Para ReverdeSer es positivo el reconocimiento del fracaso de la Iniciativa Mérida y atender el tráfico ilegal de armas. Sin embargo, no es suficiente: aunque el gobierno mexicano -particularmente la Sedena y las policías- es el principal comprador de las armas que importa de Estados Unidos, la falta de transparencia hace difícil identificar al usuario final.

Texto: Adrián Jiménez y Amaya Ordorika* / ReverdeSer

Desde ReverdeSer Colectivo consideramos que la construcción de la tan anhelada “Paz con justicia y dignidad» que activistas, colectivos y organizaciones en México  hemos exigido desde al menos 10 años requiere controlar y reducir el tránsito de armas que ingresan al país. Al igual que en otros temas, creemos firmemente que la mejor manera de alcanzar este objetivo es de la mano con otras organizaciones, por ello, el pasado 12 de octubre nos sumamos a la campaña #PazSinArmas.

En la organización decidimos alzar nuestra voz a través de esta incipiente plataforma colectiva para evidenciar dos puntos que han potenciado este fenómeno en los últimos años. Por un lado, la militarización de la seguridad pública a raíz del inicio de la guerra contra las drogas implementada por el gobierno de Felipe Calderón. Por el otro, la proximidad que tenemos con el principal productor y consumidor de armas del mundo, Estados Unidos.

La Iniciativa Mérida fue uno de los principales mecanismos utilizados para profundizar los aspectos represivos y punitivos de la política de drogas en México. Miles de millones de dólares y, peor aún, cientos de miles de vidas humanas son los costos de un acuerdo que no logró cumplir sus objetivos oficiales de combatir al narcotráfico, la delincuencia organizada y el lavado de dinero. Mientras que nos envolvió en una espiral de violencia cuyos impactos son incontables y nos tomará décadas revertir. 

Consideramos sumamente positivo que el gobierno de México haya entrado recientemente a las negociaciones del Entendimiento Bicentenario reconociendo los fracasos de la Iniciativa Mérida. El cambio en la relación entre ambos países a partir de este nuevo acuerdo necesita acompañarse de la aceptación de que el envío de armas a México con el objetivo de sostener la guerra contra las drogas debe quedarse en el pasado.

Es alentador que la información publicada sobre este acuerdo indique que se centrará en atender las causas sociales de la violencia, establecer objetivos encaminados al bienestar social, la justicia, la salud pública y la disminución de la violencia para evaluar su éxito y abrirá la puerta a diseñar e implementar políticas de drogas basadas en el respeto a los derechos humanos. Asimismo, aplaudimos que se presente la reducción del tráfico de armas como parte del Objetivo II.

No obstante, atender el tráfico ilegal de armas no es suficiente. Como muestra el informe “Armas invisibles, dolor permanente” -elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Stop US Arms to México y el Centro de Estudios Ecuménicos-, Estados Unidos provee el 80% de las armas que llegan a México. Asimismo, el gobierno mexicano -particularmente la SEDENA y las policías- es el principal comprador de estas  armas. Sin embargo, debido a la falta de transparencia es difícil identificar al usuario final.

Por su parte, la violencia ejercida con armas de fuego también debe observarse con un enfoque de género. El informe “Violencia de género con armas de fuego en México” elaborado por Intersecta Organización para la Igualdad, Data Cívica, Equis Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos, encuentra que en el país la violencia letal contra mujeres y la diversidad de identidades de género ha aumentado al señalar lo siguiente: 

“Las víctimas y sus familias eran atravesadas por una multiplicidad de circunstancias que, debido a la discriminación y los sistemas de opresión que todavía persisten en nuestra sociedad, representan mayor riesgo de convertirse en sujetos de agresiones, adicionalmente al contexto mexicano en el que se identifica una amplia disponibilidad de armas y violencia armada.”

Por eso, nos sumamos a los exhortos presentados a través de la campaña #PazSinArmas con el objetivo de impulsar sistemas de controles de armas que se apliquen a la importación legal de armas, que permitan conocer a la persona usuaria final del arma y el uso que le da, evitar que lleguen armas a unidades de las fuerzas del orden -civiles y militares- que hayan cometido violaciones a derechos humanos, que contemple mecanismos de transparencia y el reconocimiento del efecto diferenciado que hay en cuanto al género y la violencia armada.

A la par, consideramos fundamental que este nuevo acuerdo debe dejar atrás la estrategia de guerra contra las drogas y nos encamine a que los Estados de ambas naciones asuman su responsabilidad de regular las plantas y sustancias psicoactivas desde un enfoque de derechos humanos, salud pública, justicia social y justicia transicional. 

La construcción de paz con justicia y dignidad en México no tendrá una solución mágica ni única. Este camino requerirá sumar elementos claves para poder avanzar hacia un mejor futuro. Uno de ellos es que los Estados deben asumir su obligación de regular los mercados -de armas, de drogas y todos los demás- priorizando el bienestar social y la garantía de derechos. 

*Integrantes de ReverdeSer Colectivo.