Chihuahua es un estado con baja disponibilidad de agua y mucha está contaminada. La que hay, además, es regenteada por el crimen organizado. Este mismo líquido, luego riega cultivos controlados

Texto y fotos: Aitor Sáez

El riego de los cárteles

El mezquite es un árbol nativo de zonas áridas, de unos seis metros de altura. En las partes más secas se quedan en arbustos desaliñados, pero vitales para dar sombra a liebres, zorros, lobos, serpientes y salamandras. Y también a los halcones al servicio del crimen organizado que se esconden agazapados en su madriguera.

VILLA LÓPEZ.- En el kilómetro 37 de la carretera de Jiménez a Villa Coronado, en el desierto sur de Chihuahua, la guerra se declara en una señal de bifurcación pintada con las siglas ‘GN’ y ‘NCDJ727’.

GN: Gente Nueva, el brazo armado del cártel de Sinaloa, más conocido como Los Chapos, por su líder preso, el Chapo Guzmán.

NCDJ: Nuevo Cártel De Juárez; y 727, el número de los boeings que empleaba el reconocido narcotraficante Amado Carrillo para transportar la cocaína de Colombia a México durante los años noventa. El llamado ‘Señor de los Cielos’ tenía una flota de treinta aviones. 

Una línea blanca en el asfalto delimita sus territorios, el frontline de la brutal contienda entre cárteles mexicanos históricamente hegemónicos. A pocos metros del letrero se hallaron dos cadáveres tras un enfrentamiento en septiembre de 2019. Un mes después, aparecieron cinco camionetas tiroteadas, otra incendiada, algunas granadas y centenares de casquillos; restos de una reyerta de más de media hora por un largo tramo. Desde entonces se dejó de informar sobre los combates en esa vía, pero los habitantes de Villa Coronado y Villa López siguen sobresaltándose a cualquier hora del día por las tormentas de balas.

Debemos cambiar hasta tres veces de vehículo para llegar a Villa López y evitar que los halcones nos identifiquen con demasiada antelación. A la salida de la pequeña localidad, una pick-up negra marca GMC, cristales tintados, se detiene para observarnos. 

—Nos van a tablear, verás —repite uno de los tres ocupantes del vehículo esa expresión tan norteña para referirse a la tortura infligida por los narcos, consistente en golpear las piernas y glúteos con una madera de clavos.

El resto asiente entre risas histéricas. Uno de ellos pasó dos semanas secuestrado a punta de palizas al confundirlo con un informante del cártel rival. Poner el nombre de cualquiera de ellos sería su condena de muerte.

—¿Cómo reconocéis si pertenecen a una banda o la otra? —curioseo.

—No se distinguen. A menudo van con pasamontañas y armas largas, andan impunemente. Otras veces se bajan a comprar a las tiendas desarmados, con toda la tranquilidad de estar en sus dominios. Depende de la calentura (riesgo). Sabes quiénes son, pero no de qué grupo. Da lo mismo, te apartas y ni miras —aseguran en una de las pocas explicaciones que se atreven a dar sobre la omnipresencia del narco.

En los quince kilómetros de Villa López hasta el ejido Emiliano Zapata nos cruzamos con varias camionetas detenidas en los arcenes, sin matrícula, distintivo delincuencial por estas latitudes. Entre los dispersos mezquites se asoman algunos hombres a lo lejos para otear el paso del coche ajeno. Se hace el silencio al tomar el desvío hacia la izquierda tras rebasar la señal de bélicas pintadas. La calzada de doble sentido se estrecha y arruga. 

***

Nos detenemos en el puente sobre el río Florido, donde se sumerge un brazo de hormigón. El cárcamo de rebombeo pertenece a Tomás Urionabarrenechea, uno de los caciques nogaleros de Chihuahua. 

—La prenden durante varios días. Cuando bombea, nos reduce el agua a la mitad. Nos perjudica muchísimo a los 452 ejidatarios, porque prácticamente no nos llega agua —reclama uno de los propietarios de las pequeñas parcelas que conforman el módulo de riego.

Los productores tachan de ilegal el cárcamo, en funcionamiento desde hace cinco meses, por encontrarse dentro de su concesión. En efecto, la Conagua me confirma por carta la irregularidad de esa extracción y se compromete a realizar una inspección “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”, así como a imponer “las sanciones que haya lugar”. El agua se canaliza por una tubería de tres kilómetros hasta una de las vastas extensiones de Los Uriona, como se conoce al adinerado clan. El ente federal para la gestión hídrica había desoído las reiteradas denuncias de la comunidad antes de mi consulta para redactar estas líneas.

—El mayor robo de agua lo hacen con pozos clandestinos. Los tienen dentro de sus ranchos, es imposible entrar. Ahí sí nos corren (echan) a balazos.

Durante la media hora que pasamos a orillas del río, un todoterreno gris sin matricular baja el terraplén a toda velocidad y derrapa frente a nosotros. La nube de polvo impide reconocer a los pasajeros, pero se distingue al menos un cañón de fusil que asoma por una de las ventanillas traseras. En el asiento del copiloto va una mujer.

 —Ya las mujeres se han metido al crimen. No hay diferencia. La que menos te esperas te mete la bala —puntualiza uno de mis acompañantes para afanarnos a abandonar el lugar.

Algunos de los administradores de Villa López que han encabezado las quejas contra el supuesto robo de agua aseguran haber sufrido amenazas telefónicas de los Uriona. Por su parte, Andony Urionabarrenechea, me niega la ilegalidad del dique y acusa a los líderes del módulo de riego de hurtar el agua para luego venderla con sobreprecio.

