La evidencia publicada es contundente: la industria alimentaria ha sido y es especialmente activa en el boicot de leyes de etiquetado en América Latina. Las estrategias de  las marcas son instrumentales y discursivas: desde el financiamiento a políticos y la presentación de políticas alternativas hasta la deslegitimación de profesionales de salud e investigadores que apoyan políticas públicas

Texto: Delfina Torres Cabreros  y Gino Viglianco / Bocado

Fotos: Nacho Yuchark

ARGENTINA.- Mélissa Mialon es ingeniera en alimentos, doctora en nutrición y referencia académica mundial en investigaciones sobre la interferencia corporativa en políticas públicas. A lo largo de los años ha investigado las estrategias de los grandes grupos hasta desentrañar con rigurosidad cómo operan. Lobby, influencia en las comunidades, donaciones, financiamiento de eventos y de organizaciones académicas, captura de científicos y profesionales, construcción de “evidencia” a favor de sus objetivos. Ocurre en todo el mundo pero en Latinoamérica, esta tierra prometida para la expansión de sus negocios, “la industria es especialmente agresiva”, asegura Mailon.

—¿Hay evidencia suficiente para afirmar que las corporaciones interfieren con las políticas públicas de salud?

—Sí, hay mucha evidencia en Latinoamérica y también específicamente sobre el tema del etiquetado. Pero es algo global: tenemos evidencia en Francia, en Bélgica, en España, en Italia. También en Australia, donde hice mi doctorado y la industria se oponía a un sistema de rotulado que era voluntario. También tenemos evidencia en Uruguay, en Chile, en Guatemala, en Colombia, donde la industria fue súper agresiva en contra de los modelos de advertencia. 

—¿Cuáles son las estrategias que utilizan para interferir? 

—Hay dos grandes grupos de estrategias: las instrumentales (las acciones de la industria) y las discursivas (sus argumentos). Dentro de las instrumentales, la primera que mencionaría es la de crear grupos de apoyo a la industria. Las empresas conforman grupos de lobby porque tienen más poder cuando están juntas y también apoyan a grupos de la sociedad civil o directamente a las comunidades —a través del deporte o el apoyo a actividades para niños, por ejemplo— para tener su respaldo.

La industria también paga estudios científicos y documentos de distinto tipo para que digan que sus productos son buenos para la salud y que las empresas tienen un rol económico central en la sociedad. Es decir, se utiliza la ciencia con fines políticos. Hay también influencia directa en las políticas públicas mediante el lobby o cuando se sientan a la mesa de decisión junto con los gobiernos, pero también con donaciones a partidos políticos y a personas en el congreso. 

—¿Estas estrategias se asemejan a las que utilizan otras industrias reñidas con la salud pública, como el tabaco o el alcohol? 

—Sí, claro. Con las del tabaco, el juego, el alcohol, las farmacéuticas… porque a un lobbista o  profesional del marketing no le preocupa el producto sino aplicar ese conocimiento que tiene de cómo llegar con su mensaje, hablarle a los políticos, afectar las decisiones que pueden jugar en contra. No se trata de tabaco, alcohol o alimentos sino de prácticas que las corporaciones utilizan cuando están en contra de una norma que amenaza su posición, ya sea en un país o a nivel mundial. 

—¿El modo de accionar de la industria varía según la región? ¿Se ve alguna particularidad en Latinoamérica? 

—En los países de alto ingreso estas estrategias son un poco más transparentes porque los propios gobiernos son más transparentes. Hay registros de lobbistas, topes máximos para las donaciones a los políticos y medidas de ese tipo. La imagen en esos países es más importante para la industria porque la población está un poco más pendiente de la salud. En países de medio o bajo ingreso es más complicado porque no hay tanta transparencia y es más difícil saber lo que la industria está haciendo detrás de puertas cerradas. La diferencia también es que la industria es mucho más agresiva en Latinoamérica. Se ven ataques directos a los defensores de salud pública, por ejemplo en Colombia, y una captura de científicos de la academia que no es tan explícita en otros lados. 

En la Argentina hay casos muy claros de personas que tienen que tomar decisiones en torno a la ley de etiquetado y que provienen justamente de puestos relevantes en la industria. ¿Es algo a lo que hay que prestarle atención? 

Sí, son conflictos de interés y muchas veces cuando se lo denuncia las personas lo toman como un ataque personal, no entienden los problemas de ética y los daños que hacen a la salud de la población. Creen que se limita a un tema de su imagen. Muchas veces ni siquiera registran que cuando reciben dinero o son invitados a comer por una marca es un problema, creen que son independientes a pesar de eso. Es más fácil ver que tus colegas tienen un conflicto de interés que verlo en uno mismo. Además, a veces los lobbistas son parte de la misma clase política. Personas que han crecido en los mismos ambientes y se conocen o van al parque juntos el fin de semana. 

—Uno de los argumentos más frecuentes de la industria es que la ley de etiquetado “demoniza” a los alimentos, cuando la clave sería moderar la ingesta y hacer actividad física. ¿Qué le parece?

—Que son muy inteligentes para cambiar la conversación y capturar conceptos. Nosotros en nutrición y salud pública cuando hablamos de moderación y de balancear la dieta siempre lo pensamos entre opciones que son saludables. Ellos aplican este concepto a los ultraprocesados, pero es diferente: no hay una porción adecuada para productos que te pueden dar cáncer. 

—Cuando pensamos en los ultraprocesados, ¿el problema son los nutrientes críticos que tiene en exceso o también hay que considerar el procesamiento en sí?

—Hay evidencia de que el problema no es sólo los nutrientes sino el nivel de procesamiento de los productos, porque una empresa puede disminuir el nivel de azúcar pero agrega otra cosa para que la textura y el sabor sea igual y muchas veces no sabes qué efecto tiene en el cuerpo. Hace años en Francia se descubrió que la mamadera tenía en el plástico bisfenol, que migra a la leche y hace daño a la salud de los bebés. Entonces la industria cambió por otro plástico, que diez años después entendemos que no es mejor. Eso mismo pasa con los alimentos. Incluso la industria muchas veces sabe que lo que agrega en reemplazo no es mejor, pero como la investigación para probarlo demora diez años lo piensa como diez años más para vender su producto. 

—¿Hay mecanismos para detectar y tratar de neutralizar la interferencia?

—Sí, nosotros compilamos 49 mecanismos diferentes utilizados en distintos países, como registro de lobbistas, limitación de donaciones a políticos o blanqueo de financistas en universidades e investigadores. Son cosas concretas que otros países pueden adoptar. 

*Este reportaje fue producido por la red de periodismo latinoamericano Bocado.lat, aquí puedes leer el especial