A un año de la brutal represión en Xochimilco y Tlalpan, la impunidad persiste. Las colectividades exigen justicia y salen a las calles para recordar que la memoria es una trinchera de lucha contra el olvido y la criminalización del Estado

Por Elizabeth Díaz / Sueña Dignidad

A un año de la represión perpetrada en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan contra defensoras y defensores del territorio, comunidades, activistas y periodistas, las colectividades organizadas regresaron a las calles y espacios comunitarios para exigir justicia, verdad y reparación. La jornada de memoria realizada el 5 de septiembre enfrente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la del 6 —marcha-mitín político en el pueblo de Xochimilco— recordó lo que se ha nombrado ya como el «Halconazo morenista», y que la violencia institucional continúa impune.

Desde aquella brutal represión ocurrida en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, donde compañeras y compañeros fueron víctimas de agresiones, detenciones arbitrarias, tortura —incluso sexual— y criminalización de la protesta. En aquel momento, defensores del territorio, activistas, periodistas y comunidades originarias exigían el cese de la persecución contra el pueblo xochimilca, y otros defensores que les acompañaron fueron criminalizados por su labor. Diferentes colectividades documentaron cómo policías, grupos de choque y autoridades locales actuaron con extrema violencia y abuso de poder.

“No fue un error, fue represión”, afirman con firmeza las colectividades, que a un año mantienen vivas las exigencias: justicia para las víctimas, reparación integral del daño y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

El Estado sigue sin responder

Durante la conmemoración, denunciaron la falta de avances reales en las investigaciones y la continuidad de carpetas abiertas contra las personas que sólo ejercieron su derecho a protestar. La represión no sólo buscó frenar una movilización puntual: fue un intento de desmontar procesos organizativos comunitarios que cuestionan el despojo y la lógica extractivista que domina en la ciudad. A pesar de que existen testimonios, videos, fotografías y documentos que prueban el uso excesivo de la fuerza y los abusos policiales, ningún funcionario ha sido sancionado, y las investigaciones se mantienen prácticamente congeladas.

Mesa con la Fiscalía: no más promesas, quieren justicia

Como parte de las actividades de este 5 de septiembre, representantes de las colectividades sostuvieron una reunión de más de tres horas con Jesús Martínez Roldán, director general de Vinculación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Durante este encuentro, se lograron dos compromisos concretos: la instalación de dos nuevas mesas de trabajo: una para avanzar en el cierre de las carpetas contra las personas injustamente criminalizadas, y otra para destrabar las investigaciones contra funcionarios públicos responsables de la represión. Subrayaron que estos compromisos no son concesiones, sino obligaciones legales y éticas del Estado, y advirtieron que estarán vigilantes para que no se conviertan en simulación.

La memoria es también una trinchera

Fue también una reafirmación de que la memoria es una forma de lucha. En espacios comunitarios y de resistencia, se compartieron testimonios, se realizaron actividades culturales y se reiteró el derecho de los pueblos a organizarse y a defender sus territorios.

“La memoria no es resignación, es dignidad. No olvidamos y no perdonamos, porque lo que ocurrió fue un crimen de Estado. La violencia sexual, la represión, la tortura no pueden ser normalizadas ni olvidadas”, señalaron.

Criminalización como política de gobierno

La represión del 5 de septiembre de 2024 fue parte de un patrón más amplio: la criminalización sistemática de quienes se organizan para defender la vida ante los intereses del mercado y del poder político. Lejos de garantizar derechos, las instituciones operan como engranajes de un modelo de despojo que precariza la vida y persigue a quienes se resisten.

“Ante su violencia y su mal gobierno, que cede al capital y destruye el tejido comunitario, respondemos con organización popular, con solidaridad, con memoria viva”, se escuchó durante las actividades.

Desde Xochimilco, Tlalpan y otras geografías solidarias, la exigencia es clara y se mantiene firme:

¡Ni perdón, ni olvido!
¡Justicia, reparación y libertad para quienes fueron criminalizados!