***

Varios parches de yeso cubren las marcas de disparos en la gasolinera a la entrada del pueblo. En el taller de enfrente, unas llantas amontonadas en la parte alta sirven de parapeto durante los combates. Los residentes de las casas al margen de la carretera tapan los orificios de sus fachadas para al menos crear una apariencia de normalidad. Ninguna de las huellas del conflicto se observan en las imágenes de Google Maps tomadas en 2014.

—Esto se ha puesto feo de tres años para acá (a partir de 2017). Unas 700 personas, como un tercio de la comunidad, han salido por la violencia —cuenta uno de los ejidatarios—. Antes, para las fiestas de la patrona venían decenas de familias desde Estados Unidos –a donde habían migrado–, pero ahora ya ni se les ocurre acercarse.

Villa López es el bastión más al sur de La Línea —brazo armado del cártel de Juárez—, que sitió la localidad con la compra de inmuebles, la instalación de cámaras de videovigilancia y el sobrevuelo de drones. El asalto formaba parte de la incursión desde la ciudad fronteriza que da nombre a la banda, a fin de recuperar ciertos territorios invadidos por su contraparte de Sinaloa desde el sureste. Ambos grupos, aliados en la denominada Federación hasta 2008, se pelean a sangre y fuego los límites del Triángulo Dorado, cuna inexpugnable de narcotraficantes. En el abrupto macizo, se refugió el Chapo en sus etapas de prófugo e instaló un macro-laboratorio que produjo gran parte de la droga mexicana. Algunos pobladores cuchichean que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió recientemente en el área, pero se retiraron de inmediato ante la supremacía de los añejos narcolinajes.

La Línea impuso su ley en Villa López mediante un aluvión de secuestros y cadáveres, muchos policías, que espantaron cualquier atisbo de oposición o de legítima autoridad. A las siete de la tarde, se vacían las calles y se cierran los pocos comercios que sobreviven al cobro de cuotas. Empieza el toque de queda decretado por el cártel a los 4.000 habitantes del municipio.

—Al principio vigilaban que nadie saliese de su casa. Ahora ya por la costumbre lo hacemos voluntariamente —comentan.

A las siete de la tarde, termina el día en el culmen de un crimen organizado que detenta la tierra y también el tiempo.

A las siete de la tarde, comienza la guerra, anunciada en muros y señales de carretera.

El arsénico

Los mezquites son duros y tolerantes a la sequía. Sus gruesas raíces crecen hasta los cincuenta metros de profundidad para absorber el más mínimo rastro de humedad. 

JIMÉNEZ.- Perla Sosa pedalea una hora al día para ir a buscar agua a casa de su suegra. En el triciclo artesanal, fabricado con hierros viejos, carga a sus cuatro hijos y cuatro cubetas. 

—Ahorita no hay agua. Llega cada quince días, o depende. Y sale muy sucia, con tierra, desechos amarillos. De hecho, cuando uno la hierve, se queda blanco abajo —asegura el ama de casa de 28 años.

Afuera de la menesterosa vivienda de ladrillo, en un patio de escombros, guardan el agua en tres tambos azules que apenas les duran una semana. 

—Los niños se me deshidratan al no tomar agua. Se enferman de la diarrea. El agua embotellada sale muy cara, no tenemos dinero para comprarla, somos de bajos recursos —lamenta Perla con un hilo de voz.

La flacura y los saltones ojos amarillentos de los retoños evidencian la falta de comida en el hogar. La hija de cuatro años, Camila Yaneth, suele retorcerse por fuertes dolores de barriga. En una de sus visitas al centro de salud local, le diagnosticaron una infección estomacal por envenenamiento, pero, cuando la llevó al hospital estatal, le quitaron de las manos ese informe previo y la enviaron a casa.

En el interior apenas hay un fogón, dos colchones y muchísimas moscas que aterrizan sobre las niñas atraídas por su hedor. La poca agua disponible se utiliza para beber, no para bañarse. Las pequeñas ni siquiera se inmutan por el enjambre de insectos en el cuerpo. Varios análisis han indicado que la totalidad de los 40 mil habitantes de Jiménez, a media hora de Villa López, están expuestos a altas dosis de arsénico en la considerada como la urbe mexicana con el agua potable más contaminada.  

***

La colonia PRI —nombre del partido conservador que la fundó— es una de las más azotadas por la escasez de agua. Elvira Peña vive con sus dos hijos, yernos y varios nietos, a media cuadra del chamizo de Perla. El fregadero rebosa de platos y cubiertos sucios, porque lleva cinco días sin agua corriente.

—Aquí se maneja el agua a tandeos (por tandas). En teoría, es cada tres días, pero cuando le toca a esta colonia, a veces llega y a veces no. No es siempre a la misma hora ni la misma cantidad. Las personas que trabajan muchas veces están fuera y no pueden almacenarla —explica la mujer de 54 años.

Su familia se turna para despertarse por las noches y comprobar si sale agua. Cada gota es una gema. Su ducha la ocupan un bidón y varios cubos, pringados de una capa blanca producto de los metales pesados. Elvira tuvo que cambiar los grifos de aluminio por unos de hierro para evitar su corrosión. 

—Cuando consumía agua de la llave (corriente) sentía dolor en las rodillas y las manos. Mi ropa se teñía de manchas rojas por lo tóxico que desprendía mi piel. El agua con arsénico no debe usarse tampoco para bañarse, porque el cuerpo lo absorbe —aconseja.

