Esta semana es el primer examen de la nueva administración de México ante la ONU en materia de Derechos Humanos. Organizaciones denuncian riesgo de tortura por militares en la Guardia Nacional, también la prisión preventiva oficiosa avalada en esta legislatura

Por Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

Alianza de Medios

GINEBRA, SUIZA. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se presenta esta semana ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), en una sesión que se celebra en Ginebra, Suiza, donde siete expertos internacionales analizarán las acciones implementadas en años recientes para combatir este ilícito, también, las políticas que el nuevo gobierno aplica y que incrementan el riesgo de realizar este delito, que tiene un alto nivel de impunidad. Actualmente hay más de 11 mil denuncias penales formales acumuladas por casos de tortura, sólo 36 sentencias.

Este es el primer exámen importante de la nueva administración de México ante la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Previamente el CAT le envió al gobierno mexicano una lista de cuestiones en torno a áreas de la administración donde de manera sistemática servidores públicos cometen actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes, como en la procuración de justicia, seguridad pública, políticas migratorias y el caso de defensores de derechos humanos y periodistas.

En la mesa de los expertos están informes previos como el que en 2014 realizó el entonces relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez; y un amplio documento que este 2019 realizaron más de una centena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Este informe alternativo da cuenta de la situación que guarda México en el periodo de 2012 a la fecha, periodo que analizará el CAT.

Las políticas públicas de la actual administración encendieron las alertas de las  las organizaciones de la sociedad civil alertan sobre nuevos los focos rojos: la Guardia Nacional militarizada, la prisión preventiva oficiosa y algunos casos regionales como el de Chiapas y Jalisco, donde los actuales fiscales generales estatales están implicados directamente en actos de tortura.

“En la actual administración (del gobierno de Andrés Manuel López Obrador), el gobierno federal y el Congreso de la Unión han avanzado dos propuestas que tendrían el efecto de aumentar el riesgo de ser víctima de tortura y otras violaciones a derechos humanos: la creación de una Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, señala el informe de la sociedad civil, que puede ser consultado en la página oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Refieren casos sobresalientes y específicos sobre el actuar de militares y marinos que desde el gobierno de Felipe Calderón realizan acciones de seguridad pública, y que el actual gobierno determinó continuar. Algunos son las ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2014 por militares en Tlatlaya, Estado de México; y las acciones derivadas de detenciones por el caso Ayotzinapa en Guerrero.

En este último caso la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU examinó información sobre 63 personas detenidas en Guerrero, obtuvieron 51 casos con indicios de tortura, incluyendo un caso en el que se documentó la muerte de uno de los detenidos, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por personal de la Secretaría de Marina.

Otro elemento de prueba sobre el riesgo de militarizar acciones de seguridad pública es el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que entre diciembre de 2006 y junio de 2017 registró 7,869 quejas por actos de tortura, en las que se señala a la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de Marina  (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como autoridades responsables. El 59% (4,483 casos) señalan a la SEDENA como autoridad responsable, seguida por la PGR con 1,935 quejas y SEMAR con 1,032.

Pese a este escenario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insistió en colocar como titulares de la Guardia Nacional a militares en activo y retirados; y a efectivos en acciones de seguridad pública. En el informe entregado al CAT, las organizaciones de la sociedad civil recomiendan que la seguridad pública en México esté a cargo únicamente de instituciones y elementos civiles, no de elementos militares y navales.

Desde diciembre de 2014, el Relator Especial sobre la tortura Juan E. Méndez, recomendó al Estado mexicano retirar a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo la misma recomendación tras su visita al país, al haber constatado que en México la militarización ha tenido como consecuencia el incremento de la violencia, de las violaciones a los derechos humanos, así como el incremento de los niveles de impunidad.

Sobre la prisión preventiva oficiosa

Otro foco rojo sobre el que se alerta a los expertos de la ONU que conforman el CAT, es la reforma constitucional aprobada en febrero de este año, para aumentar la lista de delitos de prisión preventiva oficiosa, sin que exista alguna evaluación de la necesidad de encarcelar a las personas imputadas.

Esta reforma al artículo 19 de la Constitución mexicana incluye diversos delitos no violentos. Ello bajo el argumento de que la prisión preventiva oficiosa favorece la seguridad pública.

Las organizaciones de la sociedad civil en su informe señalan que “la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado tiene previsible impacto negativo en poblaciones ya vulnerables a detenciones arbitrarias”, algunos de estos sectores vulnerables son grupos indígenas, comunidades rurales y activistas sociales.

En el informe que analizarán los expertos de la ONU se encuentran casos especiales que dan cuenta de la impunidad con la que actúan quienes cometen este delito. Se trata de la protección a perpetradores de alto rango en el estado de Chiapas y Jalisco.

En el caso de Chiapas, de acuerdo a lo documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), se encuentra el nombramiento de funcionarios denunciados por tortura, a quienes autoridades locales colocaron en puestos de alto rango en el gobierno estatal.

Se trata de Jorge Luis Llaven Abarca, quien luego de ser Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue nombrado Fiscal General por la actual administración de Chiapas que entró en funciones en diciembre pasado.

Llaven Abarca fue acusado como perpetrador directo de actos de tortura, y de ello dieron cuenta la CNDH y la Comisión Estatal de derechos humanos, en sus recomendaciones 26/2002, 1/2002 y 7/2005.

También refueren a Raciel López Salazar, quien fue Procurador General de Chiapas en el periodo 2009 a 2018, a pesar de ser una persona denunciada y cuestionada por graves violaciones a derechos humanos.

Es la misma situación con el nombramiento y ratificación del nuevo Fiscal General del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien fungía como Procurador del Estado en el momento de la represión contra manifestantes en mayo de 2004, en el marco de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, celebrada en Guadalajara, Jalisco.

Para las organizaciones de la sociedad civil, estos nombramientos son “una clara señal que el gobierno (mexicano) no sólo no abordará la impunidad, sino que continuará con violaciones a derechos humanos, encubriendo a perpetradores”, señala el informe entregado a los expertos de la ONU.

ONU emite observaciones

Este miércoles los representantes del gobierno mexicano deberán argumentar ante los expertos de la ONU las acciones implementadas para combatir actos de tortura, como la creación en 2017 de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (LGPIST); aún cuando no se han creado Fiscalías especializadas en todos los estados – el plazo para este proceso terminó hace año y medio- y tampoco se encuentra operando el Registro Nacional del Delito de Tortura.

Los expertos también escucharán y analizan los informes de las organizaciones de la sociedad civil, quienes están poniendo énfasis en la impunidad que persiste.

Las cifras así lo indican.A nivel federal, para 2018 había 11 mil 778 expedientes de averiguaciones en la Fiscalía Especializada, pero solo 17 acciones penales y 36 personas acusadas a las que se les sentenció, algunas absueltas y casi todas las sentencias revocadas en apelación. En los estados de la República, para 2016 se tenían registradas 3 mil 214 denuncias, y solo 8 causas penales judicializadas.

Al término de las audiencias que durarán tres días, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas emitirá observaciones para el gobierno mexicano, tendientes a superar la problemática, cuya aplicación, señalan organizaciones, dependerá también de la voluntad política de la admnistración que encabeza Andrés Manuel López Obrador.