La Secretaría de Educación Pública ofreció una disculpa pública histórica por los graves casos de violencia sexual sistemática ocurridos en 2018 en el kínder Marcelino de Champagnat. Este acto, conseguido tras años de lucha familiar contra la impunidad y el encubrimiento, reconoce el dolor de las víctimas y expone las fallas estructurales del sistema. Sin embargo, con la mayoría de los agresores aún libres y laborando con menores, la disculpa representa solo un primer paso simbólico a la justicia

Texto: Jade Guerrero y Jazmín Sandoval

Fotos: Cortesía

CIUDAD DE MÉXICO. – El 28 de agosto se llevó a cabo un acto de disculpa pública por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde además se anunciaron acciones para prevenir la violencia sexual. El acto estuvo motivado por uno de los crímenes más graves de violencia sexual infantil en México, perpetrado por servidores públicos en el jardín de niños Marcelino de Champagnat en 2018.

La disculpa pública fue una manera de dar un paso hacia la reparación. Fue también una forma de exigir justicia por las infancias y las familias afectadas por los crímenes contra sus hijos e hijas. Su historia es un llamado urgente a las autoridades para implementar protocolos reales de protección, crear un registro público de agresores y erradicar la impunidad que permite que estos crímenes persistan.

Este acto, alcanzado tras atravesar 134 horas de juicio, obstáculos institucionales y revictimización, no solo representa un reconocimiento tardío del dolor infligido, sino también un grito de justicia que expone las fallas de un sistema que, en lugar de proteger, silenció y encubrió.

Un acto de justicia y memoria

En total, hubo un total de 57 denuncias de violencia sexual en la escuela, de las cuales solo 18 han recibido sentencia. Al ser un caso de violencia sexual sistemática, en donde más de una persona participó en los actos de violencia hacia los infantes, únicamente dos agresores recibieron sentencia. A pesar de que los denunciantes cuentan con los nombres de todos los involucrados, las autoridades no han cumplido con su deber, pese a que se sabe que estas personas siguen ejerciendo y trabajando con menores en otras escuelas.

En el acto estuvieron presentes Mariana Gil, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia; los psicólogos Brenda Caballero y Samuel Acosta de la misma institución; Mario Delgado, titular de la SEP; y Luciano Concheiro, titular de la AEFCM, junto con familiares de los niños y niñas víctimas, quienes dieron testimonio de la exigencia de justicia.

Las madres y padres, que enfrentaron desde moretones inexplicables en sus hijos hasta amenazas y persecución por parte de autoridades educativas y fiscales, transformaron su rabia en herramientas para exigir cambios. Su lucha, que comenzó en 2018 con la denuncia de abusos cometidos por maestros, directivos y personal administrativo, reveló una red de complicidades que sigue operando: muchos de los agresores continúan en libertad y en contacto con infancias.

Una madre relata:

«Nuestros hijos e hijas presentaban sin motivo aparente molestias de algunas enfermedades, moretones en su cuerpo, pérdida de control, infecciones en vías urinarias, no presentaban apetito, llanto a la entrada de la escuela y al salir. Todos estos síntomas, la violencia que nuestras hijas e hijos vivieron fue escalando de menos a más. Las personas que abusaban de ellos lo hicieron así porque pensaban que de esta manera no serían detectables los abusos».

Hoy, estas familias —ahora con las herramientas necesarias y organizadas— no solo buscan justicia para sus hijos, sino garantizar que ningún otro niño en México vuelva a vivir lo que los suyos padecieron.

La psicóloga Brenda Caballero destacó la importancia de la reparación del daño, como un proceso no solo jurídico, sino también emocional y social:

«El modelo de la oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia contempla no solo el acompañamiento jurídico, sino también el acompañamiento psicológico para las familias. En este camino he sido testigo de su dolor, de su enojo, de su agotamiento, pero también de su valentía, de su capacidad de amor y de la fuerza que han encontrado, incluso en medio de la adversidad más profunda».