La comerciante ha visto como en su vecindad hay al menos un enfermo de diabetes en cada hogar y se han disparado los casos de leucemia y problemas de huesos en personas jóvenes que, según ella, no se ven en localidades aledañas. Pese a tomar conciencia de los efectos en la salud, la mayoría siguen sin más opción que consumir agua del grifo ante la imposibilidad de afrontar el gasto. Elvira hace un inmenso sacrificio:

—El agua embotellada está muy cara y, aún así, hay agua de garrafón que viene igual con arsénico. La que está libre de metales cuesta 30 pesos, por cuatro, 120 por semana (5 euros). Para un sueldo de mil pesos (unos 40 euros), es un costo fuerte.

Muchas familias abandonaron sus hogares, asfixiadas por la situación económica y el hartazgo de sufrir penurias por el vital líquido. Si se mantiene este desplazamiento, varios expertos pronostican que en menos de quince años Jiménez será un pueblo fantasma. Debería llover durante dos décadas seguidas, día y noche, para que se recuperen los niveles originales de su manto freático.

La familia de Elvira vivía en el mismo barrio, pero a 600 metros. En la anterior casa el agua sólo les llegaba cada seis meses y el reparto semanal se hacía en camiones cisterna. Fue el motivo primordial para mudarse en el 2000 a una ubicación más cercana al depósito municipal. La mejora no ha sido del todo la esperada, pese a que desde su ventana se ve el tanque elevado a unos 800 metros; la distancia que aproximadamente camina la mujer con un botellón de veinte litros al hombro. Aún así, sostiene que el cambio ha aliviado un poco su calidad de vida. Cada palmo de calle cuenta en Jiménez cuando se trata del agua y de una salud amenazada. 

La presa tomada

El mezquite actúa de cortavientos, impide la formación de dunas, reduce la erosión y contribuye a la captación de agua. Favorece la recuperación de la fertilidad del suelo por su capacidad de fijar nitrógeno del aire. Pero en el yermo norte de México se utiliza sobre todo en barbacoas, para la producción de carbón y muebles. Cada año se pierden 5 mil hectáreas del matorral, en su mayoría arrancado para sembrar nogal.

SAN FRANCISCO DE CONCHOS/ESTACIÓN CONSUELO.- Cuenta el mito en el sur de Chihuahua que para fortalecer la estructura de una gran construcción y evitar su derrumbe debe realizarse una ofrenda humana, enterrar a personas vivas. Se dice que al iniciar las obras de la presa La Boquilla en 1910 desaparecieron cuatro niños de San Francisco de Conchos. A comienzos de siglo, unos pescadores escucharon el llanto de dos de los niños. Del tercer lloriqueo se percató una pareja en 2009, pero las autoridades acallaron su historia para evitar el pánico entre la población. Los lugareños esperan horrorizados el eco del último lamento que augura el colapso de la construcción o un acontecimiento devastador. Para muchos, ese apocalipsis ya se ha desatado.

La única sombra en lo alto de la presa es la de una bandera nacional izada en señal de conquista. A comienzos de septiembre de 2020, centenares de agricultores se enfrentaron en una batalla campal con palos y piedras a un contingente de 400 militares de la Guardia Nacional que custodiaban la infraestructura.

—Si se acaba el agua, se nos acaba la chamba (trabajo). Esto es nuestra joya y el gobierno nos quiere dejar sin agua —reivindica Daniel Orrantia durante su turno de vigilancia en la coronación, garrote en mano y rostro cubierto.

El veinteañero jornalero cobra unos 250 pesos (diez euros) por ocho horas de recolección, el sustento por el cual está dispuesto a “luchar hasta la muerte”, porque “los ejércitos son los más grandes apoyos de la tiranía”, una de las alegorías de Pancho Villa, el legendario revolucionario asesinado en el sur de Chihuahua a comienzos del siglo pasado, que plagan la movilización.

El gobierno trató de apropiarse de La Boquilla para sustraer parte de sus aguas y cumplir a tiempo un tratado internacional con Estados Unidos firmado en 1944. El acuerdo obliga a México a enviar 2.200 millones de metros cúbicos del río Bravo cada cinco años y, a su vecino del norte, 1.800 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, es decir, cuatro veces más. De los cuatro estados fronterizos, Chihuahua concentra más de la mitad del volumen total del río Bravo, al abarcar su mayor afluente, el río Conchos. Empero, es el único territorio que no recibe agua del convenio.

—Siempre hemos cumplido con el tratado, no queremos faltar a ese deber, pero, este año se han llevado mucha agua que no se sabe dónde ha ido a parar —sospecha Domingo Márquez, un mediano productor nogalero del municipio contiguo de Camargo.

No obstante, México arrastraba una deuda de 319 millones de metros cúbicos en la entrega del anterior quinquenio. Debía liquidarla para eludir una renegociación del tratado bilateral y la eclosión de un nuevo frente diplomático con la Casa Blanca, que apretaba las tuercas en vista de las elecciones presidenciales. 

A Domingo se le escurren goterones de sudor por la cara. Este verano se ha cebado con temperaturas de hasta 45 grados centígrados y se ha agudizado la sequía del último lustro. El despiadado sol ciega la vista al tratar de dimensionar la extensión del Lago Toronto, el mayor embalse de la entidad.

 —Tenemos escasas lluvias, ahorita este año no ha llovido nada. No nos va a alcanzar el agua ni para menos de la mitad de las siembras del próximo año. Es una catástrofe ecológica —señala el joven agricultor hacia una de las paredes que miden el nivel de la presa, con bastantes más números al descubierto de los que debiera.

