Después de 11 años la justicia para las víctimas de la Guardería ABC continúa pendiente. Los avances en la actual administración federal han sido insuficientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos una resolución legal en definitiva

Texto: Reyna Haydeé Ramírez

Fotos: María Ruiz

A 11 años del incendio en la Guardería ABC, la justicia no llega para 49 bebés fallecidos y 43 lesionados.

A la tragedia del 5 de junio del 2009, donde murieron 49 bebés y 38 más resultaron lesionados, sobrevino una lucha jurídica entre familiares de las víctimas, inculpados y autoridades del Estado mexicano. Que hoy está vigente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para una resolución legal en definitiva.

De los 43 lesionados, 38 son niños y 5 adultos. En total son alrededor de 80 menores con lesiones, pero no todas las familias comparecieron en el proceso penal 126/2009.

La tragedia infantil más grande la historia de México, que tuvo resonancia mundial, fue llevada también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2014.

Lorenzo Hugues, padre de uno de los pequeños fallecidos en el incendio, reflexiona que en el tema de Justicia están en el mismo lugar que hace once años: “en cero”.

“Estamos igual que antes, estamos en la misma situación en el tema de justicia”, expresa. 

Si bien en este nuevo gobierno federal se reúnen cada mes con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le pueden plantear inquietudes, necesidades y conflictos, el tema de justicia no está resuelto.

Han avanzado, explica, en la homologación de apoyos a padres de las víctimas. En el apoyo se incluyó a los llamados “niños expuestos”, es decir que aparentemente no tienen daños. Y que fue un tema de conflicto entre ellos. Y esto quedó plasmado en un decreto presidencial del 12 de marzo de 2020.

Aún así, una gran mayoría de papás de víctimas consideran que el avance en la justicia es lento o nulo.

Hoy, por ley, Sonora está de luto. Y ante una pandemia como la covid-19, por primera vez los sonorenses no harán la tradicional marcha desde la Guardería ABC en el sur de Hermosillo, hasta Palacio de Gobierno. El reclamo, la protesta será virtual. Aunque se prevé que los padres de niños lesionados sí hagan una manifestación no virtual.

Justicia lenta

El 13 de mayo del 2016, casi siete años después de la tragedia, un juez federal en Hermosillo, Sonora, emitió una sentencia en primera instancia. Tenía en proceso a 22 presuntos responsables. De ellos absolvió a 3 trabajadoras del IMSS y condenó a 19 personas con penas de 20 a 29 años de prisión.

Familiares de las víctimas e inculpados apelaron esta sentencia por el delito de homicidio culposo y lesiones. Los primeros exigen aumentarla y los segundos reducirla.

Entre los 19 sentenciados están dos propietarios de la guardería, cuatro ex funcionarios de nivel directivo en Protección Civil y el IMSS y 13 de rango menor como bomberos y empleados de la Secretaría de Hacienda. Todos están en libertad bajo caución.

En 2017, al menos seis ex empleados de rango menor en la Secretaría de Hacienda lograron que el Tribunal Unitario les redujera la pena de 20 a 14 años.

A petición de los involucrados, en octubre de 2018, el caso volvió, por segunda ocasión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos expedientes, uno penal y otro administrativo. El primero se deriva de la apelación que interpusieron víctimas e inculpados contra la sentencia del 13 de mayo de 2016.

Y el expediente administrativo es un amparo que interpusieron un grupo de padres de víctimas en octubre de 2019 y que reclama la reparación integral del daño.

En estos procesos, cuatro de los seis dueños de la guardería ya están totalmente exonerados de todo cargo, entre ellos Marcia Gómez del Campo, prima de la ex primera dama Margarita Zavala. Otras tres supervisoras del IMSS, quienes fueron de las primeras que pisaron la cárcel, también fueron absueltas en la sentencia de primera instancia. 

Son los de puestos menores, quienes hoy enfrentan sentencias de hasta 20 años de prisión. 

Otro tema legal es la denuncia que interpuso el Germán Martínez antes de renunciar a la dirección del IMSS en este nuevo Gobierno de México. Y de lo que hoy se informó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay nuevos hechos, nuevas pruebas, nuevas responsabilidades, en particular lo que se ha hecho es retomar la investigación… (de la SCJN)”, informó el actual titular del IMSS, Zoé Robledo.