Y añade:

«Necesitamos mirar más a las personas cuidadoras, quienes, al igual que sus hijas e hijos, tienen afectaciones directas por los hechos vividos. Acompañarlos a sanar es brindarles herramientas para que a su vez ellos ayuden a sanar a sus propios hijos e hijas».

La denuncia del sistema fallido: una red de cómplices y la gravedad de los delitos

Los abusos no fueron actos aislados, sino un esquema de delincuencia organizada. Los testimonios comentan que hubo manipulación, omisión, encubrimiento, pornografía infantil y abusos sexuales que cometieron maestros, supervisores de zona escolar, directivos, personal administrativo, conserjes y de limpieza adscritos a la Secretaría de Educación Pública, quienes actuaban de manera organizada, sincronizada y simultánea.

Las familias denunciaron que «esto es delincuencia organizada», donde los agresores «ganaban la confianza de los niños y las niñas, los engañaban, los confundían, usaban nuestros nombres durante las atrocidades, los amenazaban con hacerles daño a sus familias y a sus compañeros».

Las familias enfrentaron persecución por parte de las autoridades escolares. Asimismo, el Ministerio Público bloqueaba voluntades y «fragmentaba el caso», evitando una investigación integral. Además, la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI) pretendió diagnosticar a 30 niños y niñas en menos de una hora, con solo tres preguntas, lo que las familias calificaron como una intervención inadecuada.

La gravedad de los delitos se refleja en el hecho de que, pese a las múltiples denuncias, la mayoría de los responsables sigue sin enfrentar consecuencias legales. Este escenario expone la impunidad estructural que permea el sistema judicial y educativo en México.

La reparación

En el marco de la disculpa pública ofrecida por autoridades educativas, las familias de las víctimas realizaron una serie de peticiones dirigidas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las instancias responsables del sistema escolar, con el fin de garantizar justicia, reparación del daño y evitar la repetición de hechos similares.

Entre las principales exigencias se encuentra la transparencia en la información. Los padres solicitaron que se haga pública y de fácil consulta la plantilla de trabajadores de cada escuela, con el propósito de impedir que agresores continúen en contacto con niñas y niños. Asimismo, pidieron que se proporcionen los nombres de los docentes y se informe oportunamente sobre cualquier cambio de personal.

Otra de las demandas centrales está relacionada con la seguridad y prevención dentro de los planteles. Las familias solicitaron educación en prevención de violencia sexual y en trato infantil, así como la implementación de protocolos más estrictos de ingreso y atención de casos de violencia escolar. También exigieron unificar los procesos de inscripción para evitar que se recabe información personal sensible que pueda ser usada en contra de las familias, además de establecer una única entrevista inicial supervisada y colocar la supervisión escolar fuera de las instituciones.

En materia de justicia, las víctimas reclamaron la creación de un registro público de personas que hayan incurrido en delitos de abuso sexual infantil dentro de instituciones educativas, así como investigaciones integrales que no fragmenten los casos, tal como ha ocurrido en el pasado.

Insistieron en que se apliquen los protocolos de actuación correspondientes y en que se ponga fin a la práctica de cambiar de escuela o reubicar en actividades administrativas a los agresores.
Las familias también subrayaron la necesidad de garantizar la reparación integral del daño, como lo establece la sentencia judicial, y demandaron acciones claras de no repetición. Reiteraron la importancia de que las autoridades escuchen directamente sus exigencias y sentires.

En cuanto a cambios estructurales, pidieron que la SEP y la Autoridad Educativa Federal cumplan con los lineamientos de prevención y detección oportuna de la violencia y el abuso sexual. Entre sus propuestas se encuentran la modificación de la infraestructura escolar, eliminando viviendas de conserjes dentro de los planteles y adecuando aulas para mayor visibilidad, así como la capacitación constante de todo el personal en prevención y detección de violencia sexual.

El acompañamiento a las víctimas fue otro de los puntos destacados.

Se solicitó fortalecer los protocolos de apoyo a cuidadores y menores afectados, y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) garantice la entrega oportuna de los apoyos inmediatos.