En la entrada de las instalaciones se colocó la carpa principal. Una veintena de campesinos se sientan a conversar mientras una mujer y sus dos hijas preparan la comida. No hay mucho que hacer, por lo que parece, en una mañana que transcurre mansa. Algunas camisas de cuadros y sombreros de ala se pasean de un lado al otro con amplios andares, frente a una verja atiborrada de pancartas: ‘El agua de Chihuahua para los chihuahuenses’, ‘No al saqueo de agua!! No a la Guardia Nacional!!’, ‘#SinAguaNoHayVida #AMLOescúchanos’.

—El riesgo es constante, estamos pendientes de que en cualquier momento pueda llegar la Guardia Nacional y enfrentarnos —alerta uno de los agricultores, Guerrero Carrillo, quien dice ser “el líder de la toma”, aunque pocos días después sus propios compañeros lo expulsaron por desavenencias. 

Los lugareños intentaron ocupar ésa y otra presa en febrero y julio ante los amagos del gobierno federal de trasvasar el agua. El conflicto escaló hacia septiembre por la cercanía al vencimiento del plazo —el 24 de octubre— para cubrir la cuota del tratado y estalló en una vigorosa manifestación.

***

Jessica Silva participó en la toma de La Boquilla y regresaba a su casa en Estación Consuelo, a unos 70 kilómetros, cuando una patrulla de la GN disparó cinco veces contra su coche y la abatió. El marido, Jaime, pasó varias semanas en estado crítico. Los habitantes de su comunidad cortaron las vías del tren con un montón de arena durante dos meses y colocaron un puesto de protesta permanente donde afloró una actitud muy belicosa.

—La asesinaron por andar peleando el agua. Perdió la batalla —resume su madre, Justina Zamarripa, sobre las causas de la muerte—. Ella era muy trabajadora, hacía pasteles, estudió quiropráctica, era hija y esposa de agricultores. Aquí todas somos esposas de agricultores. 

Jessica tenía 36 años y era madre de tres hijos. Justina arrastra los pies con la cabeza gacha y los hombros alicaídos entre una multitud de señores que discuten las últimas novedades o rumores, malcarados ante la presencia de extraños. ‘Descansa en paz que los chihuahuenses lucharemos por hacerte justicia’, se lee en la camiseta con el rostro de Jessy que su madre no se ha quitado en una semana desde el fatídico 8 de septiembre. La carpa también se forró con pendones en su memoria.

—No sabemos nada de lo que pasó con ella. La culpaban de traer un arma, pero no es cierto. Si no nos dan una buena respuesta, la gente está muy enojada. El presidente dice que ‘abrazos, no balazos’ y nos acaban matando a los inocentes —reclama la mujer de sesenta años.

En un primer momento, la versión oficial indicó que varios civiles habían interceptado y agredido con armas de fuego a un vehículo militar que transportaba a tres arrestados durante los enfrentamientos, por lo que los soldados dispararon para repelerlos. Luego, se dijo que Jessica y su marido bloquearon la carretera con su coche para facilitar la huida de otros compañeros. Se desconocen los hechos exactos, pero, finalmente, seis elementos de la GN fueron detenidos a finales de octubre por su implicación en el asesinato, aunque a cinco los exoneraron de todo cargo.

—¡Esto es un acto de guerra! —exclama uno de los serenos del bloqueo ferroviario.

Una camioneta cruza las vías cargada de rastrojos, el único alimento para el ganado ante la escasez de forraje por las últimas sequías. 

***

Los campesinos de la médula de Chihuahua se autodenominan ‘los vencedores del desierto’ por haber logrado el desarrollo agrícola en una zona estéril, donde ni los mezquites se atreven a brotar bajo el calor. El milagro se obró gracias al esfuerzo, pero, también, al uso de una ingente cantidad de agua.

Antes se cultivaba maíz, frijol, trigo y algodón. A raíz de la caída de precios a partir de 1988, con la firma del viejo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN), se empezaron a sustituir por la nuez, cinco veces más rentable. Una hectárea de nogal produce 160 mil pesos de ingresos mientras que la de maíz, unos 35 mil pesos.

Domingo heredó de su familia unos campos que con el paso de las generaciones se fueron fragmentando, como tantos en Camargo, pese a ello, el segundo municipio exportador de nuez del estado.

—Mi abuelo sembraba maíz, pero se pasó al nogal, porque era más redituable. Las ganancias son un poquito mejor, con menos esfuerzo y cuidados que una planta chica. Aquí hay huertas de hace medio siglo, pero, es cierto que muchos se pasaron a la nuez recientemente —explica con suma cautela.

La fiebre del nogal en Chihuahua detonó en la última década, en que su extensión se incrementó un 80% hasta las 115.000 hectáreas. En Camargo, cuatro de cada diez cultivos de nogal todavía se encuentra en desarrollo, por tanto, se sembraron a partir del 2010.

La nuez se extendió a la par que la alfalfa, cuyo valor se mantiene siempre alto debido a la importante demanda para la engorda de ganado por parte de la potente industria lechera de la región. Ambos cultivos necesitan el doble de agua que el maíz, por citar alguno. Varios camarguenses dicen que en la época de riego las huertas se inundan, aunque Domingo insiste en que la diferencia de consumo es de sólo “un poquito”. 

