Con el presunto respaldo de un oficio judicial caduco y la protección de policías municipales, una célula del crimen organizado y enviados de un empresario aliado al diputado Napoleón Gómez Urrutia intentaron tomar por la fuerza la mina Soledad Dipolos, en un nuevo capítulo de la lucha de los ejidatarios contra la familia Baillères.

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Kau Sirenio / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – La paz tensa que resguardaba el ejido El Bajío, en el desierto de Sonora, se rompió nuevamente la mañana del 17 de julio. Un convoy conformado por hombres armados, presuntos miembros del crimen organizado, y patrullas de la policía municipal de Caborca, intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones de la mina Soledad Dipolos, un territorio que los ejidatarios defendieron en los tribunales y que ahora es un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación.

El intento de despojo, calificado por los defensores del ejido como una «embestida criminal», revela una alianza perversa que pone al descubierto las redes de poder, crimen y corrupción que giran en torno a una de las minas de oro más codiciadas del país, en un contexto donde la deuda de la empresa minera Fresnillo PLC, de la familia Baillères, supera los 13 mil millones de pesos .

Un camuflaje judicial y un operador criminal

Según el relato de Sergio García Camacho, defensor legal de la comunidad, la incursión del viernes contó con la participación de Octavio Alvídrez, operador de la familia Baillères, y una célula del crimen organizado liderada por un individuo apodado «El Monkey», identificado como jefe de plaza del grupo criminal Los Salazar en Caborca .

«Se apersonaron en las instalaciones de la mina. Al ser interrogados, se escudaron en un oficio de un tribunal laboral para una diligencia que debió realizarse el 30 de junio, es decir, más de 15 días después. No traían actuario, ni representante judicial, solo el papel para camuflar su delito», denunció Camacho en entrevista con Pie de Página.

Junto a los criminales y policías municipales —quienes viajaban en las patrullas con número económico 202 y 183— se encontraba el empresario sonorense Samuel Fraijo Flores. Al ser interrogado por los ejidatarios, Fraijo Flores declaró que traía personal para instalarlo a trabajar en la mina y que el operativo había sido acordado en la Ciudad de México con su «aliado», el diputado federal y líder del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia .

«Este pseudoempresario dijo que traía órdenes de México, que ya lo habían tratado con Napoleón y Octavio Alvídrez para tomar posesión. Incluso mencionó alianzas con el grupo de disidencia de El Bajío conocido como ‘Los Cruz’ y ‘Los Carmelos'», agregó el abogado. La presencia de Fraijo Flores no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón documentado de uso de testaferros y figuras legales para legitimar la ocupación ilegal de tierras .

Un historial de violencia y saqueo

El conflicto por El Bajío no es nuevo. En 2013, 67 familias del ejido demandaron a la minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, por la extracción ilegal de oro y plata de su territorio, una actividad que realizaban con permisos de exploración y sin concesión de explotación. En 2014, el Tribunal Unitario Agrario Número 28 emitió un fallo histórico con 67 sentencias a favor de los campesinos, pero la empresa ha evadido su cumplimiento durante más de una década .

La lucha por la justicia ha tenido un costo altísimo. La defensa del territorio ha costado la vida a tres ejidatarios —Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega—, la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez y la detención arbitraria de otros 12 campesinos.

El hostigamiento también ha llegado desde el aire. Durante los últimos seis años, los ejidatarios han denunciado el sobrevuelo constante de drones sobre sus tierras, una táctica de vigilancia e intimidación que atribuyen a la minera.

Como documentó Ceiba, periodismo con memoria, registros financieros revelan que Fresnillo PLC adquirió esta tecnología de la empresa estadounidense Exyn Technologies, cuyos drones —capaces de volar de forma autónoma en entornos de riesgo— también han sido utilizados por las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza. Esta relación comercial forma parte de una red de proveedores internacionales, como la sueca Epiroc, que facilitan operaciones extractivas vinculadas al despojo y la violencia en países como Australia y el Sáhara Occidental.

A pesar de las 67 sentencias firmes que ordenan el pago de 13 mil 258 millones de pesos por el oro extraído de manera ilegal entre 2005 y 2013, la empresa ha recurrido a amparos para dilatar el proceso, mientras niega la existencia de la deuda ante sus accionistas en la Bolsa de Valores de Londres.

Crimen, política y poder corporativo

La alianza denunciada este viernes muestra la compleja red de intereses que buscan arrebatar el territorio a la comunidad. En 2024, Pie de Página documentó cómo la familia Baillères utilizó a abogados vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero, específicamente a su sobrino José Hemel Quintero, para interponer demandas contra los ejidatarios y tratar de revertir la conversión de sus tierras en un Área Natural Protegida . El uso de grupos delictivos como Los Salazar para amedrentar a las comunidades es una táctica recurrente cuando las vías legales favorecen a los campesinos.

El papel de Napoleón Gómez Urrutia en este entramado también es un hilo conductor. Desde 2020, cuando era senador, su hijo Alejandro ya había intentado sobornar a ejidatarios. Ahora, como diputado federal y líder sindical, se le señala como aliado de los intereses de la familia Baillères para facilitar el despojo. Esta situación contrasta fuertemente con el cierre de la huelga en Cananea, donde Gómez Urrutia celebró un acuerdo con el gobierno y Grupo México, mientras que en El Bajío se le acusa de orquestar el robo de territorio .

La resistencia del Ejido y la defensa del berrendo sonorense

Pese a las amenazas, el acoso con drones y la infiltración de grupos criminales, la comunidad de El Bajío se mantiene en resistencia. Tras la expulsión de la minera en 2020, la asamblea ejidal decidió convertir sus más de 2 mil hectáreas en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación para proteger la rica biodiversidad de la región, incluyendo al berrendo sonorense (Antilocapra americana sonoriensis), una especie en peligro de extinción que encuentra en estas planicies uno de sus últimos refugios.

«Fueron expulsados con palabras, pero estamos en alerta 24/7 todo el año», sentenció García Camacho, quien denunció que el hostigamiento es permanente. La comunidad, que ha visto a sus hijos migrar por la falta de oportunidades, se turna para vigilar el ejido y evitar que los intereses mineros y sus aliados criminales vuelvan a sentar real en su tierra. Mientras la justicia sigue su curso y la deuda millonaria sigue sin pagarse, la lucha en El Bajío se convierte en el símbolo de una batalla mucho más grande: la defensa del territorio, la vida y la justicia frente a un poder que no duda en recurrir a la violencia para mantener sus ganancias.