Finalmente, los familiares exigieron mayor participación ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas. En este sentido, pidieron la instalación de una mesa de trabajo permanente con padres de familia y organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a los acuerdos, así como una revisión exhaustiva de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI) de la SEP, con el fin de asegurar su eficacia.

Un acto “histórico” con cuentas pendientes

Durante el acto de disculpa pública, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal (AEF), reconoció únicamente a 18 menores víctimas de servidores públicos de la dependencia, dejando fuera otros casos que señalaron las familias. En su intervención, admitió que quienes ocuparon cargos en el sistema educativo violentaron derechos fundamentales como la vida, la paz, la integridad personal y el sano desarrollo de niñas y niños.

El funcionario calificó el acto como «histórico» y ofreció una disculpa «sincera y sentida» a las familias, reconociendo su esfuerzo por buscar justicia. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, el acto fue insuficiente, pues consideran que las autoridades han tardado años en asumir su responsabilidad y que el reconocimiento público no garantiza por sí mismo la reparación del daño ni la no repetición de los hechos.

El caso no es aislado. De acuerdo con registros de familias y organizaciones acompañantes, en al menos 23 escuelas de distintas entidades del país se han documentado hechos de violencia sexual contra niñas y niños.

Sin embargo, en la mayoría de ellos no hay justicia: los procesos están estancados, las investigaciones fragmentadas y, en algunos casos, solo se reubicó a los agresores dentro del sistema educativo, lo que refleja un patrón de impunidad que preocupa a las víctimas y a la sociedad civil.

Concheiro Bórquez señaló que la disculpa debería servir como un «recordatorio» para los servidores públicos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a fin de no olvidar que el derecho a la vida y el derecho a la educación implican también la seguridad de niñas, niños y adolescentes. No obstante, la declaración contrasta con las denuncias de omisiones, negligencias y prácticas de encubrimiento que durante años han denunciado las familias afectadas.

SEP propone medidas de prevención de violencia sexual en escuelas

Como parte de los compromisos asumidos para garantizar la no repetición de hechos similares, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció medidas orientadas a reforzar la seguridad, la prevención y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de los planteles escolares.

Entre las principales acciones destaca la revisión y fortalecimiento de los protocolos de acceso a las escuelas. Asimismo, se implementará el desarrollo de sistemas de identificación de planteles y de los responsables en casos de violaciones a derechos humanos.

Otra medida clave es la creación de un registro público de abusadores, que funcionará como un mecanismo de alerta para impedir su contratación en cualquier centro educativo del país, cerrando así los vacíos legales que en el pasado permitieron que personas con antecedentes se reincorporaran a labores escolares.

En el ámbito de la infraestructura, la SEP anunció la separación estricta de sanitarios para niñas, niños y docentes, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y garantizar espacios seguros. De igual forma, se realizarán cambios administrativos que aseguren que empleados con procesos penales activos no continúen en funciones dentro de los planteles, priorizando la seguridad de la comunidad escolar sobre cualquier trámite burocrático.

Finalmente, se informó que se removerán las viviendas de los conserjes ubicadas dentro de las escuelas, una práctica común en el pasado que ahora se revisará con el fin de delimitar con mayor claridad los espacios escolares y de vivienda, para evitar posibles situaciones de vulnerabilidad para los menores.

Al concluir el acto oficial, integrantes de la Fundación Internacional Granito de Arena se manifestaron con lonas y pancartas a las puertas de la Secretaría de Educación Pública, para expresar su descontento frente a la violencia sexual infantil. Entre consignas como «¡Los niños y niñas no se tocan!» y «¡Alto al abuso sexual infantil!», exigieron a las autoridades pasar de los discursos a acciones efectivas que garanticen la seguridad de la infancia en México.

Asimismo, expresaron su respaldo a las familias y a las víctimas, reconociendo que esta lucha por la justicia ha estado marcada por el dolor, la resistencia y múltiples obstáculos. Subrayaron que acompañarlas es también parte de la exigencia colectiva para que ningún caso quede en el olvido y recordaron que, aunque se han logrado avances importantes, aún falta un largo camino por recorrer para erradicar la impunidad y garantizar un país seguro para las infancias.