Casi todos en Camargo viven de la nuez, vendida hasta en puestos ambulantes por los arcenes. Sólo se colocaron jardineras en los tramos de avenidas donde hay una comercializadora. Acaba de iniciar la temporada de recolección y las cantinas se atiborran al son de las varas. La siembra de nuez, sin embargo, está al alcance de muy pocos. Su cultivo implica una inversión a largo plazo, puesto que el árbol tarda de diez a quince años en dar frutos. “Es como una pensión de retiro”, coinciden los pequeños nogaleros.

***

López Obrador criticó que detrás de la toma de la presa La Boquilla había “intereses políticos de exgobernadores del estado y dirigentes panistas (del derechista Partido Acción Nacional)” y acusó a los grandes nogaleros de la región de orquestar la protesta, antes de anunciar un inusitado despliegue de centenares de guardias nacionales.

La hilera de tiendas de campaña militares se prolongan por medio kilómetro del río Conchos hasta la entrada de la derivadora de Las Pilas, parapetada con sacos terreros, espigas de madera y una zanja perimetral. La trinchera de cuarenta metros hasta el dique está blindado por un cordón de antidisturbios, ataviados con casco, escudo y chaleco antibalas en todo momento. Desde un montículo otros tantos soldados embarricados avizoran cualquier movimiento. El comandante se aproxima a hablarme, siempre acompañado de un par de rambos, para prohibirme amablemente el ingreso. El destacamento lleva un mes en esa posición y mantiene la misma rigidez marcial, acorde a un lugar copado por el crimen organizado y a la posibilidad de un ataque inminente.

—La maña (narcos) estaba viendo los enfrentamientos (entre productores y Guardia Nacional) y no se iban a meter a menos que los soldados utilicen sus armas. Pero, no fue así. El crimen no se mete con la población, nos cuidan —afirma un vecino de Camargo que, pese al elogio, se rehúsa a identificarse.

A las dos semanas de los disturbios, AMLO anunció una “limpieza” de la Conagua por permitir el acaparamiento del agua en Chihuahua a manos de unos pocos empresarios nogaleros, a quienes vinculó con el crimen organizado.

Dos días antes del término fijado para trasvasar el agua, el 24 de octubre de 2020, México satisfizo los compromisos diplomáticos. La administración de AMLO consiguió a contrarreloj sortear un escollo que amenazaba con desembocar en “sanción o conflicto” con Washington, en palabras del propio mandatario, y a su vez desactivó el levantamiento por el agua. 

La solución consistió en sacar parte del recurso hídrico de una presa de Chihuahua, de una en Nuevo León y de otra en Tamaulipas, estado fronterizo donde los productores ya han protestado en los últimos años por la insuficiencia de agua y también han denunciado la sobreexplotación auspiciada por la Conagua.

—Con el cambio climático, ya no hay vuelta atrás para la mala administración del agua.  Siempre habrá conflicto por el agua, aquí o en el pueblo de al lado —concluye Domingo, consciente de que no hay vuelta atrás frente a la apremiante disminución del riego—. Nos gustaría que todos tuviésemos, pero, eso no podrá ser y a cada uno le toca defender lo suyo.

La narco-nuez

El mezquite sobrevive a la aridez y a los mamíferos que buscan alimento en sus espinosas ramas, que a su vez sirven de protección para diversas especies de aves que encuentran cobijo en los tallos. Su buena retención de humedad les brinda un ambiente fresco. 

SAUCILLO/CAMARGO.- Varios letreros baleados dan la bienvenida a Saucillo, entre Delicias y Camargo. En el centro de la pequeña localidad la tienda de abarrotes y carnicería ‘Del Santuario’ todavía luce calcinada y perforada por al menos 25 impactos de alto calibre. Era el año 2013 cuando varios sicarios dejaron el local como un cenicero. La pesadilla para su propietario, Víctor Ponce, había comenzado tres años antes con el secuestro de su hijo Víctor Manuel.

—Empecé a investigar a los secuestradores y pagué el rescate. Pero, luego hice una denuncia a la fiscalía estatal, que estaba en contubernio con el crimen, y ahí es cuando arreciaron las represalias —cuenta Víctor por llamada telefónica sobre una decisión de la que en ocasiones se ha arrepentido.

La familia Ponce se estableció en Saucillo en los años treinta y fundaron a las afueras la comunidad de Estación Conchos. El trasiego de droga no era ningún secreto en la zona, pero, en la época de los grandes capos que se repartían con mapa y lápiz los territorios de México, “había un código de ética”, según Víctor. Eso terminó cuando “llegaron los narquillos e involucraron a la sociedad”.

La lugartenencia de cada municipio se adjudicaba por apellidos. Saucillo lo manejaban los Gandarilla, con quienes se ha ligado a políticos del PRI por hacerles el trabajo sucio. En 2008, sus patrones del cártel de Sinaloa declararon la guerra a los de Juárez y se rompió la paz. Dos años después, cuando Estados Unidos reforzó su frontera terrestre al descubrir los túneles por donde el Chapo cruzaba la droga, el negocio de los Gandarilla se vio mermado y lo sustituyeron por el secuestro, la extorsión y el expolio a pudientes agricultores y ganaderos.

Luego, mataron a dos sobrinos de Víctor, uno de ellos al tirotear el vehículo en el que viajaba su hijo, que logró escapar. Pese a pagar los tributos que le impusieron, el ganadero recibió constantes amenazas de muerte. Tras la quema de su supermercado, un amigo lo llamó para anticiparle que iban a matarlo. Esa misma mañana del 16 de febrero del 2013, Víctor empacó algo de ropa en unas maletas y huyó con su esposa y sus tres hijos. Pocos días después, los sicarios aparecieron en su granja de engorda y al no encontrarlo ejecutaron a cuatro de los trabajadores. Al cabo de un mes, asesinaron a su hermano Sigifredo. Unos setenta miembros de la familia Ponce abandonaron Estación Conchos justo después del entierro, dejando atrás su legado dispersos por toda la república.

