La mayoría de Morena en el Senado pretende cambiar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, y desterrar la ciudadana en su desempeño. La reforma cancelaría la obligación de la FGR de participar en la búsqueda de personas. A la propuesta se oponen organizaciones civiles con quienes se consensuó el perfil de la primera fiscalía legalmente autónoma en la historia de México

Texto: Alberto Nájar

Foto: Duilio Rodríguez / Archivo

Es uno de los compromisos centrales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo desde el inicio de su gobierno.

“Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, todo lo que humanamente sea posible” para encontrar a las personas desaparecidas.

La frase fue parte de la presentación de la Estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas, el 4 de febrero de 2019.

Más de 22 meses después el mensaje presidencial no parece haberse tomado en cuenta en el partido que fundó AMLO, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La fracción parlamentaria de ese partido en el Senado de la República pretende aprobar una nueva ley orgánica para la Fiscalía General de la República (FGR), que según organizaciones civiles representa un retroceso, un “viaje al pasado” en los avances alcanzados en la administración de justicia en el país.

La iniciativa está firmada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena que ocupan la mayoría de los escaños.

La iniciativa propone cancelar, por ejemplo, la obligación de la FGR de participar en el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), el organismo de la Secretaría de Gobernación para coordinar los esfuerzos gubernamentales en esa tarea.

También aparta a la FGR del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como pretende eliminar al Consejo Ciudadano en el organigrama de la Fiscalía.

La propuesta ha sido cuestionada por organizaciones civiles, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

“Compartimos nuestra inquietud ante la posibilidad que la iniciativa bajo análisis podría poner en riesgo la efectiva implementación de la Ley Orgánica y la oportunidad de culminar el proceso de fortalecimiento que la FGR necesita”, advierte en un comunicado.

La propuesta de ley firmada por Monreal estaba programada para aprobarse este miércoles en las comisiones unidas de Justicia y Asuntos Legislativos del Senado.

Pero ante la presión mediática los senadores decidieron posponer el debate, aunque no cancelaron su intención de cambiar la base legal de la Fiscalía.

Los senadores de Morena buscarían establecer un período extraordinario de sesiones para analizar y aprobar la reforma legal.

En ese proceso contemplan inclusive una eventual comparecencia del fiscal General Alejandro Gertz Manero, para que defienda el texto de la nueva ley orgánica.

La iniciativa pretendió aprobarse un día antes del Día de los Derechos Humanos, establecido por la ONU cada 10 de diciembre.

El propósito legislativo, sin embargo, se ve por muchos como especialmente grave por el contexto actual del país. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, desde 1964 casi 80 mil personas permanecen desaparecidas en México.

Vuelta al pasado

La iniciativa es promovida por el senador Monreal, quien fuera parte  del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 1997, cuando el organismo le negó la candidatura al gobierno de Zacatecas.

Renunció al PRI y a partir de ese momento se convirtió en militante de izquierda, cercano inclusive al actual presidente López Obrador.

Las críticas a su iniciativa tienen varias aristas, como la propuesta para que la FGR deje de tener responsabilidad en la tarea de buscar a las personas desaparecidas.

Lo advierte la Comisión Nacional de Búsqueda en un comunicado. “La propuesta plantea eliminar a la FGR como miembro del SNB”. 

Pretende, además, derogar el artículo 24 de la Ley General en Materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del SNB.

Esto implica derogar los supuestos legales en los que la Fiscalía tiene competencia para investigar la desaparición de personas.

No es todo. La iniciativa de Monreal pretende modificar el artículo 68 de la legislación para cancelar la coordinación de fiscalías y procuradurías estatales en un esfuerzo permanente para buscar a los desaparecidos.

La propuesta del senador es atribuir esa responsabilidad a lo que denomina “autoridades competentes”, sin especificar a cuáles se refiere. 

En resumen, advierte la CNB, la iniciativa de Morena en el Senado “implica la negación del derecho de toda persona a ser buscada y pretenden sustraer a la FGR de las obligaciones constitucionales, convencionales y legales en la búsqueda de las personas desaparecidas”.

Más aún, el espíritu de la iniciativa de Ley Orgánica para la Fiscalía pretende regresar al organismo a tiempos pasados, insiste el organismo de la Segob.

Es decir “una institución vertical y rígida que fragmenta las investigaciones, impide la realización de análisis contextuales, desconoce la atracción de casos de alto impacto, trascendencia y relevancia y desconoce la relación con las instituciones internacionales”.

Las consecuencias

No es la primera vez en este año que la FGR se encuentra en medio de una polémica legislativa.

En enero pasado, por ejemplo, el fiscal Gertz promovió ante el Senado una propuesta para reformar el Código Penal Federal y establecer, entre otras modificaciones, el delito de “homicidio en contra de una mujer”.

La propuesta fue severamente cuestionada por grupos feministas porque, afirmaron, en los hechos implicaba desaparecer el delito de feminicidio.

La FGR aseguró que buscaban calificar todos los asesinatos de mujeres como feminicidios. 

Pero en el fondo, respondieron organizaciones civiles, la modificación legal significaría cancelar los pocos avances en materia de investigación en casos de crímenes de género.

Por ejemplo incluir en los expedientes judiciales el entorno que rodeaba a las víctimas y que pudieron agudizar su condición de vulnerabilidad.

Esto implica una concepción distinta en la forma como deberían investigarse esos delitos, lejana a la concepción tradicional de las fiscalías mexicanas que suelen concentrarse en buscar un autor material.

La consecuencia son expedientes débiles, muchas veces sustentados en confesiones arrancadas bajo tortura y que generalmente terminan en impunidad.

Un modelo criticado durante la campaña del ahora presidente, y es el caso ahora con el intento de modificar la regulación interna de la FGR y, como consecuencia, otras leyes vinculadas.

El caso se complica porque la actual Ley Orgánica de la Fiscalía fue consensuada por el equipo de López Obrador con organizaciones civiles.

Algo que ahora se pretende cambiar, y por eso, entre otras razones, las críticas.

“La nueva propuesta demuestra su total desconocimiento de la realidad que viven las víctimas en México”, advierte el Colectivo contra la impudemia.

“Pareciera que no se han dado cuenta de que no tenemos resultados en términos de investigaciones de gran corrupción, macrocriminalidad y graves violaciones a derechos humanos”.