Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Testimonio/ Manifiesto 

24 noviembre, 2022

La violencia ejercida hacia las mujeres dentro de las universidades públicas es un problema de opresión sistemática que nos interpela como sociedad. La universidad no se exime de la urgencia de romper el pacto patriarcal. Romper con el mandato de masculinidad que legitima el ejercicio abusivo del poder

Por Karen Márquez-Saucedo

BAJA CALIFORNIA.- Si sostenemos la premisa de la universidad como reflejo de una sociedad-sistema-mundo patriarcal, podemos decir que se trata de un espacio donde, al mismo tiempo que se favorece el capital económico, académico y político de los varones contra la posición subordinada de las  mujeres, se despliega además una pedagogía heteronormativa como una expresión naturalizada. La  universidad, como campo minado y revictimizante deberá, ciertamente, transformarse o morir. 

La escritura existe en contexto1. Esa frase me acompañó en la época donde la formación de  pensamiento crítico desencadenaría la mayor de las contradicciones fenomenológicas en mi paso  por la universidad pública: el acoso sexual a manos del docente que impartía la asignatura Género  y Educación (sic) en el año 2013: Juan Carlos Sánchez Navarro -quien posteriormente fuera  promovido al cargo de Coordinador Académico-, justo en la recta final de la carrera como Interventora Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional sede Tijuana.  

El contexto desde el cual hoy escribo es el de un país donde 10 mujeres son asesinadas diariamente,  y donde los medios desinformativos al servicio del poder necropolítico refieren como “terroristas” a  los contingentes de mujeres organizadas en el espacio público por la defensa de nuestros derechos. Posicionar nuestras voces, nuestros cuerpos y territorios de vida en medio de la sobrevivencia  cotidiana en un país patriarcal, fascista y eugenésico se vuelve entonces una práctica de justicia feminista que no es, por ningún motivo, negociable.  

En el caso de las universidades públicas el contexto no parece alentador, cuando las mismas  violencias sistemáticas contra las mujeres son replicadas en forma de acoso, intimidación,  hostigamiento, discriminación, violación, y feminicidio. La educación sexista, machista y misógina continúa su legado dentro y fuera de las aulas. Si bien, gracias a la voluntad política de las colectivas feministas por visibilizar las violencias contra las mujeres, se han elaborado protocolos para la  atención de casos de violencia en algunas universidades del país, los procedimientos para su aplicación resultan irregulares, y están lejos de corresponder a la realidad que nos atañe hoy, ya que constantemente somos situadas en una posición de vulnerabilidad, indefensión y revictimización. 

En la conferencia pública titulada Profesionalizando en el machismo. La violencia hacia las mujeres en Instituciones de Educación Superior en México, compartida por la doctora Charlynne Curiel2, se socializan reflexiones que devienen del contexto de violencia de género o, para precisar, violencia contra las  mujeres. Parafraseo algunas de esas reflexiones, y me permito agregar algunas ideas: 

La violencia ejercida hacia las mujeres dentro de las universidades públicas no es un  problema de la universidad, sino de un sistema de opresión sistemática que nos interpela como sociedad.

La universidad es una institución jerárquica, por ende, conceptos como horizontalidad, igualdad y democracia son el oxímoron del aparato de poder. 

La universidad es una institución patriarcal, donde prevalece un paradigma androcéntrico; un espacio de privilegios masculinos y de falsa moral humanista.

La universidad olvida que los derechos de las mujeres son derechos humanos, por la  conveniencia de no jugarse el prestigio dentro del canon patriarcal. 

La universidad atenta contra los derechos humanos al favorecer la invisibilidad de los casos  de violencia contra las mujeres. 

La universidad es omisa e indiferente ante los casos de violencia sexual, cuando quienes  ejercen esas violencias son docentes, investigadores, directivos; es decir, el poder jerárquico deviene en privilegio, y donde hay un privilegio, hay un derecho negado -como señaló una pensadora feminista de nuestro tiempo, Francesca Gargallo-. 

La universidad es cómplice al perpetuar la impunidad.

La universidad, en su condición adherida a los mandatos del Estado mexicano, en tanto a los  acuerdos nacionales publicados en el Diario Oficial de la Federación, tiene la obligación y responsabilidad de sancionar las violencias ejercidas en contra de las mujeres que forman parte de la comunidad escolar.  

La universidad no se exime de la urgencia de romper el pacto patriarcal. Romper con el mandato de masculinidad que legitima el ejercicio abusivo del poder. 

Ha transcurrido casi una década, siendo testigo de múltiples dispositivos de enunciación como formas reivindicativas de autodefensa feminista, como el caso de los #metoo, #yosítecreo, #noestamossolas. Me pregunto ahora, ¿se debe normalizar que una mujer egresada de un programa  de licenciatura, obtenga su título 9 años después de haber concluido sus estudios? ¿A qué factores  institucionales obedece esta realidad? ¿Qué repercusiones e impacto tiene en la vida profesional, y  qué efectos reproduce en la cotidianidad política, social y económica? Lo que corresponde, pienso,  como institución que supone la formación ética de profesionales de la educación, es detener el  continuum de violencia ejercida contra las mujeres.

No pretendo apelar a la ética profesional de los agentes educativos involucrados en el sostenimiento  del pacto patriarcal dentro de la Universidad Pedagógica Nacional sede Tijuana, ni exigir la creación de protocolos eficaces para la atención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, sino prevenir, en el más afortunado de los casos, que otras mujeres estudiantes sean sujetas de la violencia ejercida por quienes ostentan el poder y permanecen impunes. “Basta con hablar de lo que tenemos ante nuestros ojos y de no eludir la consecuencia”.3 

Escrito el 30 de septiembre de 2022, editado el 24 de noviembre de 2022. 

San Quintín, Baja California. 

1 Emilia Ferreiro, pedagoga argentina.  

2Socióloga, docente investigadora del IIS-UABJO, durante el Primer Encuentro de Artes, Ciencias y Feminismos  Antígona 2020, en Ensenada, Baja California, enero del 2020. 

3La insurrección que viene. El Comité Invisible.

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