—Nos marcó mucho. Una de mis hijas incluso trató de suicidarse. Es muy difícil empezar de cero en otra ciudad. Arrastramos problemas de discriminación, nos boicotean. Ni siquiera he podido costear una carrera universitaria a mis hijos. Y allí vivíamos acomodados —lamenta Víctor ante la falta de respaldo institucional.

La CNDH emitió en 2019 una recomendación en la que responsabiliza al gobernador, a la fiscalía de Chihuahua y a varios alcaldes por el desplazamiento forzado de la familia Ponce. Sin embargo, todavía no se ha otorgado ninguna indemnización económica ni atención psicológica en concepto de reparación de daños.

Un portón oxidado da acceso a la finca de su hermano Jaime. Al traspasar la entrada entre matorrales, un zopilote —buitre negro— alza el vuelo despavorido por la rara presencia humana. En el recinto quedó una monovolumen y una furgoneta quemadas, un tractor desvencijado, techos de las naves caídos… un cementerio de la prosperidad donde el narco sepultó las aspiraciones de los Ponce, que había bautizado el rancho como ‘El Sueño’. Víctor y sus hermanos, Jaime y Sigifredo, acababan de sembrar algunas hectáreas de nogales para asegurarse una plácida jubilación pocos años antes de que mataran al menor de los tres.

—Ya no pienso volver jamás. Los vecinos del pueblo nos traicionaron, porque prometieron respaldarme si alzaba la voz y luego nos dieron la espalda. Además, nunca (los criminales) nos van a permitir volver. Mi mujer fue a recoger unas estanterías de la tienda que sobrevivieron al incendio y los mismos agentes municipales, que trabajan para los narcos, la intimidaron. A otro sobrino que se mudó lo echaron de su casa y ni siquiera dejan que nadie nos compre las propiedades —cuenta.

“¿Y si nunca hubiera denunciado el secuestro de mi hijo, podría seguir viviendo en mi tierra?”, se pregunta Víctor en los momentos de desazón. La historia de la familia Ponce es la de más de 350.000 mexicanos que se han visto obligados a abandonar sus hogares en los últimos quince años por la violencia, siendo Chihuahua uno de los estados con más episodios de desplazamiento forzado interno, aunque las autoridades estatales se empecinen en asegurar que no hay registro de estas víctimas. Un destierro silencioso e invisibilizado.

En su exilio, lo que más remuerde a Víctor es haber hecho algunos negocios con Félix Gandarilla, a la postre verdugo de su familia y actualmente en paradero desconocido. Los Ponce han facilitado información a las instancias judiciales con datos y localización de algunos de los matones de su localidad de origen, pero nunca han hecho ademán de investigarlos.

—Ni gobierno ni justicia tienen interés en capturarlos. Al final traté de desconectarme de todo lo referente al narco, pero todavía me cuentan que el crimen sigue hostigando a grandes productores de la región —asegura—. No quieren que nadie progrese. Cuando ven que una familia empieza a sobresalir y adquirir un cierto nivel económico y social, nos cortan. Les estorbamos. 

Al cuarto de hora de estar por Saucillo, nos rodea despacio una patrulla de la policía municipal y, a los pocos minutos, un turismo color ocre con placas chuecas (irregulares) —comúnmente utilizadas por los cárteles en sus vehículos robados o sin registrar— nos rebasa y reduce tajantemente la velocidad. Detrás nos sigue una camioneta blanca de cristales tintados.

—Nos están marcando el paso —repara espantado el conductor. 

Nos conducen hasta la salida de Saucillo y se detienen en la incorporación a la autopista, indicándonos nuestro camino de regreso. La visita ha terminado para nosotros.

***

En las entrañas de Chihuahua la ley es el narco: controlan quién sale, entra, pernocta, cuándo respiras, por qué estás ahí y, sobre todo, para quién trabajas. Camargo, sometido por el cártel de Sinaloa, apenas cuenta con dos hoteles. La primera noche de estadía, el piloto de una camioneta pasa lentamente grabando con el teléfono móvil mientras ceno en una terraza. A las seis de la mañana del día siguiente, otra todoterreno de cristales oscuros, sin matrícula, se estaciona frente a la entrada del hotel durante más de una hora hasta que nos vamos.

—¿Quiénes son? —pregunto casi retóricamente.

—Los malosos (delincuentes). Ya están averiguando a qué vienes. Pero, si no te metes con ellos, no pasa nada —responde el fixer que me mueve por la zona.

En una de las calles céntricas hay una casa estilo Bauhaus tiroteada y quemada. El pórtico neoclásico, mordido por los balazos, abre paso a un comedor de escombros que ni los sintecho han osado ocupar. En la recámara principal hay un short tejano y salpicaduras de sangre en la pared. Era la residencia de uno de los jefes de plaza. Ningún vecino dice saber su nombre.