Justicia integral

En octubre de 2019, un grupo de 43 familias de las víctimas infantiles de la Guardería ABC solicitó un amparo para lograr una justicia integral. Este amparo también fue atraído por la SCJN. 

Miguel Nava, abogado de este grupo de 43 familias, precisó que el Estado mexicano lleva 11 años sin reconocer que las víctimas de la Guardería ABC sufrieron violaciones de derechos humanos y ese reconocimiento es lo que buscan con el amparo 1133/2019 que está en la Corte desde octubre del 2019.

De acuerdo con la ley, una justicia integral incluye la restitución de derechos, la rehabilitación de las víctimas, la compensación por el daño moral y material. También, la satisfacción en el caso, es decir una disculpa pública y la no repetición. Esto es medidas legislativas, la garantía, de que un hecho similar no volverá a ocurrir, explica el abogado.

“Pero no han querido resolver, es inentendible que a 11 años sigan estos delitos en la impunidad y el Estado mexicano, PAN, PRI y ahora Morena no quieran resolver”.

Y se debe a que no hay voluntad.

“Hoy el poder judicial tiene la última palabra, tanto en lo penal como en lo administrativo”, destaca.

En el caso penal, los papás de las pequeñas víctimas esperan que se aumente la pena en la sentencia dictada en primera instancia. Y en lo administrativo que se dé la justicia integral que va desde pedir perdón por la violación a sus derechos humanos, determinar el monto económico de la reparación del daño hasta asegurar que una tragedia similar no volverá a ocurrir.

En el caso de la compensación, por ejemplo, explica el abogado, en el grupo que representa hay alrededor de 15 o 20 padres de familia sin empleo, que no han podido conseguir empleo, porque ya tienen un estigma social.

“No son vividores del Estado, son padres y madres que no han podido volver al trabajo”, añade.

En la atención psicológica y médica hay diferencias, añadió, hay a quienes los atienden en el IMSS y hay a quienes les pagan hospitales privados.

Desde marzo de 2017, Nava representa a un grupo de 24 familias de niños fallecidos y 19 de niños lesionados, que buscan la justicia integral. 

Otra cara de la moneda

Rigoberto Gaxiola, abogado defensor de seis trabajadores de la Secretaría de Hacienda, reitera que en el caso de sus defendidos, se les bajó la pena a 14 años, pero no están conformes y defienden su posible inocencia.

Explica que se les culpa de no haber previsto el incendio, de no bajar el “switch” de la extensión que prendía el “cooler”, cuando eran personas cuya función era traer y llevar expedientes de placas vehiculares, que se archivaban en la bodega contigua a la guardería y donde las autoridades determinaron que inició el incendio. No era su centro de trabajo. Sólo iban por expedientes y los llevaban a las oficinas de Hacienda en el centro de Hermosillo.

“Mis clientes han sido muy respetuosos, con el dolor tan grande de las familias. Pero también ellos, sus familias, padecen esta tragedia.

“Que se les haga justicia, sí, pero que no se agarren ‘chivos expiatorios’, ahí, la condena para ellos es porque debieron de haber previsto el incendio”, explica.

Algunos de sus defendidos, dijo, han logrado abordar al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus giras a Sonora, y éste les respondió que lo que buscan es justicia, que no quieren inocentes en la cárcel y que serán muy cuidadosos para que se castigue a los realmente culpables.

Si bien es otro poder, no judicial, confían en que son otros tiempos, es otro presidente y son otros magistrados y tienen confianza que esta vez se actuará con justicia y no con las presiones o intereses políticos con las que se actuó desde un inicio en el caso.

“Sin ningún afán, lo digo, tenemos mucha fe en el presidente de la República, hay un abismo entre los presidentes del PRI y el PAN y este hombre, ojalá no me equivoque, creo que es honesto, creo que jamás diría que para lavarse las manos sacar ‘chivos expiatorios’ o dar línea a la Corte”, externó.

El abogado comentó que en agosto de 2019 viajaron a la Ciudad de México a revisar su caso y confían en que se revoque la sentencia que consideran aberrante, por condenar a personas inocentes.

“En agosto del 2019 estuvimos en la Corte, nos decían que para estas fechas estarían resolviendo, lo que resuelva la Corte es inatacable, es definitivo, ya no hay recurso que interponer”, precisó Gaxiola.