemigos.

El cierre de la UCA, tras más de 60 años de funcionamiento, afecta directamente a 5 mil estudiantes, 420 docentes y 435 trabajadores académicos y administrativos. El régimen ha violentado el derecho de acceso a la educación de calidad del estudiantado de la UCA, pues ha prohibido al resto de universidades del país que les matriculen, privándoles así del derecho a elegir otra opción educativa y obligándoles a estudiar en la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo Montenegro”, centro educativo que se creó para sustituir a la UCA y que está bajo total control del gobierno. El personal académico y administrativo de esta casa de estudios quedó sin empleo, sin liquidación y sin el pago de la correspondiente quincena, dado que el poder judicial congeló las cuentas bancarias de dicha universidad el 10 de agosto del 2023; situación que les coloca en total indefensión, incertidumbre y angustia.

Los agravios a la UCA son parte de un continuum de agresiones y acciones hostiles, que ha ido en ascenso (1). El régimen Ortega-Murillo pretendió justificar la confiscación de la UCA bajo la infundada acusación de haber funcionado “como un centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados”, quienes han causado la destrucción de universidades, edificios públicos y privados. Con estas acciones, según el régimen, la universidad ha “incitando a la desestabilización del país, lesionando los intereses supremos de la nación” (Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de la Circunscripción Managua, 15 de agosto de 2023).

Antes de la confiscación de la UCA, 26 universidades privadas corrieron la misma suerte en agravio de unos 40 mil estudiantes universitarios a nivel nacional. Además, la Universidad Americana (UAM), propiedad del ejército de Nicaragua, rechazó la matrícula a más de 600 estudiantes de la UCA que pretendían continuar allí sus carreras. Esta situación ha orillado a muchos jóvenes a abandonar el país en busca de alternativas de estudio, mientras otros hacen largas filas en Managua para legalizar documentos y tramitar visas. La situación de las juventudes es desgarradora: se ven sin salida y con sueños truncados; la depresión y la frustración pasan por sus cuerpos, algunos ya se han enfermado. Las familias que con esfuerzo han financiado los estudios de sus hijas e hijos para asegurarles mejores oportunidades de vida, también ven mermada su esperanza.

Mientras los operadores políticos que ocuparon la UCA no tienen palabras para responder a los cuestionamientos del estudiantado, la policía arremete con arrestos e intimidación contra quienes valientemente denuncian los atropellos. Destacamos la detención de las estudiantes Adela Espinosa, Mayela Campos y Gabriela Morales, así como de la profesora y socióloga Melba Damaris Hernández, quienes fueron extraídas de sus casas de manera forzosa en agosto pasado y sometidas a juicio por “ciberdelitos”. Ellas se suman a las 81 personas presas políticas, víctimas de tortura y recluidas en condiciones inhumanas.

Estos hechos contra la UCA: la expropiación de la universidad, las difamaciones contra la Compañía de Jesús, la expulsión de los sacerdotes de sus casas, nos hacen recordar la masacre de los Jesuitas en 1989 en El Salvador, que buscó acallar a quienes contribuían a develar las injusticias y la represión, a crear conciencia y a acompañar a comunidades en resistencia.

Al respecto, Ignacio Martín-Baró, una de las víctimas de asesinato en El Salvador señaló: “La expresión pública de la realidad, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, el desenmascaramiento de la historia oficial, de la mentira institucionalizada, son consideradas actividades subversivas – y en realidad lo son, ya que subvierten el orden de mentira establecido”.

Las condiciones económicas en Nicaragua son cada vez más vulnerables y el aislamiento para poder sobrevivir el terror se intensifica. Pero sabemos que las juventudes seguirán luchando y sus familias apoyándoles; que los trabajadores académicos y administrativos seguirán construyendo alternativas. Tenemos la certeza de que el pueblo nicaragüense no se ha rendido y no lo hará.

Frente a este panorama:

• Repudiamos las graves violaciones a los derechos humanos que derivaron del arbitrario cierre de la UCA y de la criminalización de su comunidad.
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• Exigimos el cese de las acciones hostiles contra la Compañía de Jesús, la devolución de la UCA y, con ello, la restitución de sus múltiples derechos. Igualmente, la apertura de las otras universidades confiscadas.
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• Exigimos la restitución del orden constitucional y del estado de derecho en Nicaragua: que regresen los derechos a las personas, se les devuelva el patrimonio confiscado y se respete el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
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• Demandamos la libertad inmediata e incondicional de las personas detenidas y que cesen las torturas y las desapariciones forzadas.
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• Exigimos al Estado de Nicaragua que revierta la cancelación de las 3 mil 800 organizaciones no gubernamentales y respete los derechos de las comunidades religiosas.
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• Animamos a la comunidad académica, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional a solidarizarse de manera efectiva con las víctimas del régimen Ortega-Murillo.
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• Que cese la ignominia contra el pueblo nicaragüense.

Espacio Psicosocial Latinoamericano

Aluna Acompañamiento Psicosocial, México

Cátedra Internacional Ignacio Martín-Baró, Colombia

Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Colombia

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia

Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), Costa Rica

El Rebozo – Cuidado de la vida y los territorios, México

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala

Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), México

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J.

Universidad Iberoamericana, Puebla México

Instituto AMMA Psique e Negritude, Brasil

Instituto de Terapia e investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), Bolivia

Instituto Zé Claudio e Maria, Brasil

Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Guatemala

Movimiento Jatarishun, Perú

Oficina para los Derechos Humanos del Arzobispado, Guatemala

Programa EmPoderaT del Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), Honduras

Protección Internacional Mesoamérica

Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador

Veredas Psicosociales, México

Personas

Alba Esperanza Mejía, Honduras

Alejandra González, México

Allang Omar Rodríguez, Honduras

Andrés Gautier, Responsable Área Bio. Psicosocial del ITEI, Bolivia

Blanca Merino Vásquez, Perú

Carlos Fernández, Guatemala

Cecilia Gpe. Espinosa Martinez, Defensora y Feminista de Ciudad Juárez, México

Claudia Virginia Samayoa, Guatemala

Dora Lucia Lancheros, Colombia

Edilberto Álvarez Galeano, Paraguay

Emma Bolshia Bravo Cladera, Directora del ITEI, Bolivia

Floridalma Pérez, México

Iduvina Hernández, Guatemala

Jorge Santos, Guatemala

Lorena Pérez Osorio, Chile

Marinella Ramírez Suarez, Colombia

Mónica Miraval, Perú

Rosa Lía Chauca Sabroso, Perú

Sol Yáñez, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador

Valeria Moscoso, México

Organizaciones

Asociación de Mujeres Transformando Vidas – Las Karahuayllas, Perú

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CiiDH), Guatemala

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala

Corporación SIN OLVIDO, Colombia

InteractuaRRDD – Psicología de Reducción de Riesgos y Daños, Costa Rica

Maestría en Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), México

Red SomosGénesis, Colombia

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Guatemala