Camargo es un lugar estratégico para el narcotráfico por los numerosos senderos útiles para el rápido trasiego de la droga, así como para escapar de algún enfrentamiento. Por sus caminos de terracería suelen transitar ostentosas pick-ups. Tres hombres alrededor de una destartalada Chevrolet negra, con la matrícula tapada, me increpan al verlos desde lejos. En la rotonda de entrada a la ciudad, ornamentada con un enorme faro anhelante de un mar imaginario, hay aparcada todo el día una GMC blanca trucada con barras de acero en la parte trasera. En algunos trayectos nos salen camionetas con sus conductores hablando por walkie-talkie. El seguimiento es más sofocante que el calor del desierto.

***

En una de las huertas de nuez en las inmediaciones de Camargo, su dueño montó una carpa para hacer guardia durante toda la noche junto a su esposa y sus dos hijas pequeñas. Recién comenzará la cosecha y los árboles rebosan nueces, tiempo en que se dispara el robo hormiga del codiciado fruto.

—Los mismos ladrones de la ciudad vienen a saquearnos. No son del crimen, no sabemos quiénes son, pero igual estamos atemorizados —apunta brevemente el productor sin entrar en detalles.

En la parcela de enfrente un par de nogaleros terminan de labrar su terreno y se preparan para su vigilia en la batea de las camionetas. También me piden ocultar su identidad. La semana pasada les robaron cien kilos de nueces, tan sólo agarrándolas de la parte baja de las copas, por valor de 8 mil pesos. 

—Ponemos un velador por la noche y otro durante el día, o le toca a uno quedarse para cuidar. De a pocos, estos robos terminan afectando mucho —se queja uno de ellos.

Se estima que anualmente la usurpación de nuez asciende a las 3.000 toneladas, un 5% de la producción total en Chihuahua. Las pérdidas superan los 250 millones de pesos (unos once millones de euros). En Camargo y Delicias, distritos de pequeños productores, se estilan los hurtos menores de unos cuantos sacos. Sin embargo, en regiones de grandes sembradíos, el crimen organizado ha querido sacar tajada del lucrativo negocio. 

La moda de la nuez por su ‘grasa saludable’ disparó el consumo en Estados Unidos, donde se envía el 80% de la colecta mexicana, y paralelamente proliferaron las plantaciones y su valor de exportación se cuadruplicó en los últimos trece años hasta alcanzar los 15 mil millones de pesos (unos 650 millones de euros). Chihuahua abarca más del 60 % de la producción en todo México, que se aupó entre los principales comercializadores a nivel mundial.

Al menos una veintena de nogaleros chihuahuenses admiten que han sufrido extorsiones, asaltos en sus almacenes y secuestros de familiares a manos del narco —o conocen a alguna víctima cercana—, pero todos rechazan dar su testimonio. Tan sólo uno explica por mensajes de voz distorsionada el modo de operar de los grupos delictivos:

—Se le meten cuarenta hombres armados con cuernos de chivo (fusil AK-47) calibre 50, armas cortas y como cien viejos (hombres) recogiendo nueces y echando arpilla, arpilla… Amarran a los veladores, amarran a los trabajadores y a todos. ‘No te metas si no quieres que te mate aquí mismo’, te dicen. Así es la función. Por eso algunos productores prefieren dar sus cuotas de tres, cuatro o cinco milloncitos para evitarse problemas.

Ante semejante virulencia, de nada sirve poner uno o dos vigilantes armados, cámaras de seguridad o vallado eléctrico. Alguno de los allanamientos ha costado la vida a los serenos. El pánico es superlativo y se agudiza durante los dos meses que dura la colecta. Un funcionario municipal me habla de la irrupción del narco en el negocio nogalero, por supuesto, omitiendo su nombre.

—Los propios malosos ya tienen sus cultivos de nuez. Sí, hay mucho huachicoleo de agua en toda la región, pero no sabemos quienes son los autores. La mayoría no se investiga por la peligrosidad —explica a orillas de un demacrado afluente antes de interrumpir abruptamente la conversación, azorado por la aparición de tres motocicletas desconocidas que comienzan a dar vueltas alrededor nuestro—. Vete de aquí, por tu bien.

***

Hay que llegar hasta la ciudad de Chihuahua, capital del estado, para que alguien salga del anonimato. El presidente del Sistema Producto Nuez, Víctor Loya, participa en un encuentro de nogaleros en cuyo aparcamiento abundan lujosas camionetas con sus respectivos escoltas.

—El asalto con violencia del crimen se ha incrementado en los últimos tres años (a partir de 2017). Les resulta más rentable robarse un camión o una bodega de nueces que una sucursal bancaria, sobre todo porque es un producto imperecedero de fácil comercialización —asevera el representante del gremio.

Las pérdidas por uno de esos saqueos pueden rondar los 20 millones de pesos (cerca de los 100 mil euros). Por ello, a los productores les sale más a cuenta pagar a los cárteles unos 70 mil pesos por proteger a sus camiones de tres ejes:

—Les cobran entre dos y tres pesos por kilo que muevan para garantizar que no van a tener ningún problema en el traslado de la mercancía.

Loya teme que esta práctica, habitual en la región de Jiménez y hacia el sur de Chihuahua, pueda afianzarse por toda la entidad. La usurpación causa daños colaterales como destrozos en los cultivos, enormes gastos en tecnología de seguridad y la caída de precios debido al mercado ilícito. En las esquinas de Villa López y Jiménez era usual encontrar bidones que anunciaban la venta de combustible robado, hasta que AMLO emprendió una cruzada contra el huachicol nada más tomar posesión en diciembre de 2018. Debilitado el contrabando de gasolina, los cárteles encontraron en el lucro nogalero una fuente alternativa de financiamiento.

La ciudad de Chihuahua permite pasar desapercibido y tomar algo de oxígeno entre su millón de habitantes. Lejos quedó aquel conflictivo inicio de década en que estaba prohibido que cuatro hombres viajaran en el mismo vehículo; en que las trocas (camionetas) de los narcos se distinguían por su parachoques torcido hacia adelante por los continuos frenazos en persecuciones; los tiempos en que las jóvenes dejaron de salir a los bares para evitar que un sicario se obsesionase con ellas. Se terminó la extremada tensión y las refriegas diarias, básicamente, porque uno de los cárteles venció al contrario, se aposentó, echó raíces y sus tentáculos penetraron a todos los niveles.

Los funcionarios de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS) tienen que ir escoltados por patrullas policiales a la hora de intervenir alguna toma clandestina de agua. En varios de los operativos de 2019 en el acueducto El Sauz, sesenta kilómetros al norte de Chihuahua, fueron interceptados por convoyes con armas largas. 

—En los recorridos que se hacían por parte del personal de la junta nos tocó gente armada, que llegaban en camionetas y nos expulsaban. A fin de cuentas, el agua en aquella zona del norte de la ciudad se estaba extrayendo ilegalmente para huertas nogaleras —asegura el director de JMAS, Roberto Lara, quien opta por llevarme al acueducto Ojos del Chuviscar, algo más calmado, puesto que el hurto de agua es para uso doméstico.

Pese al menor riesgo, salimos con los primeros rayos del día para pasar lo más inadvertidos posibles y nos acompañan dos agentes en cuatrimotos. En cuanto los operarios terminan de desconectar la manguera irregular y taponan el orificio, la caravana de cinco camionetas oficiales sale de inmediato de esos campos. En El Sauz la pérdida por robo de agua equivale al suministro de seis pozos, un 10% del recurso para la capital del estado. 

—Si el crimen posee cultivos de nogales, necesita agua. Entonces, seguramente también participe en el robo de agua —concluye Lara antes de percatarse de que ya está hablando demasiado.

***

Cada tanto flotan cadáveres en la presa La Boquilla o se descubre alguna fosa común en sus proximidades, pero sobre nada de eso los periodistas de Camargo pueden informar sin morir a balazos.

—Algunas veces nos llaman por teléfono, o por la calle nos avisan de algo que no les gusta. Pero, en general, nosotros mismos ya sabemos lo que se puede publicar y lo que no —asegura un reportero local. 

Para él, la nota principal es un accidente de tráfico, siempre y cuando no involucre a familiares de narcos. Si es así, eso tampoco se puede cubrir. Quienes han tratado de alumbrar el agujero negro informativo han sido callados de la manera más cruel. La periodista Miroslava Breach fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en Chihuahua cuando llevaba a su hijo a la escuela. Había investigado la violación de derechos humanos contra comunidades rarámuri de la sierra Tarahumara y algunos conflictos ambientales, además de crímenes contra mujeres y desapariciones, con el objetivo de desenmarañar la narcopolítica del estado.

A finales de octubre del 2019, hallaron el cadáver de Gustavo Valerio López, de 22 años, influencer de Hidalgo del Parral (esto a una hora de Jiménez). Un mes y medio antes, había empezado a señalar y a subir en Facebook fotografías de supuestos matones de Gente Nueva. En su última publicación lanzaba una alerta a los pobladores de varios municipios de que el brazo armado del cártel de Sinaloa robaría sus cosechas de nuez, especificando el nombre de los nogaleros y la estrategia para saquear su producción en complicidad con la policía.

El 29 de noviembre, acribillaron a Arturo Alba cuando salía de presentar un telediario que incluyó una pieza sobre la inseguridad y la corrupción de las corporaciones policíacas en Chihuahua. Diez días después, esas mismas autoridades aprehendieron a un par de pandilleros adolescentes que aceptaron la autoría del asesinato alegando que lo confundieron con un gatillero rival.

En mayo, secuestraron al empresario nogalero Yamil Kont y días después encontraron su cuerpo en un sendero de Villa López, pese a que su familia pagó los 350 mil pesos de rescate. Los presuntos culpables detenidos eran vecinos de la víctima que improvisaron el rapto para sacar un dinero extra, aunque el caso dejó muchas incógnitas. En 2018, trascendió la noticia de un vigilante asesinado a golpes en una huerta de nuez al sorprender a unos ladrones.

Ninguna de las informaciones sobre el hostigamiento contra nogaleros menciona al crimen organizado. El mundo se fijó en el desierto de Chihuahua en noviembre de 2019, cuando masacraron a tres mujeres y seis niños de una misma familia mormona, los LeBarón, de ascendencia estadounidense. Donald Trump puso el grito en el cielo y ofreció apoyo para una intervención militar, poniendo en entredicho la capacidad de México. 

Los pobladores señalan a los LeBarón, que enarbolan un movimiento por la paz, de robarse grandes cantidades de agua mediante un mercado negro de documentación fraudulenta. Uno de los integrantes del acaudalado clan, Álex, estuvo a cargo de la delegación estatal de la Conagua en los años en que se dio un mercado negro de concesión de títulos.

“No puede ser pacifista quien actúa fuera de la ley. Los LeBarón perforan y desmontan sin permiso Conagua y Semarnat”, protesta un letrero en una carretera del norte de Chihuahua, donde algunas comunidades denuncian que los colonos han excavado pozos ilegales y han ensanchado recientemente sus plantaciones de nogal.

Inicio

Historias

Ciudad de México

Michoacán

Guerrero

Nuevo León

Yucatán

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua